Por Alfredo Nobre Leite
Villa Ballester, 5
de junio de 2013.
Señor Director:
El ministro de Interior y Transporte, Florencia Randazzo, anunció la
rescisión del contrato de concesión (confiscación violatoria del derecho de
propiedad) de dos ramales de carga que explota la empresa brasileña América
Latina Logística (ALL) con un extensión 8.000 kilómetros, uno de los cuales une
Mendoza y San Juan, atravesando San Luis y Córdoba para luego pasar por Rosario
y desembocar en Buenos Aires; y el otro, las provincias de Misiones, Corrientes
y Entre Ríos, en el noreste del país, y llega a Paraguay, Uruguay y a la vez
empalma con la red ferroviaria de ALL a Brasil, transportando 5 millones de
toneladas anuales de carga. La compañía que las había comprado en el año 1998,
amenaza con entablar juicio al Estado, sosteniendo que desconoce "los
fundamentos concretos de la decisión informada por el Ministerio de Interior y
Transporte mediante la cual se habría dispuesto la rescisión de los contratos
de concesión ferroviaria de los que es titular la empresa. Una vez conocidos y
analizados esos fundamentos ALL adoptará las acciones legales que correspondan".
La otra supuesta estatización, incumpliendo
el artículo 17 de la Constitución Nacional que dice: "La expropiación por
causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente
indemnizada", es el Tren de la Costa -que parte del partido de Vicente
López llegando al de Tigre- y parte de los terrenos -alrededor del 15%- sobre
los que se levanta el Parque de la Costa, dos emprendimientos operados por la
Sociedad Comercial del Plata (SCP), grupo perteneciente al empresario Santiago Soldati; a pesar de que la
empresa estaba negociando con la Secretaría de Transporte la entrega voluntaria
de la concesión del tren.
Respecto del Parque
de la Costa, se entra en conflicto con el Municipio de Tigre -¿por razones
políticas?- ya que el 85% del predio es un terreno de propiedad privada fuera
de la concesión, y sólo el 15% está en terreno concesionado. Pareciera que lo
que se intenta es instalar otro Tecnóplis en pleno territorio del intendente Sergio Massa.
A lo consignado, no
hay que perder de vista que a fines de mayo pasado el Gobierno nacional
reestatizó por el decreto 566/2013 el Belgrano Cargas, concesionado a Emepa, Benito Roggio y los gremios Unión
Ferroviaria, La Fraternidad y Camioneros, con un red de 10.800 kilómetros de
vías, de los cuales sólo 400 están en buenas condiciones (por lo cual habría
que ponerlos en valor cambiando balastro, durmientes, vías, señales y adquirir
nuevos vagones -solamente 2.500 de 5.500 estaban en servicio-, que implica una
gran inversión de la cual se carece). Ante esta aventura estatista -emulando
los desatinos del finado presidente venezolano Hugo Chávez), hay que preguntarse con qué recursos cuenta el país,
por haber secado todas las fuentes internas de financiamiento -con los mercados
voluntarios de crédito externos cerrados para la Argentina que sigue en
default-, apropiándose de las reservas internacionales del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) para pagar los servicios de la deuda y gastos
generales, las que se caen en picada -US$38.562 millones al 4/6-, a cambio de
vales que se renuevan-, que restando las letras del BCRA Lebac, Nobac y pases
pasivos, las reservas de libre disponibilidad pasaron a mejor vida, debilitando
el patrimonio del Ente Regulador; que apenas cubren el 50% (o menos) de la base
monetaria.
Del mismo modo, el
Gobierno se ha apoderado de los recursos del "Fondo de Garantía de
Sustentabilidad" del sistema, previsional, a cambio de vales, para
financiar el gasto público exorbitante, y también de los de PAMI, que dejaron
de cumplir con la sustentabilidad del sistema previsional y sanitario para sus
supuestos "beneficiarios".
Deplorablemente, la
administración kirchnerista se ha embarcado en un camino sin salida al
confiscar el 51% del paquete accionario de YPF (que no consigue inversiones
para explotar los combustibles no convencionales en Vaca Muerta, Neuquén), de
propiedad de Repsol, negándose a indemnizarlos, y se ha cebado con estas
supuestas expropiaciones violando derechos de propiedad ajenos, que lleva a
nuestro país a un mayor aislamiento del mundo, pues esas
"genialidades" cada vez alejan más las inversiones necesarias para
reactivar la economía, que ha entrado en una estanflación -estancamiento con
inflación-.
¿Con qué piensa
indemnizar a los concesionarios de los ferrocarriles confiscados; con los 4.000
millones de dólares que creen recaudar con la ley de Blanqueo de capitales
espurios de la droga, contrabando, corrupción, trata de blancas y prostitución?
El quid de la
cuestión, es si la presidente Cristina
Fernández de Kirchner es consciente de los desastres que está cometiendo,
del mal que causa a la Nación, que deriva necesariamente en atraso, mayor
desocupación y pobreza, que según un informe del Observatorio Social de la
Universidad Católica Argentina (UCA), alcanza el 38,8% de la población (es
decir, 15.520.000 personas, que son carne de cañón del clientelismo electoral).
Todo lo cual, será
una pesada lápida sobre las espaldas de los contribuyentes exangües por una
presión fiscal inédita superior al 40%.
Con cordiales
saludos,
Alfredo Nobre Leite
mindelogatas@hotamil.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los mensajes son moderados antes de su publicación. No se publican improperios. Escriba con respeto, aunque disienta, y será publicado y respondido su comentario. Modérese Usted mismo, y su aporte será publicado.