Por Carlos Manuel Acuña
Todo indica que siempre existió
en la intimidad del kirchnerismo pero que adquirió intensidad a medida que
avanza el fracaso. Primero fueron hechos aislados que en su origen, años atrás,
apenas insinuaron una tendencia, después otras señales más firmes comenzaron a
tomar cuerpo a medida que avanzaba la corrupción que al comienzo se intentó
disimular. Después llegaron las primeras versiones desde Santa Cruz, los
negocios pesqueros, inmobiliarios y los compromisos secretos. El primer gran
escándalo fue el dinero de las regalías petrolíferas, un tema aún no resuelto
pero que habría dejado un interesante saldo de millones de dólares depositados
en el exterior. Más tarde, apareció la primera gran crisis con la decisión del
gobernador Sergio Acevedo -cargo al
que llegó después de dejar la titularidad de la SIDE- de renunciar al puesto y
refugiarse en su ciudad natal, Caleta Olivia, para no complicarse con los
negocios extraños y el autoritarismo que asomaba. La política adquirió un sesgo
comercial y se desvirtuó en su esencia. A partir de entonces los rumores
crecieron y se instalaron con firmeza en el escenario político; surgieron
testimonios registrables y una convicción se instaló en la vida cotidiana:
lejos de limitarse, ese autoritarismo se hizo evidente y ahora es imparable. Así
nació el miedo.
A partir del jueves 13 algo se
quebró y surgió el primer freno que derivó en la desesperación del oficialismo.
Cristina disminuyó su exposición pública y sus principales colaboradores
temieron por las formas aceptables de una continuidad en el poder. La
Presidente mostraba los alcances de una enfermedad progresiva y se hizo
imposible ocultar la verdad. No obstante, el proyecto de reformar la
Constitución Nacional no se abandonó y se instalaron los esfuerzos por encontrar
un rumbo hacia lo imposible: la reelección. En el camino crecieron las
dificultades económicas: sin liquidez no hay subsidios y sin subsidios no habrá
votos. Entones lo ideológico adquirió más fuerza todavía y se volcó hacia la
reforma del Código Civil y allí, con sutileza, se encontró la posibilidad de la
última gran caja que existe en la sociedad argentina: los dólares que están en
manos privadas como refugio de los ciudadanos que trabajan y forman esa clase
media que llenó las plazas y ciudades del país en señal de protesta y reclamos.
El gobierno calcula que esos
ahorros alcanzarían la suma de 200 mil millones de dólares, un verdadero sueño
económico que desvela al kirchnerismo. El cristinismo se contentaría con menos
y puso la mirada en las aproximadamente 700 mil cajas de seguridad que
custodian los bancos. ¿Cómo hacerse del ansiado contenido...? Cerradas las vías
de la libertad en el manejo de las divisas, el objetivo kirchnerista quiere
salir del paso como sea. El cepo no alcanza y la AFIP, el instrumento para
presionar, mira hacia los cuatro costados para encontrar falencias presuntas,
verdaderas o inventadas y no duda en intervenir la vida íntima de aquellos
argentinos sospechados de haberse refugiado en divisas fuertes para evitar la
bancarrota o que se esfumen los esfuerzos de toda una vida. Así, cinco
artículos del proyecto de reforma del Código Civil que discute el Congreso,
tiene a partir del numerado 1413, cinco artículos específicos que regulan el
uso de las cajas de seguridad.
Es aquí donde surgen las dudas
que ayer alimentó el propio presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti. Los bancos no serán
responsables de "los casos fortuitos externos a su actividad" y en
consecuencia, queda abierta la ruta para cualquier interpretación que permita
la apertura forzada de las cajas de sus clientes. Estas, tienen un status
jurídico similar al del domicilio particular pero la frase de marras no
determina en modo alguno cual podría ser "el caso fortuito" que surja
con posterioridad a la firma de los contratos de alquiler. Además, se obligará
a los clientes que dejen registrado en un acta pública ante escribano, el
contenido que dejan en custodia. La suspicacia indica varias posibilidades: por
ejemplo, que la legislación establezca que cuando llegue el momento de ordenar
una apertura forzada, no haya coincidencia entre el contenido y el acta. La
diferencia podría ser motivo de incautación. Nada se dice acerca de cómo será
el manejo de aquellos que deban concurrir cotidianamente a sus cajas por
razones de trabajo ni cual será el criterio burocrático que admita los
controles, pero lo cierto es que la libertad de manejar, controlar y
administrar sus bienes, quedará supeditada a la voluntad del funcionario de
turno. La libertad se transforma, así, en una entelequia similar a la que está
ausente en Cuba. No se trata de un juego de palabras. Se trata, nada más y nada
menos, de la posibilidad de hacer lo que uno quiera con su dinero e inversiones
legítimas. En pocas palabras, hablamos de todas las formas que posee esa
libertad que todavía custodia la actual Constitución.
