En la foto: Una investigación penal compromete a la procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo.
NULA INVESTIGACIÓN
La Procuradora recibió varias denuncias por la “posible comisión de delitos” contra el Fiscal a cargo de una Unidad Funcional de Instrucción de Lomas de Zamora, Lorenzo Latorre, quien no fue procesado a pesar de ser el único responsable. Según una agencia informativa platense, se probó que Falbo tenía en su escritorio la causa, y que no se “investigó profundamente”.
La causa se inició por el desmantelamiento de unos 130 automotores secuestrados que se encontraban secuestrados en la calle Salta al 490 de Lanús, muchos de los cuales eran robados y transferidos a otros titulares. Tales vehículos se encontraban bajo la exclusiva custodia y responsabilidad del Fiscal Latorre, mientras que el Fisco no realizaba pericias del caso y la devolución inmediata de los vehículos a sus propietarios.
Las denuncias son del año 2004 en adelante, en tanto que Falbo tuvo tiempo suficiente de llevar a proceso a los fiscales cuestionados. La Procuradora no lo hizo así, a la vez que inició una acción penal contra un fiscal de Lomas, que debió anotar un “pedido de secuestro” a los automotores que habían sido robados del depósito fiscal.
Falbo jamás mencionó a Latorre, principal responsable, junto a las dos fiscales adjuntas, quienes renunciaron a sus cargos tras el procesamiento de personas que mantenía en sus depósitos rezagos adquiridos en públicas subastas de la fiscalía de Estado, a los que jamás se les levantó el pedido de secuestro que tenían anotado desde antes de ingresar a los depósitos fiscales.
REMATES LEGALES
Lo cierto es que el organismo subastante debió levantar todos los secuestros, debido a que iban a ser rematados y puestos en manos de sus compradores. Ese pedido de secuestro activo, llevó a que los adquirentes en subastas se encuentren con procesos penales abiertos por el solo hecho de haber adquirido un rezago para su posterior venta como partes.
Los funcionarios de la fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires se escudan en la Ley Orgánica 7543/69, que sufrió modificaciones en su texto en lo concerniente a que “todos los automotores que se encontraban secuestrados en dependencias policiales o de terceros, se consideran 1) Remitidos al organismo, 2) Autorizada su subasta y 3) Levantado todo pedido de secuestro que pese sobre el mismo”.
El día 3 de abril de 2002 se realizaron allanamientos, ordenados por el juzgado de Garantías Número 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Maffucci Moore, quien ordenó “secuestrar todos los automotores de manifiesta procedencia ilícita o (que) estén a nombre de alguno de los imputados en la causa número 4278”.
Dicha diligencia fue llevada a cabo por el fiscal Latorre, quien -guiado por el comisario Montecchiari y el oficial Stainnekker (ambos procesados y exonerados de la fuerza por cobrar coimas a cambio de no judicializar causas armadas)- detuvo a más de cincuenta personas y procedió al secuestro de más de 120 automotores, depositados en un predio privado en calle Salta 490 de Lanús.
“NO HA LUGAR”
Unos cuatro años más tarde el sr. Alberto Valenti, tras presentar decenas de escritos solicitando se reintegren los cuatro vehículos secuestrados en forma “ilegal”, logró que el juez de la causa ordene al fiscal Latorre haga entrega inmediata de los vehículos en cuestión. La respuesta a la orden del juez, fue simple: “No ha lugar”.
Ello motivó que el suscripto anoticiara el juez, quien ordenó se abra una nueva IPP (causa penal) a fin de investigar la posible comisión del delito de acción pública de desobediencia, incumplimientos de los deberes de funcionario público y encubrimiento, dando origen a la IPP 536.102. Curiosamente, la fiscal a cargo de esa investigación no hizo otra cosa que pasársela a Latorre (primer imputado) para que este la archive.
El 7 de diciembre de 2004, Valenti formuló la denuncia por la desaparición de un Peugeot 206, una Kawasaki 1100, un cuatriciclo Honda 300, y el desmantelamiento de un Land Rover Freelander de su propiedad. Esto dio lugar a la formación de la IPP 562.002 con fecha 21 de diciembre del mismo año.
ARCHÍVESE
Sin embargo, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 15 archivó la IPP 536.102, destinada a investigar la eventual responsabilidad penal de su colega Latorre por los delitos penados en los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal. Lo mismo ocurrió con la otra IPP 562.002, por la que se debe investigar la desaparición de autopartes y vehículos depositados en calidad de secuestro, que debía comenzar a investigar a Latorre, en referencia al escrito de fecha 27 de enero de 2005.
Mediante un escrito del 14 de abril de 2006, se puso en conocimiento de la procuradora General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, la gravedad de los hecho ocurridos en Lomas de Zamora. Sin embargo, la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, no resolvió nada al respecto.
Asimismo, con la aparición del cuatriciclo en poder de un supuesto comprador, Valenti procedió a instar la recuperación del mismo, iniciando una nueva causa penal, en la que se ordenó la devolución del vehículo a su persona. De tal modo se iniciaron acciones penales en contra de un fiscal que no era Latorre, que tenía simplemente la obligación de anotar pedido de secuestro a los vehículos desaparecidos del predio, a cargo de la segura custodia de Latorre, y que no lo había hecho, debido a que esperó tres años a que Latorre le envíe un listado con las codificaciones y el detalle de los automotores faltantes del depósito de Salta 490 de Lanús, lo que Latorre jamás hizo.
Valenti debió aclarar en esa IPP iniciada a otro fiscal que no tuvo responsabilidad alguna, sino que el único culpable era Latorre por no responder al pedido del detalle de los elementos faltantes que era de su exclusiva responsabilidad. La Procuración de la Corte procesó a un fiscal penal que no era Latorre.
En este caso, se trata de automotores y rezagos, procedentes de causas penales, muchísimos de ellos sin identificaciones de motor y chasis, lo que resultaba, a todas luces, jugoso para los comerciantes del ramo repuestero, por carecer de numeraciones que los identifiquen, según informó en dos artículos la agencia noticiosa Realpolitik.
OTRA DENUNCIA
El Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata, encargado de llevar adelante el juicio por el caso de los 600.000 pesos que faltaron de la Curaduría de Alienados, analiza un pedido de la defensa del único imputado en la causa para que sea citada como testigo del debate la procuradora general de la Provincia, María del Carmen Falbo junto con el subprocurador bonaerense, Ángel De Olivera.
El caso tiene como único acusado a Juan Carlos Fortuny (h), quien es empleado de la Curaduría, que confesó haberse llevado esa elevada suma para pagar una presunta extorsión, intentando obtener más dinero haciendo apuestas en el casino flotante.
La defensa del imputado, a cargo de los doctores Carlos Irisarri, Flavio Gliemmo y Juan Losinno, solicitaron en la presentación para proponer la prueba que se incluirá en el debate oral, que se citen peritos de la Asesoría Pericial y de parte, para que dictaminen sobre si Fortuny es o no inimputable, por padecer de ludopatía.
En esta causa estaban procesados, pero fueron sobreseídos el ex titular de la Curaduría, Ricardo Sotes, que había sido desplazado de su cargo provisoriamente en abril de 2005, cuando salió a la luz éste caso; y el por entonces jefe inmediato de Fortuny, el contador Daniel Serpa.
La defensa de Fortuny también pidió que Sotes sea convocado a declarar en el juicio como testigo, al igual que los doctores Falbo y De Olivera, de quienes depende la Curaduría.
Juan Carlos Fortuny (h) será juzgado por robar 600 mil pesos y gastarlos en apuestas. Sus abogados quieren que Falbo declare “sin perjuicio de relevarla durante el debate de su juramento para impulsar su procesamiento”, según publica el diario Hoy. La Defensa plantea que “si Fortuny sacó semejante cantidad de dinero, es porque fallaron los controles de quienes estaban a cargo de la Curaduría, lo que implicaría el delito de malversación culposa”, apuntando por ello a la Procuradora Falbo.
El juez de Garantías Néstor De Aspro que elevó la causa a juicio, fue el primero que advirtió sobre las fallas en el control de la Procuración: “El conocimiento del hecho investigado surgió por la confesión de Fortuny, quien además dijo que había actuado solo, y no por procedimientos realizados por la subsecretaría de Administración de la Procuración General de quien dependen las curadurías, ni por los jueces naturales bajo cuyo control se encontraban los incapaces”.
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