El Diputado nacional Juan Pedro Tunessi (UCR-Buenos Aires) presentó un proyecto por el cual solicita al Poder Ejecutivo que brinde información detallado sobre el alojamiento de menores en instituciones públicas.
“El propósito es poder conocer cual es la situación en la que se encuentran los menores alojados en instituciones en virtud de una decisión judicial. Es indispensable conocer cuáles son las condiciones en las que se encuentran los menores institucionalizados, y si hay una adecuada diferenciación entre los niños que se encuentran alojados por causas asistenciales, de aquellos que lo están como consecuencia de haber infringido la ley”, explicó Tunessi.
Según la solicitud del diputado, el Gobierno deberá entregar el listado de instituciones públicas y privadas donde se encuentren alojados niños, niñas y adolescentes en virtud de resolución judicial. Indicar la provincia y la localidad de cada una de estas instituciones; deberá también informar qué capacidad de alojamiento tiene cada una de esas instituciones y la cantidad de niños, niñas y adolescentes alojados en dichas instituciones en virtud de una resolución judicial dictada en proceso penal, discriminados por tribunal de origen, sexo, franja etaria, sanción impuesta y fecha de cumplimiento conforme el computo judicialmente aprobado.
También deberá informar el Gobierno si dentro de alguna de las instituciones se encuentran alojados compartiendo un mismo ámbito niños, niñas y adolescentes restringidos o privados de la libertad como consecuencias de medidas impuestas en un proceso penal, y niños alojados por razones de índole asistencial. En su caso, establecimientos y responsables que autorizaron esos alojamientos; si en dichas instituciones se encuentran alojados en un mismo espacio niños, niñas y adolescentes con prisión preventiva, y personas con condena firme y en su caso, funcionario que lo haya dispuesto; y si en alguna de las instituciones se encuentran alojados en un mismo espacio niños, niñas y adolescentes con personas mayores de edad. En caso afirmativo detallar nomina de las instituciones y funcionarios que haya dispuesto esa situación.
Otros puntos a contestar por el Gobierno son: si los niños, niñas y adolescentes reciben asistencia psicológica, y qué cantidad de profesionales destinados a tal efecto hay en esas instituciones; cómo es el régimen de visitas de cada una de dichas instituciones; de qué dependencias, organismos públicos y/o área dependen las instituciones; el monto mensual que invierte el estado por cada niño, niña y adolescente institucionalizado; si existen estadísticas sobre la cantidad de delitos cometidos por menores de 18 años de edad; y qué tiempo promedio de permanencia de los niños, niñas y adolescentes en dichas instituciones.
“Para poder llevar a cabo serias políticas de Estado es imprescindible contar con información fidedigna sobre la realidad a la que asistimos. Al igual que la prescripción de medicamentos debe obedecer siempre a un diagnostico basado en una serie de estudios que confirmen los síntomas del paciente, los caminos para combatir los males que aquejan a la sociedad deben fundamentarse en un minucioso estudio de los sucesos diarios”, señaló Tunessi.
“Claro está, que la simple observación de la realidad nos brinda un alarmante panorama de los acontecimientos a los que somos testigos, y más evidente es esa realidad cuando se encuentra confirmada por auditorias internacionales, como lo es el informe realizado por el Comité de los Derechos del Niño sobre el cumplimiento del Estado argentino de la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, finalizó.
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