La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia emitieron un comunicado en el cual informan de una denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación hechos ilícitos y un “estado aberrante de discriminación e ilegalidad” en diferentes tribunales del país que ocasionan mil presos políticos, la muerte de más de un centenar de ellos, así como la comisión de delitos que implicarían homicidio, tentativa de homicidio y tormentos.
A continuación transcribimos el comunicado:
Alberto Solanet y Mariano Gradín, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, se han presentado ante la Corte Suprema de la Nación para denunciar “ilícitos” y un “estado aberrante de discriminación e ilegalidad” que en diferentes tribunales del país han determinado la existencia de mil presos políticos y la muerte de más de un centenar de personas en esa situación, acusadas de delitos denominados de “lesa humanidad”, la mayoría de ellas sin condenas.
En virtud de los hechos que relatan, los abogados de la Asociación denuncian a los Jueces involucrados “por delitos que podrían ir desde el homicidio, tentativa de homicidio, lesiones, abandono de personas, tormentos, sevicias, prevaricato, incumplimiento de los deberes del funcionario público, denegación y retardo de justicia, hasta la violación del cuidado de sus presos conforme la manda del artículo 18 de la Constitución Nacional (arts. 79, 92, 106, 144 bis Inc 1°, 248, 269 y 273 del Código Penal)”.
Las arbitrariedades aludidas, señalan en su presentación, “lejos de haber disminuido, se han acrecentado y multiplicado con el correr del tiempo, y extendido a lo largo y ancho del país, generando una situación de asombrosa ilegalidad, de discriminación y desigualdad ante la ley, y de violación de los derechos humanos dirigida exclusivamente a un sector de la población, cometida o consentida por Jueces de la Nación en los diversos procesos que tienen a su cargo”.
Esos hechos, informan, “importan la verificación de la muerte en cautiverio de aproximadamente 118 personas sometidas a esta clase de procesos, la enorme mayoría sin condena judicial, así como reiteradas vejaciones inconcebibles con la vigencia de leyes y tradiciones judiciales argentinas, respetuosas de los derechos humanos, constituyen una estadística vergonzosa que no tiene precedentes en la historia de la justicia federal de nuestro país. Lo que está aconteciendo evidencia una ausencia específica de garantías individuales que se manifiesta exclusivamente en una clase de procesos y respecto de una determinada franja de ciudadanos, lo cual revela una situación de discriminación e ilegalidad que, por revestir un caso de extrema gravedad institucional, corresponde que sea remediada por el máximo Tribunal del país”.
La presentación evoca posturas sustentadas por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, quien “clarifica el tema de la detención domiciliaria, cuando se refiere al sentido que en la exégesis penal debe darse a la normas que otorgan un beneficio al encausado”. Al respecto dice este autor que nadie podrá dudar que estamos ante un “beneficio”. En consecuencia, cuando se hallan reunidos los requisitos para el mismo (en el caso que el beneficiario sea mayor de setenta años), “tiene derecho a reclamarlo y el tribunal tiene el deber de acordarlo”.-
Lo contrario -agrega- implicaría sacar al beneficio “del ámbito de los actos judiciales y remitirlo a la categoría de un acto político, es decir, del uso de una facultad casi arbitraria del tribunal, que asimilaría su naturaleza a la de la gracia o perdón”.
La gravísima denuncia está ahora a consideración del Alto Tribunal, al que se reclaman medidas.
Mariano Gradin Alberto Solanet
Secretario Presidente
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