SOTERRAMIENTO DEL SARMIENTO: UNA DÉCADA DE FALSAS PROMESAS

 

Por Omar Martínez
oem@fibertel.com.ar

A pesar de los cuatro actos oficiales desde el 2006 al 2008, destinados a promover acciones de gobierno, tal es el caso del soterramiento del Sarmiento, no son mas que el fiel reflejo del marketing político con el fin de obtener votos en sus campañas, no dudan en mentir a una sociedad hartada que ya descree de los anuncios  a los que estamos acostumbrados y escuchamos casi a diario, apoyados en una falsa cartelería en los principales pasos a nivel donde se anuncia la obra.

Cabe recordar que el 23 de enero de 2008 la presidenta Cristina Fernández anunció en Casa de Gobierno la adjudicación del Corredor Ferroviario Caballito-Ciudadela al Consorcio Nuevo Sarmiento, integrado por IECSA, Ghella, Odebrecht y Comsa.

En diciembre de ese mismo año, fui invitado a concurrir a la quinta presidencial a dar oídos  al anuncio de ese proyecto y resolví no asistir porque pude vislumbrar a tiempo que se trataba de otra de las falsas promesas oficiales, y desgraciadamente el tiempo me dio la razón.

Hoy debemos lamentar las víctimas por el accidente provocado en la Estación Once, por la exclusiva falta de decisión política, los que seguirán ocurriendo si nos siguen mintiendo descaradamente con la complacencia de un Estado que tuvo el tiempo y los recursos mas que suficientes para emprender dicha obra por lo que se hubiera evitado esta tragedia.

No es posible que hayan pasado tantos años y han prometido obras que no se han cumplido.

El soterramiento del Sarmiento es una obra pendiente de Nación. Los pasos a nivel son un peligro latente hace años. Mejorar significa hacer obras.

MUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (¿EL SERVICIO EN NUESTRAS MANOS?)

Por Roberto F. Bertossi [1]

Muchos municipios están considerando -o ya han resuelto-asumir y participar directamente en la gestión de servicios públicos.

En materia de servicios públicos, pendularmente, venimos oscilando entre monopolios estatales, desregulaciones, privatizaciones y ahora, ante `la recidiva administrativa´ -de corruptelas, ineficiencia e inoperancia de empresas privatizadoras y de los organismos de regulación y control-, por descarte, podríamos recaer en gestiones estatales locales inapropiadas e incompetentes.

Por eso cuadra advertir que de concretarse las mismas, no deben ser reactivas, compulsivas ni espasmódicas; sin proyecto, sin profesionalización de la gestión, sin infraestructuras apropiadas, sin un plan director y de negocios puesto que, entonces, mediante el recurso `in extremis´ de la municipalización, sin la seguridad y especialidad imprescindibles, nos estaríamos asegurando la `crónica de nuevos fracasos anunciados´, con daños y perjuicios irreparables.

Una antigua tradición filosófica coloca a los “fines públicos” en una jerarquía ética superior a los “intereses privados” tal como si aquéllos se identificasen con la virtud de la equidad y el bien común en tanto éstos, con egoísmos, especulaciones y lucros reñidos con elementales desarrollos y satisfacciones humanas.

El bien común y el interés general son el fin y el límite de toda versión estatal, de todo esquema o metodología adoptada para la prestación de servicios públicos, razón por la cual, seria saludable y preventivo, conocer en todos y cada uno de los casos, la suerte corrida por usuarios y consumidores en toda esa `cadencia pendular´, la probidad y responsabilidad confirmada –o no- de concesionarios privados anteriores (inversiones, programas de expansión, planes de contingencias, tarifas justas y razonables, servicios de calidad, eficiencia y confiabilidad), las responsabilidades intransferibles del ente o agencia de regulación y control de que se trate como las del propio estado municipal concedente en su oportunidad respecto a la racional elección, vigilancia y eventual indemnización de cada permisionario o concesionario que, a juicio de la realidad o del estado municipal, no estuvo a la altura de las circunstancias.

Esto claro, sin perjuicio de las responsabilidades propias, funcionales y personales del poder ejecutivo, del concejo deliberante y del tribunal de cuentas local para impedir y condenar definitivamente nuevos desmedros en el patrimonio, confianza y legitimidad inherentes a cada vecino-ciudadano-usuario-consumidor pero, fundamentalmente, contribuyente; un contribuyente que ya, en su indefensión como en su recurrente y frecuente resignación sin alternativa, ha decidido no librar más `cheques en blanco´, definitivamente.

Así las cosas y, ante comprobadas `perfomance´ estatales y del mercado conocidas (y padecidas), parece ser nomás -atento su eficiente y útil desempeño secular verificado y verificable- que sólo auténticas opciones asociativas cooperativas podrían garantizarnos servicios públicos urbanos y rurales locales `en nuestras manos´ y, consecuentemente, calidad, eficiencia, tarifas justas, razonables, solidarias; buen trato y confiabilidad, todo ello a partir de una vívida autonomía e independencia propia y característica de su autogestión y `autorregulación´ inclusivas.

[1] Experto de la CONEAU.