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miércoles, 16 de noviembre de 2011

ARGENTINA NO TIENE POLÍTICA INMIGRATORIA



En la Argentina no se ve que política migratoria, ya han dejado de ser los países limítrofes la mayor fuente de inmigrantes,  para expandir la migración de Latinoamérica hacia estas tierras.
DE ESPAÑA
Mientras tanto, en España hay un índice del 22% de desempleo, y los españoles eligen como destino Latinoamérica y en particular la Argentina.
Solo durante 2010 a arribaron a nuestro país 24.000 españoles.
A su vez, también durante el año 2010, en América Latina y el Caribe se registró que el 5,2 por ciento de la población es decir 30,2 millones de personas.
DE BOLIVIA
La directora nacional de Migraciones en Viedma, Verónica Belloso, reafirmó en declaraciones a la prensa, que en las zonas del Valle Inferior (Viedma) y Valle Medio de la provincia de Río Negro la más importante corriente migratoria es la boliviana y estimó que cada mes se radican 100 personas de esa nacionalidad que “vienen a trabajar”.
“Argentina está recibiendo dos importantes migraciones: la paraguaya y la boliviana. En el Valle Inferior y en el Valle Medio la migración más importante es la boliviana”, dijo Belloso. Agregó la funcionaria que “La delegación Viedma de la Dirección Nacional de Migraciones está recibiendo aproximadamente 100 ciudadanos bolivianos por mes, de los cuales todos vienen, conforme a los expedientes de radicación, para trabajar y escolarizan a sus hijos”.
“Una vez ingresados, a través de la nueva Ley de Migraciones, tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales”, aclaró al funcionaria nacional.
PAÍS RECEPTOR
No existen datos de números y porcentajes disponibles acerca de la cantidad de inmigrantes de China, de países del Extremo Oriente, ni del Cercano Oriente, que cada vez son mayores, a pesar de la real crisis económica argentina y de su contexto latinoamericano, que no es de los mejores.
La Argentina es uno de los diez principales países receptores de población migrante en toda América latina y el Caribe, junto con Venezuela, México, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Chile, Paraguay y Bolivia, según señaló Elena Zúñiga Herrera, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
En tanto, los diez principales países emisores de migrantes en América Latina y el Caribe son México, Colombia, Cuba, Brasil, El Salvador, Ecuador, Perú, República Dominicana, Haití y Jamaica.
Según destacó Zúñiga Herrera en un informe titulado "El derecho a la salud no tiene fronteras", en 2010 en América Latina y el Caribe se registró que el 5,2 por ciento de la población (es decir 30,2 millones de personas) era migrante.
A continuación, una nota que muestra la problemática desde el área de la salud:

EL DERECHO A LA SALUD NO TIENE FRONTERAS
Elena Zúñiga Herrera (Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en EL Salvador)
Históricamente, América Latina y el Caribe fue destino de millones de migrantes que dejaron sus países tras guerras mundiales, conflictos civiles y persecuciones discriminatorias de raza, origen étnico, color y religión entre otras.
En 2010, en América Latina y el Caribe se registró que el 5.2 por ciento de la población (30.2 millones de personas) era migrante. Los 10 principales países emisores de migrantes en América Latina y el Caribe son México, Colombia, Cuba, Brasil, El Salvador, Ecuador, Perú, República Dominicana, Haití y Jamaica; mientras que los 10 principales países receptores son Argentina, Venezuela, México, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Chile, Paraguay y Bolivia
La migración internacional plantea grandes retos a todos los países del área, tanto a los de destino como a los de tránsito y a los de origen del flujo de migrantes. Por ejemplo, este fenómeno incide en la salud de las y los migrantes y sus familias, situación que demanda de respuestas intersectoriales e interestatales. Particularmente, la juventud y las mujeres migrantes tienen acceso limitado a los servicios de salud, en especial los preventivos, y no cuentan con la información adecuada sobre su derecho a la salud sexual y reproductiva.
La salud sexual y reproductiva es un derecho intrínseco al ser humano, reconocido por todas las naciones en diversos instrumentos internacionales. Sin embargo, tras el cruce de las fronteras, la población migrante suele encontrar diversos obstáculos para ejercerlo, tales como  barreras económicas, legales, sociales y culturales.
En términos generales, en los países de destino, los derechos de las y los migrantes no suelen ser igualmente reconocidos que los de la población nacional. Incluso, en los países donde en términos jurídicos se reconoce la igualdad de derechos entre la población migrante y la nacional, al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, VIH/SIDA y violencia sexual presenta diversas restricciones, que van desde el idioma y otras barreras culturales, como horarios inadecuados, desconocimiento y restricciones jurídicas.
La migración indocumentada ha sido la modalidad predominante en los flujos migratorios de las últimas décadas, y es en este contexto que las y los migrantes, particularmente mujeres y jóvenes, sufren los mayores riesgos de salud. Rutas migratorias como la Centroamérica hacia los Estados Unidos, es de tan alta vulnerabilidad, que entre los migrantes se le conoce como la ruta de la muerte.
En dicho trayecto y de acuerdo a un informe de Amnistía Internacional (2010) las personas migrantes corren un alto riesgo de ser víctimas de asalto, extorsión, abuso físico y sexual, secuestro, desaparición y hasta la muerte. El mismo informe reporta que seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes que pasan por el sur de México sufren violencia sexual.5 Como respuesta a la creciente demanda de servicios de salud sexual y reproductiva, prevención del VIH/SIDA y violencia sexual en mujeres y jóvenes migrantes, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) inició en 2008, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la iniciativa regional para América Latina y el Caribe “Salud Reproductiva para Jóvenes y Mujeres Migrantes” cuyo objetivo central es la ampliación del acceso de la población migrante a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención del VIH/SIDA y de la violencia sexual, en las fronteras entre Argentina y Bolivia, Ecuador y Colombia, Costa Rica y Nicaragua, México, Guatemala y El Salvador(incorporado recientemente), y Haití y República Dominicana.
Con esta iniciativa, el UNFPA contribuye con gobiernos y en particular con Ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerios de Salud y organizaciones de la sociedad civil, en la construcción de respuestas interinstitucionales e interestatales que garanticen el derecho a la salud sexual y reproductiva y salvaguarden la dignidad humana de mujeres y jóvenes, que tienen en común el anhelo de mejorar su calidad de vida y la de su familia y de contribuir al progreso y desarrollo de las naciones involucradas.
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Oficina Regional para América Latina y el Caribe, UNFPA-LACRO
Gonzalo Crance, Edificio 180. Clayton, Ciudad del Saber.
P.O. Box 0843-03045. Ciudad de Panamá, República de Panamá.
+ 507 305-5500. Fax + 507 305-5511
Fuente: Seprin, Actualidad RT, y medios de prensa de Argentina 

viernes, 3 de julio de 2009

INMIGRANTES INDOCUMENTADOS SON CONSIDERADOS "DELINCUENTES"

Tras el comienzo de la vigencia de la nueva Ley de Seguridad, norma que incluye "patrullas ciudadanas" que saldrán a la calle para defender el orden y la seguridad, surgió la polémica en Italia. Los indocumentados descubiertos pagarán una multa y serán expulsados. No irán a presos porque lo impidió el rechazo generalizado de la UE que, bajo el control de los intendentes, saldrán a la calle a defender el orden y la seguridad. Como aparecieron grupos como la Guardia Nacionalista, con uniformes que recordaban a los nazis, el texto definitivo impone que los patriotas no usen uniformes ni armas y que se limiten a avisar a la Policía si advierten que algo incorrecto.
Intelectuales encabezados por el premio Nobel de Literatura Dario Fo y los escritores Antonio Tabucchi y Andrea Camillieri lanzaron un llamado "contra el regreso de las leyes raciales en Europa". Recordaban las siniestras leyes contra los judíos de 1938 de la dictadura de Benito Mussolini.
El Senado italiano aprobó definitivamente la ley. El primer ministro Silvio Berlusconi dijo que las nuevas normas servirán para "aumentar la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos".
La Ley de Seguridad fue aprobada por el Senado con 157 votos a favor, 124 en contra y tres abstenciones, después de que el gobierno, que tiene mayoría absoluta en las cámaras, impuso el voto de confianza para impedir un debate que hubiera sido incandescente sobre las duras normas contra los inmigrantes.
En Italia hay un creciente clima de xenofobia, mientras la crisis económica, que se sigue agravando, aumenta más la hostilidad hacia los inmigrantes, legales e ilegales. La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto de ley en mayo.
Se estima que en la península itálica hay unos 600 mil inmigrantes indocumentados. De ahora en adelante, el extranjero que entra o permanece en forma ilegal en Italia comete el delito de inmigración clandestina, y puede ser castigado con la expulsión inmediata y multa de hasta 10 mil euros, unos 14 mil dólares. Los expertos prevén que las expulsiones podrían pasar al doble de las 28 mil aprobadas el año pasado.
Los centros de permanencia se convertirán en centros de identificación y expulsión. La estadía máxima pasa de 2 a 6 meses, para completar las medidas de expulsión, que actualmente quedan incompletas.
Un funcionario público está obligado a denunciar al indocumentado que quiere hacer un trámite. Las protestas, incluso en la Unión Europea y ante los organismos de derechos humanos, forzaron al gobierno Berlusconi a retirar del proyecto la obligación para médicos de los hospitales y directivos de las escuelas de denunciar a los pacientes o alumnos indocumentados.
Los inmigrantes sin papeles no podrán acceder más a los servicios públicos. Los chicos no podrán ser inscriptos en las escuelas si sus padres no presentan sus permisos de residencia. Este permiso será obligatorio para registrar a los recién nacidos, por lo que se anuncia la difusión de los llamados "niños invisible", como ocurrió en otros países europeos. Tampoco podrán casarse.
El permiso de residencia y la adquisición de la ciudadanía italiana, para la que hacen falta diez años de residencia legal, deberán ser pagadas: costarán entre 80 y 200 euros cada una.
Quien favorezca el ingreso de "clandestinos" arriesga hasta 15 años de cárcel y el que alquila un apartamento a un extranjero "irregular" puede ir hasta tres años a la cárcel. Además de crear las patrullas ciudadanas que se llamarán "voluntarios para la seguridad", la ley autoriza lo que hasta ahora estaba prohibido en Italia: la venta de sprays de autodefensa con material irritante para los ojos.
Por otro lado la ley hace más duro el régimen carcelario para los mafiosos. La cárcel especial pasa de dos a cuatro años y los diálogos con los familiares serán todos grabados. También se establecen medidas para las empresas cómplices de los mafiosos.
Otra medida dura y popular consiste en mandar hasta tres meses a la cárcel a los que pintan grafitis e imágenes artísticas en las paredes y los vagones.
También se establece un registro nacional de linyeras para controlarlos, y se agravan las penas contra los automovilistas borrachos o drogados.