martes, 11 de noviembre de 2008

ARBA ALLANÓ UN FRIGORÍFICO EN CHASCOMÚS


Fue aplicada así por primera vez la nueva herramienta fiscal que le permite a la Agencia de Recaudación solicitar –directamente a la Justicia- órdenes de allanamiento cuando los contribuyentes se resisten a aportar información a la autoridad tributaria.

 

Por orden judicial, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires realizó un allanamiento junto a funcionarios policiales en un frigorífico ubicado en el partido de Chascomús. Esta acción fue producto de la resistencia de la empresa al cumplimiento de sus deberes de colaboración e información para con la Autoridad Tributaria.

Arba abrió un proceso de fiscalización a la firma para verificar su situación fiscal. En base al entrecruzamiento de datos de organismos nacionales y provinciales, se detectaron cuantiosas ventas sin declarar. Mediante un profundo trabajo de inteligencia fiscal pudo establecerse que no se había tributado impuesto alguno.

El allanamiento se concretó como consecuencia de la negativa sistemática que manifestaron los directivos y administradores de la empresa a permitir que los inspectores de Arba controlen los libros y registros de la firma, pretendiendo así ocultar su situación fiscal.

Al configurarse en consecuencia lo que se denomina “resistencia pasiva”, se aplicó por primera vez una herramienta contemplada en el Código Fiscal provincial, por la cual el  Director Ejecutivo de la Agencia, Lic. Santiago Montoya, solicitó –directamente- a la Justicia la orden de allanamiento que se concretó el viernes 7 de noviembre.

Montoya elevó la petición al Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del Dr. Juan Pablo Masi, quien autorizó la medida. En base a ello, se procedió con el allanamiento y registro en la planta del frigorífico. Los fiscalizadores lograron acceder a la información que permitirá cuantificar la obligación fiscal del contribuyente, analizar el caso y verificar la situación fiscal final, exigiendo el pago del importante impuesto evadido.

La norma que posibilitó hacer el allanamiento es el artículo 42 del Código Fiscal, el cual indica que “con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes,  (…) la autoridad de aplicación tendrá amplios poderes para verificar, inclusive en forma simultánea con la verificación del hecho imponible, el cumplimiento que los obligados den a las normas fiscales…”.

También, especifica que la autoridad de aplicación podrá “…Recabar orden de allanamiento de la autoridad judicial competente, debiendo especificar en la solicitud el lugar y la oportunidad en que habrá de practicarse, y dejando expresa constancia de la facultad de los autorizados para secuestrar los libros, registros y documentación contable del lugar allanado que puedan servir como testimonio probatorio de infracciones a este Código o de violaciones a la Ley Penal Tributaria. Las órdenes de allanamiento, que pueden ser solicitadas tanto en los casos de denuncias fundadas o indicios vehementes de existencia de infracciones o delitos tributarios, como también en el caso de resistencia pasiva de los contribuyentes a la fiscalización, deberán ser despachadas por el Juez, dentro de las veinticuatro (24) horas, habilitándose días y horas si fuera solicitado. En la ejecución de las mismas, serán de aplicación los artículos 219° y siguientes del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”.

Durante el procedimiento, los funcionarios de Arba fotocopiaron documentación contable de los periodos fiscales 2005, 2006, 2007, labraron actas, y relevaron los bienes, libros, y material pertinente para completar los datos de interés del fisco.

Este allanamiento se produjo luego de las inspecciones previas realizadas los días 9 de mayo, 13 de junio y 4 de julio de 2008. En las tres oportunidades, la empresa se negó a proporcionar información requerida por la Agencia de Recaudación, motivo por el cual se solicitó la orden de allanamiento a la Justicia.

Implementan un fondo para asistir a mujeres víctimas de la violencia


El gobernador Daniel Scioli pidió "dejar atrás la cultura de la violencia" y "promover la cultura de los valores", tras firmar 18 convenios con municipios de la provincia de Buenos Aires para la implementación de un Fondo destinado a la asistencia de mujeres víctimas de violencia en situación de emergencia. El proyecto forma parte del Programa de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia (AVM), que articula la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia en el Marco de la Ley  Nº 12.569.

El gobernador Daniel Scioli pidió ayer "dejar atrás la cultura de la violencia" y "promover la cultura de los valores", tras firmar 18 convenios con municipios de la provincia de Buenos Aires para la implementación de un Fondo destinado a la asistencia de mujeres víctimas de violencia en situación de emergencia.

 

Scioli enfatizó sobre la necesidad de "crear conciencia de la gravedad" de situaciones que "no son deseadas" y aseguró que para volver a fortalecer la familia "hay que respetar cada día más a las mujeres que son las que llevan a diario la responsabilidad en sus hogares".

 

Durante su discurso, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, el Gobernador exhortó a "revertir, incansablemente, las causas y los orígenes que llevaron a los niveles de exclusión" e insistió en "promover la cultura del respeto, la vida y la ética de la responsabilidad".

 

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos provincial, Sara Derotier de Cobacho, afirmó que la importancia del Programa radica en que "quizás no sólo vamos a aliviar la vida de muchas mujeres sino, incluso, hasta de salvarlas".

 

Asistieron también al acto el ministro de Justicia, Ricardo Casal; el subsecretario de Derechos Humanos, Fernando Cano, y los intendentes Pablo Bruera (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Sandro Guzmán (Escobar) y Martín Sabatella (Morón).

 

El "Fondo Permanente Especial" es parte del Programa de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia (AVM), que articula la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia en el Marco de la Ley Nº 12.569.

 

Desde enero pasado se trabaja con los equipos técnicos de los distritos, en la conformación de las Mesas Locales de Prevención y Atención de la violencia familiar; lo cual permite la implementación del Fondo, que sirve para actuar en casos de emergencia en los que sea necesario prestar inmediata atención a la víctima de violencia.

 

Este nuevo dispositivo tiene por finalidad mejorar la calidad de la respuesta y generar alternativas de intervención frente a la emergencia. El Fondo Permanente Especial se destina a proveer aquellos recursos materiales necesarios para su protección y/o bienestar.

 

El AVM comenzó a funcionar en enero de este año y hasta la fecha atendió más de 10.000 llamados derivados del 911 a un equipo especializado que brinda contención, asistencia y derivación a servicios locales que trabajan en el tema.

 

En esta primera etapa se firmaron convenios con los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Lanús, La Plata, Morón, Quilmes, San Fernando, Tigre, Hurlingham, José C. Paz, La Matanza, Lomas de Zamora y General Pueyrredón.

Cuestionan a Scioli por la salida de Martha Arriola de Niñez y Adolescencia


Sectores de la oposición salieron a criticar al gobernador Daniel Scioli por la renuncia de Martha Arriola a la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia. Desde la UCR tildaron de “injusta” la salida de la funcionaria y desde el PRO la tomaron como una señal de que “no están haciendo nada, según consigna un cable de la agencia ANI.

 

La dimisión de Arriola está relacionada con la crítica del proyecto de Daniel Scioli para bajar la imputabilidad de los menores, que en su oportunidad calificó la situación de los menores en la Provincia como una “catástrofe”.

 

"Scioli debe entender que la baja de imputabilidad no es la solución. Sería bueno que el gobernador escuche a funcionarios como Arriola", advirtió el titular del bloque de senadores radicales, Jesús Porrúa.

 

Mientras que el presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri, consideró que "lo que dice Arriola no es novedad. Hace una descripción de un sistema y de los problemas extremadamente graves que lo afectan. Sus palabras más bien revelan que el gobierno de Scioli no está haciendo nada en materia de niñez y adolescencia".

 

"Resulta alarmante que desde el Ejecutivo, solo se traten de implementar medidas espasmódicas ante un tema que es mucho mas serio y profundo, que incluye la situación de tremenda vulnerabilidad que tiene los menores en la Provincia" argumentó Porrúa.

 

Y agregó que "Scioli debe escuchar posturas como la de Martha Arriola, ya que sus dichos están fundados en un trabajo realizado en materia niñez y adolescencia. La de Arriola es la postura de quien conoce la realidad de la Provincia y por ello es una voz a tener en cuenta”.

 

Por su parte, Macri dijo que "en lugar de diagnosticadores, los funcionarios deberían ser ejecutores de políticas para transformar la realidad. No sirve que digan que una situación es grave y se queden ahí". Y añadió que “las correcciones permanentes en su discurso demuestran su falta de solidez y dejan claro que no tiene plan y que no hay definiciones claras. Por eso se producen estas faltas de coherencia".

Colaboración: ¿PORQUE CAMBIAR LO QUE ANDA BIEN?

Por Arturo Navarro

 

Por diferentes medios se ha informado de los cambios que se pretende introducir en la distribución de las cartas de porte para el transporte de grano. Hoy este servicio está a cargo de la Federación de Acopiadores y la Federación Agraria Argentina. No existe protesta ni reclamo alguno sobre el mismo.

 

Se desconoce cómo será el futuro sistema que anunciara el titular de la ONCCA, Dr. Ricardo Echegaray: Pero afirmo enfáticamente que para pensar en el reemplazo deberían cumplirse las condiciones de oportunidad, mérito y conveniencia. Por lo tanto, quedar absolutamente demostrado que el nuevo sistema deberá superar al anterior en la calidad del instrumento, deberá ser competitivo en el precio y asegurar el acceso o disponibilidad en tiempo en todo el país. Esta confirmación debería ser emitida por calificadores de primer nivel que auditen técnicamente la propuesta.

  

 Existen temores de que el nuevo mecanismo no reúna estos requisitos, y, por lo tanto, pueda prestarse a una sencilla adulteración o falsificación lo que facilitaría operaciones marginales. Podría también incluir la participación de otros sectores con históricas apetencias en esta materia, incrementando ostensiblemente su costo.

  

   El sistema de distribución de las Cartas de Porte para el transporte automotor de granos a través de entidades de segundo grado (que tiene 16 años de vigencia), fue reestructurado en febrero del año 2007. Incorporó la participación activa de la AFIP a los efectos de habilitar la compra, autorizar la emisión, determinar las cantidades y plazos de vigencia y asignar las numeraciones respectivas. Las entidades imprimen los datos de los operadores en cada Carta de Porte, ordenan la distribución y registran las respectivas entregas. Los formularios son impresos en exclusividad por empresas de primera línea, tienen elementos de seguridad que los hacen infalsificables e imposibles de fotocopiar y fácilmente determinable su autenticidad.

  

   Otras entidades, además de la Federación de Acopiadores y la Federación Agraria, han sido autorizadas para emitir estos formularios, no obstante lo cual han preferido utilizar los eficientes servicios de las dos Federaciones mencionadas.

   

   Las Cartas de Porte están disponibles en tiempo y forma para todos los productores y demás operadores habilitados del comercio de granos. Por la importancia del documento y su seguridad, el precio es absolutamente accesible para todos los usuarios. A raíz de la última modificación introducida por la SAGPyA a pedido de la ONCCA, que elevó 5 veces el arancel que además las entidades recaudan para la ONCCA sobre cada carta de porte distribuida, el precio (alrededor de $ 4,5) pasa a ser inferior a la mitad del nuevo arancel ($10).

  

   En síntesis, el sistema actual es altamente satisfactorio en términos de seguridad del instrumento, precio a cargo de los usuarios y su disponibilidad en tiempo y forma en todo el país.

  

   En un intento para desacreditar al mecanismo actual de distribución de las Cartas, la ONCCA presentó, con repercusión pública, una demanda penal. A juzgar por los trascendidos originados en ese organismo, los fundamentos de la denuncia son falsos, demuestran claras inconsistencias y un peligroso desconocimiento de la propia materia que la ONCCA debe controlar, toda vez que:

  

   Desconocería que es la AFIP la que resuelve la cantidad y plazo de vigencia de las Cartas de Porte a distribuir a cada operador que las solicita.

   Imputaría la distribución a un monotributista (que no lo es), y a quien la propia ONCCA bajo esta administración, le pagó cuantiosas compensaciones como productor de trigo. Si hubiese sido monotributista no habría podido calificar para estas compensaciones.

   Desconocería algo elemental en el transporte de granos, como es el hecho que la misma Carta de Porte deben estar informadas como mínimo por dos operadores (cargador y destinatario). También podrían informar otros operadores que hayan actuado, como por ejemplo las instalaciones de terceros donde se hubiese entregado los granos, etc.

   El organismo que supuestamente administrará este nuevo sistema (ONCCA) ha incorporado en los últimos tiempos una serie de nuevas responsabilidades y tareas. Por ello, no ha podido, hasta el momento, normalizar los sencillos trámites de inscripciones y habilitaciones, existiendo demoras de meses para la habilitación de operadores y también tiene pendiente el pago de compensaciones a los productores con demoras que llegan al año. Estas circunstancias generan dudas sobre su capacidad para llevar adelante el sistema de emisión y contralor de las Cartas de Porte.

  

   La ONCCA, en su precaria y poco profesional tarea destinada a proteger la matriz de seguridad alimentaria de los argentinos, es la responsable de que el país pierda el ingreso de divisas por aproximadamente U$S 1.800 millones y más de U$S 600 millones de derechos de exportación, al haber impedido, por aplicación de la Res. 543/08, las operaciones a futuro de los granos de la próxima campaña.

  

   Se pretende hacer creer que las reuniones de los Foros organizado por el ONCCA son para un debate de las normas con la participación de los sectores convalidando dicha circunstancia. La realidad indica que sólo se ha convertido en un programa de preguntas y respuestas sobre los temas meramente operativos que quiere tratar su titular y donde no se debate proyecto alguno.

  

   Conclusión: El sistema de distribución de Cartas de Porte no se debe cambiar, por la simple razón de que está funcionando bien. El que tiene que cambiar es la gestión del ONCCA porque lo único que hace es complicar al Complejo Agroindustrial el funcionamiento de los mercados y la colocación de los productos en los mercados del mundo.

    

lunes, 10 de noviembre de 2008

Correo de Lectores: Ante el avance abortista

Señor Director:
                   Ante los nuevos movimientos de legisladores empeñados para instalar el aborto en nuestro país en abierta contradicción con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que protege la vida del niño desde la concepción, expresamos nuestro dolor y rechazo a sumar a nuestra querida Argentina a la llamada con acierto "Cultura de la Muerte y de la Violencia Familiar ": El aborto provocado es el desgraciado y más grave paradigma en cuanto a muerte y violencia familiar se refiere, pues implica la eliminación voluntaria del hijo inocente. A partir de allí no hay atropello a los derechos humanos que no pueda pretender justificación.
No hay ninguna causa que justifique matar a un niño. No hay ninguna causa para que un médico incluya en las alternativas ofrecidas al paciente la de matar a un hijo como “solución”. La información al paciente en ese caso comportaría una verdadera instigación al mal moral y a la comisión de un delito tipificado por el Código Penal Argentino. En los dolorosos casos que pueden presentarse como consecuencia de violaciones, no pasa la solución por matar a nadie, sino por un adecuado apoyo efectivo a la mujer afectada incluyendo las posibilidades de dar en adopción, y el procesamiento y reclusión del violador para preservar a la sociedad. Por principio-aunque parecería bastante más lógico-, no propiciamos que se despenalice el crimen de los violadores, ni de los legisladores corruptos, ni de otras alimañas cuyas acciones deletéreas son de público conocimiento.
Empecemos “por el principio” en este mundo tan necesitado de las verdades más elementales, si queremos luchar seriamente por los derechos humanos, comencemos por la protección del más elemental: el de la vida: no hay ninguna causa que justifique matar a un niño.
Mientras aborígenes argentinos padecen penurias de todo tipo,mientras el descontrol y la marginalidad precipitan a niños y adolescentes en el delito causante de tantas muertes de ciudadanos indefensos, mientras que la comercialización de la droga (desde el pegamento al "paco") se desenvuelve sin ningún tipo de problemas, algunos de nuestros legisladores prefieren trabajar en proyectos acordes a un ideologismo irracional, antes que en la solución de problemas evidentes que golpean a la población que convive con la más dura realidad.  
Después los argentinos nos quejamos. Los resultados obtenidos son normalmente consecuencia directa de los actos realizados. La indiferencia cómoda y la omisión nos llevarán al destino al que aspiren los malvados, si no reaccionamosa tiempo. 

Santiago Floresa 
Juncal al 1.800