jueves, 28 de enero de 2010

MISION COMERCIAL ARGENTINA EN CHINA



En la foto: Empleados de una fábrica de juguetes china, duermen bajo su mesa de trabajo desarrollando sus labores en condiciones indignas. Taiana y el sector textil que lo apoya, se mostraron satisfechos con los resultados de la misión comercial en China


El pro secretario de la Fundación ProTejer, Marcos Meloni, calificó en forma positiva los resultados obtenidos hasta el momento por los empresarios argentinos participantes de la Misión Comercial Multisectorial a China.

"Nos reunimos con gente de Cancillería haciendo un resumen, dado que falta la jornada de mañana y todos los preacuerdos y todos ven un común denominador, se avanzó bastante más de lo que creíamos porque en las negociaciones fueron surgiendo más cosas, más pedidos y vemos que los sectores se pueden complementar”, dijo Meloni a radio Provincia.

El empresario textil sostuvo que los empresarios del sector que participan de la misión viajaron a China con el objetivo de "aprender" cómo se desenvuelve esta industria en la nación asiática.

"El mayor productor mundial textil es China, a precios muy competitivos y nosotros sabemos las consecuencias de eso, estamos en una actitud inversora debido a la excelente recaudación del segundo semestre, surgieron más proyectos”, sostuvo Meloni.

El directivo de ProTejer adelantó que "en los próximos meses se concretarán varias inversiones” a partir de los acuerdos alcanzados hasta el momento en la misión.
Seguramente el Gobierno Nacional pretende implementar el exitoso modelo comercial chino y cubano en nuestro país, en el cual se elimina la plusvalía y todos los monopolios privados, para dejar toda la ganancia en manos de los funcionarios que gobiernan el monopolio estatal marxista que explotan masivamente a todo el pueblo en nombre de la "revolución".
Seguramente la profundización del modelo argentino kirchnerista se encuentra en la vía de China... pero lejos de las "verdades peronistas" y del mero sentido común.

Situación de China
China produce más del 70% de los juguetes que se comercializan en el mundo.
En general, su crecimiento se debe a turnos de trabajo entre 18 y 20,5 horas como jornada laboral, con siete días de trabajo a la semana. Incluso hay quienes llegan a trabajar 130 horas a la semana. El total de días libres disponibles al año es una quincena (sí, 15 días), incluyendo las fiestas nacionales.
Los salarios tienen un promedio de 12,5 céntimos de Euro por hora, y se abonan con retraso rutinariamente. Si el trabajador quiere abandonar la fábrica, pierde el sueldo de un mes y medio.
Además, no hay contratos de trabajo, ni seguridad social, seguro sanitario ni gremios.
Muchos trabajadores duermen dentro de la Empresa en dormitorios, agrupados de a 20 personas.

Condiciones chinas
La misión comercial a China partió el 23 de enero pasado rumbo a dicho país con una nutrida comitiva de empresarios de distintas provincias del territorio nacional y de múltiples sectores de la producción nacional. La comitiva está integrada por representantes de 81 empresas.
Las reuniones se desarrollan en las ciudades de Beijing y Shangai, intentando aumentar y diversificar las exportaciones nacionales.
Antes de viajar, el canciller Jorge Taiana declaró que “la relación bilateral con China tiene una importancia fundamental” y ponderó “el impresionante crecimiento de su economía y de su comercio exterior, sumado a sus milenarias culturas y tradiciones presentan grandes oportunidades para seguir trabajando conjuntamente e intensificar nuestra relación".
La cantidad de mano de obra explotada como en los peores tiempos de la Revolución Industrial en China, produce precios altamente competitivos e imposibles de igualar donde se reconocen los derechos de los trabajadores y la dignidad del salario.
Profundizar el modelo kirchnerista es conducir al país a la explotación generalizada por parte del Estado a toda la población.
A continuación algunas fotos que muestran cómo desfilan en su ingreso, cómo son sus comedores y su sistema productivo, al cual Argentina por el momento no puede alcanzar en competitividad ni en precios. Pero podremos competir si las condiciones de producción se van acercando cada vez más a ese modelo que el Gobierno considera ejemplar.









En el caso del rubro de los juguetes que hemos tomado, por ejemplo, las principales marcas de juguetes del mundo han dejado de subcontratar su fabricación con empresas de Taiwan o Hong Kong para hacerlo con fábricas del continente, produciendo un gigantesco "boom" comercial a costa de la explotación humana. Este es el secreto de su crecimiento.
Miles de personas, sobre todo chicas entre 15 y 17 años, abandonan el campo para buscar trabajo en las más de 6000 fábricas de juguetes que se amontonan en las provincias sureñas de Guangdong, Zhejiang, Jiangsu y el delta del Río de la Perla.
La Argentina de los planes sociales y los piqueteros no dista mucho, sólo que en nuestro país los desocupados cobran un dinero de miseria a cambio de no trabajar, sino de concurrir a donde el que otorga el plan le ordene.



COMPRAN PICANAS ELECTRICAS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CAPITAL FEDERAL


En la foto: Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad de la Capital Federal, quien dispuso la compra de picanas eléctricas para combatir la inseguridad.


La Policía Metropolitana adquirió armas paralizantes (picanas eléctricas) para combatir el delito. Se trata de cinco pistolas Taser X26 y cinco unidades Peper Ball para ser utilizadas por las fuerzas del orden, en una contratación directa por valor de 121 mil Pesos.
Por resolución N° 20 del corriente año, el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, aprobó la compra de las armas "a la firma Buccello por contratación directa y por el monto de 121 mil pesos".
Tras la decisión, los opositores alzaron su voz en contra.
El legislador porteño Francisco Nenna, repudió la compra de tales armas para la Policía al afirmar que "el delito no se combate con picanas (eléctricas)".
El legislador que además es dirigente de CTERA, se pronunció así contra la compra efectuada por parte del Ministro de Seguridad del gobierno macrista.
"Las Taser X 26 son ni más ni menos que picanas aggiornadas y modernas que descargan electricidad", explicó mientras relacionó la adquisición con el veto de Macri a la ley 3298, que creaba el Comité contra la Tortura.
A través de un comunicado, Nenna cuestionó que "Macri vetó el Comité contra la Tortura y Montenegro adquiere picanas para la Policía Metropolitana".
"No es casual que se vete una ley que prevé monitorear que no se torture en cárceles y comisarías, y a la vez se dote a la nueva policía de este tipo de armamento", analizó.
Además, legisladores encabezados por Fabio Basteiro manifestaron su "profunda preocupación" por la adquisisión de esas armas, que según denunciaron "son cuestionadas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional por considerar su uso como método de tortura"

Explicaciones
Montenegro afirmó en declaraciones radiales que "se adquirieron cinco pistolas Taser X26, que son no letales, que se puedan usar para situaciones muy particulares, para un demente, un suicida, obviamente que la recomendación de Naciones Unidas dice que hay que tener cuidados especiales, como con las armas. Yo no voy a hacer una defensa sobre un producto comercial, yo voy a decir si esto sirve o no sirve, este producto lo usan para dementes y suicidas en Madrid, aca fue adquirido para una prueba, se compraron cinco".
Además, declaró que "si querían una discusión seria, debieron llamarme a mí", y se defendió de los cuestionamientos realizados por Nenna diciendo que "me gustaría saber quién de todos estos sabe de seguridad, yo no voy a discutir con Nenna sobre educación, y él no puede discutir conmigo sobre seguridad".

ZAFFARONI: SOMOS DERECHOS Y HUMANOS


Por Norberto Zingoni *



Corren los años noventaytantos.
Estoy parando en un hotel cerca de Tribunales en uno de mis viajes a Argentina. Veo en la plaza Lavalle un amontonamiento de personas.
Casi todos de traje y corbata.
Me acerco.
Se trata de un homenaje a los abogados desaparecidos por la dictadura de 1976 (aclaro la fecha ya que algunos vivimos los coletazos finales de la otra, la de 1955) con la inauguración de un monolito que recuerda a los colegas caídos.
Habla un abogado y otro y otro.
La CONADEP diría en 1984: “Fueron secuestrados, y desaparecieron, no menos de 109 abogados.
El 90 % de estas desapariciones se consumaron entre los meses de marzo y diciembre del año 1976”.
En medio de algún saludo con abogados conocidos oigo que uno de los oradores recuerda al primer hábeas corpus que se había interpuesto por los abogados desaparecidos.
Era por Roberto Sinigaglia. Detenido desaparecido desde su estudio de la calle Lavalle. L
a mención aviva los recuerdos en esa mañana extraña.
Me acuerdo de Sinigaglia. Borrosamente. Lo veo en su despacho. Joven y elegante, de mirada franca y directa, con un mechón rebelde de pelo lacio que le cae por la frente.
Hablamos de los centros de abogados peronistas.
Ellos en Capital. Nosotros en Provincia de Buenos Aires.
Y me acuerdo también de su socio, mi amigo, el Dr. Conrado Origosa Antón, a quien por entonces yo visitaba en ese estudio de la calle Lavalle.
Y a quien el orador está ahora nombrando en esta mañana extraña “como homenaje al primer hábeas corpus interpuesto contra la justicia de la dictadura”.
Se precipitan aún más los recuerdos. Inolvidable y valeroso gallego. Había estudiado abogacía de grande (de joven no había tenido tiempo, demasiado ocupado en escapar de las vicisitudes de la guerra civil española en su país natal).
Recuerdo que una vez, saliendo de ese estudio de la calle Lavalle, paseamos por los libreros de la plaza Lavalle.
Todos lo conocían.
Es que Ortigosa era obrero gráfico cuando estudiaba y los libreros le prestaban los libros que, seguramente, no podía comprar.
Luego fue abogado de ese mismo sindicato gráfico. En tiempos de Ongaro. Inolvidable y valiente gallego Ortigosa.
Más de veinte años después compruebo con indecible tristeza que los jueces que rechazaban esos hábeas córpus, jueces como el que me voy a referir ahora, pasan por ser abanderados de los derechos humanos.
En el país de la corta memoria que forjamos, en este país jardín de infantes (que algún día madurará, espero).
Y que, contrariamente, a valientes abogados como Ortigosa ni el bálsamo del recuerdo se les otorga.
¿Cómo era el mecanismo durante la dictadura?
Usted presentaba el hábeas al juez, éste –casi mecánicamente, si hasta parecía que tenían la respuesta en una plancha “estándar”- oficiaba al Ministerio de Interior, a la Policía Federal, a Migraciones, y a dos o tres reparticiones oficiales.
La respuesta de los organismos de seguridad –también en una plancha “estándar”- era que allí no estaba detenida la persona por quien se recurría.
Y ahí, sin más, rechazaban (siempre con la bendita plancha) el molesto recurso y al molesto abogado que se atrevía a sospechar de la lucha que las fuerzas armadas y sus cómplices civiles estaban llevando por “defender nuestro estilo de vida occidental y cristiano”.
Por la misma época en que el gallego Ortigosa (y otros valientes abogados como Julio Biaggio (del PC), Zelaya Mas (peronista, también luego desaparecido), Fernando Torre (inolvidable abogado de la CGT), Medrano Pizarro, Silva, etc. etc.) incordiaba al régimen con ese (y otros) hábeas corpus por su socio y compañero desaparecido ilegalmente, el dictador Jorge Rafael Videla designaba juez de sentencia (letra V) mediante el Dec. 290/76 al hoy icono de la defensa de los derechos humanos, Dr. Eugenio Zaffaroni. Y éste aceptaba el cargo jurando “defender y observar y hacer observar fielmente” los siguientes engendros:
1) Estatuto para el proceso de Reorganización Nacional (conocido oficialmente el 29-03-76);
2) Acta para el proceso de Reorganización Nacional (conocida oficialmente el 29-03-76);
3) Acta fijando el propósito y los objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional (conocido oficialmente el 31 -03-76).
Y, en tercer o cuarto lugar, juraba también defender la Constitución Nacional EN CUANTO NO SE OPUSIERA A LAS ACTAS Y AL ESTATUTO videliano (Ley 21279/76).
Paso por alto que el hoy defensor de los derechos humanos Zaffaroni escribiera durante la dictadura un libro sobre derecho penal militar, en el cual hablaba de “derecho penal militar de excepción”, “circunstancias especiales”, “necesidad terribilísima”, “legislación por bandos”, “excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”.
Y paso por alto también que los dos auditores militares que supervisaran el libro antes de su publicación fueran: Laureano Álvarez Estrada –el primer Subsecretario de Justicia de Videla-y Ramón León Francisco Morel.
Y paso por alto aquello que dijo que “si todo el mundo tuviera una plantita de marihuana en el balcón no habría (o “habría menos”, cito de memoria) narcotráfico”.
O que haya paseado con una caravana de reivindicación gay, o que tenga una cuenta en el exterior que no había denunciado en la Afip.
Porque todo esto (aún el juramento por las Actas y el Estatuto) es poco comparado con lo que ningún abogado, por más perversa que hubiera sido la situación vivida durante la dictadura, podrá justificar jamás sin violar un código ético de la profesión: no hacer todo lo que esté a su alcance para defender la vida o la libertad del ciudadano.
Tengo a la vista el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Fallos T.300 Pag. 457, 1978) que revoca la sentencia que originalmente había dictado el juez Zaffaroni en la cual rechazaba el recurso de hábeas corpus interpuesto por el padre de una joven secuestrada por fuerzas de seguridad del Estado.
La joven Inés Ollero había sido detenida junto con todo el pasaje de un ómnibus público en que viajaba por fuerzas de seguridad y conducidos todos a la comisaría del lugar. De todos los pasajeros la única que queda detenida (luego desaparecida) es esta joven.
Zaffaroni, como quedó dicho más adelante, rechazó el hábeas corpus y ¡hete aquí! que la Suprema Corte de Justicia nombrada por Videla REVOCA el fallo con graves cargos contra el juez que intervino ya que el juez (Zaffaroni) dice la Corte “debió extremar la investigación adoptando las medidas necesarias que exigían tales constancias, para esclarecer lo relativo al estado y situación personal de la nombrada y la verdad de lo ocurrido, ya que de la misma surgía ‘prima facie’, que aquella estuvo privada de su libertad por obra de funcionarios públicos”.
Y en los considerandos de la sentencia dice la Corte que la inacción o falta de investigación (del hoy “defensor de los derechos humanos”) llevaba a que “la suerte de la Sta. Ollero quedaba en total incertidumbre”.
La única posibilidad de saber sobre la suerte de la joven era que el juez Zaffaroni investigara un poco, no mucho más, qué había pasado con esa joven desde que la llevaron a la comisaría 49 hasta lo que hayan hecho con ella.
Seguramente su muerte.
Zaffaroni se ha defendido de esta (dicen los que quieren defenderle que luego ¡¿ayudó?¡ al padre de la joven desaparecida) y otras acusaciones (“yo no sabía de la represión, soy un juez de carrera", etc.)
Pero yo creo que en realidad le resbala todo.
Y quizá tenga razón.
Es uno de los triunfadores de este modelo de país.
Es un exitoso para “esta vidriera irrespetuosa de los cambalaches” en que se ha transformado nuestra patria.
Mientras los que debieran pedir disculpas sigan pontificando sobre derechos humanos (que es lo que realmente indigna), el recuerdo del Dr. Conrado Ortigosa Antón, el abogado que interpuso el primer hábeas corpus por un abogado desaparecido, seguirá esperando a que se imponga en nuestro saqueado país “la trama de los justos”.
Para poner las cosas en su lugar.

* norberto35@yahoo.es
ex juez cesante sin causa
por la dictadura de 1976

TRAS RENUNCIA, EL GOBIERNO REEMPLAZO AL PROCURADOR DEL TESORO


En la foto: Julio Alak, quien firmó la nueva designación junto a la Presidente, para el reemplazo de Guglielmino en el Tesoro


El Gobierno oficializó hoy la designación del nuevo procurador del Tesoro, Joaquín Pedro da Rocha, que reemplaza en el cargo al renunciante Osvaldo Guglielmino.
La dimisión de Guglielmino, en tanto, fue aceptada por la Jefe de Estado mediante el decreto 147/2010, también publicado en el Boletín Oficial.
La salida del jefe de abogados del Estado se dio en el contexto de la crisis política generada por el intento del Gobierno de usar reservas del Banco Central para pagar deuda.
La nominación de Da Rocha, ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, figura en el decreto 148/2010 firmado por la presidente Cristina Kirchner y el ministro de Justicia, Julio César Alak, y fue publicado en el Boletín Oficial.
"Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo ", se asegura en el artículo 2 del decreto, a modo de despedida.

LA PRESIDENTE CREE QUE A LOS ARGENTINOS NOS FALLA EL ÓRGANO DE LA COMPRENSIÓN



El diputado nacional Ricardo Alfonsín respondió a las acusaciones de la presidenta de la Nación, que dijo que desde la oposición -a diferencia del oficialismo- se pretende continuar endeudando al país.
“Este es un caso más de la falta de honestidad intelectual de los funcionarios del gobierno al analizar la realidad. Deben creer que a los argentinos nos falla el órgano de la comprensión”, dijo Alfonsín.
“Habría que recordarle, entre otras cosas, que una de las razones que fundamentan la creación del Fondo del Bicentenario fue que con el mismo se posibilitarían nuevos endeudamientos en los mercados internacionales, el mismo fundamento utilizaron para justificar el “Plan Canje de la Deuda” que, además, tiene como condición el préstamo internacional de 1.000 millones de dólares, que en el presupuesto enviado al Congreso y aprobado por el oficialismo se prevé un aumento del endeudamiento por U$S 15.000 millones, o que se les ha permitido a las provincias endeudarse para compensar los recursos que el Estado Nacional les quita”, aseguró Alfonsín.

BATALLON 601: DESCLASIFICAN IDENTIDADES DE QUIENES OCUPARON CARGOS


El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) entregó a la Justicia documentación sobre el Batallón 601, por la cual se conocerá las identidades de los militares y civiles que trabajaron para la inteligencia militar durante el gobierno del Proceso Militar (1976-1983).
La información es solamente una relación de cargos ocupados, y la ocupación de un cargo no resulta delictiva en sí, a no ser que se quiera detener, acusar, procesar y condenar a todos aquellos que ocuparon un cargo durante dicho período, lo cual sería lisa y llanamente convertirlos en presos políticos, no por haber cometido delito alguno, sino simplemente por ocupar un cargo.

La presidente Cristina Kirchner firmó un decreto de desclasificación de información secreta del Ejército referida al período 1976-1983 a principios del mes de enero de 2010, atendiendo al "derecho de la sociedad a conocer su pasado".
Como si tal documentación fuese suficiente prueba acreditante de delitos, fue entregada al juez federal Ariel Lijo. Se trata de los datos de 3.952 civiles y 345 oficiales del Ejércitos que trabajaron para el Batallón 601, según expresó al periodismo Ramón Torres Molina, presidente del Archivo.
"La información del 601 se distribuía entre los distintos cuerpos del Ejército y todo el personal de inteligencia militar se desempeñaba en centros ilegales de detención", afirmó Torres Molina, englobando a todos en afirmaciones universales sin probanza alguna. Asimismo, dijo que el Batallón reclutaba a informantes civiles avalados por personal militar o por otros agentes, y que el personal civil se elegía en todo tipo de actividades, desde profesores universitarios a trabajadores de maestranza (conserjes, porteros, empleados de mantenimiento en edificios), pasando por choferes, ex integrantes de las Fuerzas Armadas o jóvenes que habían terminado el servicio militar. Según esta versión, los agentes civiles reunían información o se infiltraban en grupos guerrilleros y organizaciones de derechos humanos, cobraban del Ejército y estaban divididos en categorías que se repartían en análisis de datos, grupos de apoyo e infiltrados con seudónimos -cuyas iniciales coincidían con las de sus verdaderas identidades- que podían alcanzar el equivalente al grado de coronel.
Torres expresó asimismo que tal estructura fue creada a principios de los años '70 y que se mantuvo al menos hasta el año 2000, cuando el Ejército despidió a unos 500 agentes civiles de inteligencia y disolvió el Batallón 601.
Además, Torres reconoce que no existen pruebas documentales: "en 1983 el Comando en jefe del Ejército ordena la destrucción de toda la documentación relacionada con la llamada guerra contra la insurgencia por decreto". Sin embargo, afirma que "existe mucha documentación, pero no ha aparecido", y sin fundamento alguno inventa la existencia de supuestas pruebas en el exterior, contradiciéndose al reconocer que la colaboración mantenida con autoridades y organizaciones humanitarias en ambos países no ha confirmado esa hipótesis".