viernes, 10 de mayo de 2013

AHORA, LAS CAJAS DE SEGURIDAD Y OTRAS LINDEZAS




Por Carlos Manuel Acuña

En nuestro último análisis político hablamos de las primeras señales indicativas de la gestación de una retirada desordenada por parte del gobierno, con la salvedad de que ese proceso no es inmediato pese a las señales que muestran una situación difícil y peligrosa en todos los sentidos. En ese trabajo no avanzamos sobre el notable proyecto de crear un sistema para la captación de dólares o simplemente de divisas, bajo la excusa de las grandes necesidades que se abren hacia el futuro inmediato y el agotamiento progresivo de las reservas del Banco Central. Ante la falta de liquidez, el gobierno propicia encontrar inversores que a cambio de un certificado puedan ingresar al país fondos virtualmente anónimos cualquiera sea su origen. El proyecto despertó una montaña de críticas por la posibilidad de que el narcotráfico aproveche para blanquear fondos mal habidos o que otros sectores del delito puedan hacer lo mismo. Más aún, surgieron dudas sobre si en realidad no se trata del montaje de una operación para lavar el dinero proveniente de la corrupción local, insistentemente denunciada durante las últimas semanas sin que se registren desmentidos oficiales. El tema también despertó inquietudes en otros países, especialmente aquellos que son paraísos fiscales o cuyos bancos aceptaron los depósitos que fueron denunciados como provenientes del poder kirchnerista. Dada la forma en que ha evolucionado este asunto y el nivel de las denuncias existentes, lo relacionamos con la llamada "democratización" de la justicia que en síntesis, significa otorgarle al Poder Ejecutivo una dosis de discrecionalidad absoluta y la correlativa destrucción de las libertades y derechos individuales.

Como no podía ser de otra manera, definimos este problema como parte de la descomposición política e institucional que se registra de manera progresiva y que contiene facetas tan escandalosas como que ha sido designado conjuez de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia el Dr. González Figueroa quien es abogado de uno de los principales cuestionados, Lázaro Báez, en tanto se amplían las denuncias contra el empresario Cristóbal López, del riñón del kirchnerismo. Este tema se ampliará durante los próximos días pese al intento oficialista de apartarlo del comentario público mediante el simple método de instalar un escándalo mayor o similar que distraiga a los argentinos.

Podríamos agregar más elementos de juicio en este sentido, pero por el momento diremos simplemente que están en riesgo las elecciones primarias, que podrá haber una lista única de candidatos opositores al Consejo de la Magistratura y que en Olivos y la Casa Rosada se estudian medidas complementarias a las que se han conocido hasta el momento. La más importante que se estudió con firmeza durante todo el día de anteayer y que llegó a desarrollarse en un borrador con diversas alternativas de implementación, es un estudio bastante avanzado sobre los resultados económicos que podrían obtenerse mediante la intervención oficial en las cajas de seguridad instaladas en bancos y cooperativas para uso de sus clientes. La finalidad es la de encontrar dólares - o cualquier otra monedad extranjera - cuyo origen y destino deberán ser explicados en todos los casos por los usuarios que de no satisfacer correctamente las respuestas a un cuestionario especialmente confeccionado para empresas y particulares. Consecuentemente, ese documento que tendría el carácter de declaración jurada, sería diferenciado en sus alcances y contenido y se fijarían algunas excepciones para aquellos que tengan compromisos demostrables y absolutamente ineludibles. Las divisas serían incautadas y pagadas en su equivalente de moneda argentina pero de acuerdo con los valores determinados por el tipo de cambio oficial. Por cierto, quedaría prohibida la simple tenencia de billetes que no estén respaldados por la documentación que otorgaría el Banco Central.

Antes de decidirse por el proyecto, se acordó que esta medida requeriría de un mayor estudio por sus implicancias legales y la severa reacción política que afectaría sensiblemente al mundo de los negocios. En esto estuvieron de acuerdo la misma Cristina que presidía la reunión de la que participaron Mercedes Marcó del Pont - tal vez la más sólida en el enfoque del debate - Ricardo Echegaray, Axel Kicillof, Guillermo Moreno y otros colaboradores que de todos modos esperaron la propuesta de los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel, partidarios de dos expropiaciones emblemáticas: Papel Prensa y parte del Grupo Clarín. Todos coincidían en que el escenario se les mostraba adverso por la confrontación política que se centralizaba en la disparidad de opiniones reflejadas por los medios y se asegura que no faltaron reflexiones acerca del proceso venezolano que, no obstante, muestra fisuras que afectan la estabilidad política del cuestionado Nicolás Maduro por encima del férreo control de la prensa que lograron los herederos del chavismo. Otra objeción se sustentaba en la posibilidad de que la Corte Suprema hiciera lugar a un pedido de amparo presentado por las empresas, circunstancia que está supeditada a las alternativas que surgirían de una acordada que declarara inconstitucional las normas convertidas en ley por el Congreso de la Nación.

También se resolvió llevar adelante una urgente evaluación jurídica acerca de las consecuencias de intervenir las cajas de seguridad, las resistencias que ofrecerían los bancos y los clientes afectados que se refugiarán en el derecho de propiedad establecido por la Constitución Nacional. El enfoque de aducir una situación de real emergencia no abriría el canal de legalidad necesario para la incautación, con el agregado de que ya se había corrido la voz en la plaza tal como lo evidencia la imposibilidad de obtener alguna caja en cualquier banco del Uruguay, destino preferido para el refugio de los capitales que se fugan de la Argentina.

Los conocedores de lo que ocurre sostienen que la urgencia del oficialismo para obtener liquidez que le permita llevar adelante "el modelo", está determinada entre otros factores, por el hecho de que a esta altura de las circunstancias existe alrededor de un 30 por ciento de la población que vive de los subsidios y que, en consecuencia, el gobierno necesita cuanto antes hacerse de fondos para mantener el mismo esquema. El problema se agrava por la imposibilidad de aumentar los impuestos y gabelas que ya despiertan serias quejas y hasta quiebras y despidos, pero sobre todo por la proximidad de las elecciones  que muestran la obvia necesidad de mantener fluída esta situación hasta que se produzcan. Lo que se ignora es que medidas adoptará el gobierno cuando esa liquidez se agote, proceso en ciernes que despierta profundas inquietudes pues, sin dudas, ahondará la inseguridad y afectará la paz social

LEY K PARA EXPROPIAR EL 24% DE LAS ACCIONES DE PAPEL PRENSA



El proyecto implica la introducción del Estado en el manejo de una Empresa privada, utilizando las instituciones del Estado para tales fines, e incluso estableciendo el tratamiento del orden del día de una Asamblea social. Así, el principio de subsidiariedad del Estado sería violado de aprobarse esta iniciativa de tinte stalinista.
Un grupo de diputados kirchneristas, encabezados por Carlos Kunkel y Diana Conti, elaboró un proyecto de ley para “declarar de utilidad pública” acciones de la empresa que manejan Clarín y La Nación. Con ese porcentaje el Estado, que actualmente tiene poco más del 27%, podría arrebatarle el control a los privados.

El kirchnerismo tiene listo un proyecto de ley para declarar de “utilidad pública y sujeto a expropiación el veinticuatro por ciento (24%) del patrimonio de Papel Prensa S.A. representado por igual porcentaje de las acciones clase A y C de dicha empresa”.

El proyecto lleva las firmas de los diputados Carlos Kunkel, Diana Conti, Andrea García, María Teresa García, Graciela Giannettasio, Gastón Harispe, Adriana Puiggros, Gloria Bidegain, Luis Cigogna y Dulce Granados.

En la oficina de Kunkel le confirmaron que el proyecto será ingresado al recinto en las próximas horas, aunque no tienen claro cómo ni cuando será el tratamiento.

Con este 24 por ciento de las acciones, el Estado lograría tener la mayoría accionaria de la empresa y le arrebataría el control al Grupo Clarín, que actualmente cuenta con el 49 por ciento de esas acciones. El Estado tiene hasta ahora el 27,46 por ciento más el 0,62 de la agencia Télam. Es decir, que si el proyecto avanza logrará el control total de la empresa. La Nación tiene el otro 22,49 por ciento.

El segundo de los siete artículos del proyecto establece que “deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros”.

“Los procesos de expropiación estarán regidos por lo establecido en la Ley 21.499 y actuará como expropiante el Poder Ejecutivo Nacional”, indica el artículo 3. Más adelante se explica que “el precio de los bienes” a expropiar se determinará de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la mencionada ley. “La tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nació”, completa.

El proyecto también indica que la empresa Papel Prensa “continuará operando como sociedad anónima abierta” y no le será aplicable la “legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”.

Por último, se establece que una vez promulgada la ley, la Comisión Nacional de Valores “convocará a una Asamblea de Accionistas a efectos de tratar (…) la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes y la designación de sus reemplazantes”.

En diciembre de 2011, el kirchnerismo ya había aprobado una ley con la que pretendió controlar la producción, distribución y comercialización del papel para diarios que se produce en esa empresa. Sin embargo, hasta ahora no hubo avances concretos sobre este asunto y los accionistas privados siguieron manejando la producción sin ningún control estatal.
Fuente: Tábano Informa


¿POR QUÉ CAPRILES SE DEJA ROBAR LA PRESIDENCIA DE VENEZUELA?



Por el Dr. Cosme Beccar Varela
Buenos Aires, 09 de Mayo del año 2013 -1161

Dentro de cinco días va a cumplirse un mes desde las elecciones fraudulentas realizadas en Venezuela, ganadas por el candidato opositor Capriles y perdidas por el sucesor de Chávez, quien, sin embargo, ha sido proclamado vencedor por las autoridades electorales corruptas y pro-comunistas de ese país y por los gobiernos que forman el bloque neo-marxista de América. Entre ellos, el de la usurpadora Kirchner que ayer recibió al falso presidente de Venezuela con bombos y platillos. Lo mismo hizo el ex-tupamaro Mujica en Uruguay y hará mañana la ex-guerrillera Rousseff en Brasil. 


El gobierno de Obama reaccionó como una fiera herida cuando los valientes hondureños depusieron mediante un juicio político perfectamente legal al presidente Zelaya en Junio del 2009 y rompió relaciones con ese pequeño país por el delito de haber defendido su libertad haciendo cumplir la Constitución que Zelaya violó al intentar el inicio de una revolución bolivariana bajo la sombra de Chávez


La OEA hizo lo mismo, con el izquierdista chileno Insulza, su Secretario General, a la cabeza. Todos los países del mundo siguieron, con hipocresía,  igual camino alegando la "defensa de la democracia". 


Pero ahora que se trata de la escandalosa usurpación del poder por el comunista venezolano Maduro, mediante un fraude burdo, la reacción de Obama ha sido dubitativa y tímida y los demás países "democráticos" han terminado por congelar el asunto. 


¿No se dan cuenta que esa usurpación es gravísima para el futuro de toda América y que, además de oprimir a un pueblo que acaba de vencer en las urnas rechazando al chavismo comunista, Maduro seguirá consolidando la horrenda tiranía de Cuba mediante continuos subsidios mientras que Cuba seguirá ocupando Venezuela con tropas y toda clase de agentes infiltrados en todo el cuerpo del Estado? 


Capriles, que fue el vencedor, si bien no ha reconocido a Maduro como Presidente, ha dejado pasar casi un mes sin actuar con la debida energía que el caso exige. Pedirle a las autoridades electorales chavistas que reconozcan que hubo fraude es lo mismo que pedirle peras al olmo. Jamás lo harán. 


Además, ¿por qué Capriles consintió que en las elecciones del 14 de Abril se volviera a votar por el sistema electrónico cuando ya en Octubre del 2012, al igual que en todas las elecciones anteriores en que Chávez se declaró victorioso, fue ese sistema el que le permitió fabricar un resultado falso favorable para él? 


En ese entonces publiqué una denuncia de un equipo de jóvenes controladores del sistema electrónico que mostraba el claro triunfo de Capriles sobre Chavez en la elección del 2012. Pero Capriles, para desconcierto de esos jóvenes y de todos los venezolanos patriotas, se apresuró a reconocer al falso triunfador, al tirano "bolivariano". (Ver el nro. 1137, del 18 de Octubre del año 2012 de "La botella al mar", titulado "CAPRILES ES EL PRESIDENTE ELECTO DE VENEZUELA. ES NULA SU NEGACIÓN DE LA MAYORÍA HEROICA QUE LO VOTÓ"). 


Ahora está actuando con una morosidad desconcertante y está muy lejos de darle a sus denuncias la dramaticidad que la situación exige. Y, nuevamente, ignora que el fraude ha sido sobre todo mediante trucos electrónicos, además de los otros miles de atropellos que ha denunciado en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. 


Dice que hay que “recontar los votos”. Pero, ¿cómo se van a "recontar los votos", cuando estos han desaparecido en las entrañas de las computadoras trucadas?  Los famosos "cuadernos" que reclama sólo pueden darle el número de votantes, pero no la forma en que votaron. 


Es necesario denunciar todo el proceso y no sólo ante las autoridades venezolanas sino en las Naciones Unidas, en la OEA, en el Congreso norteamericano y, sobre todo, ante la opinión mundial, mostrando las pruebas de los miles de casos de fraude físico y violento -que los tiene filmados y probados-  sino también mostrando los controles que hayan hecho jóvenes como los del 2012, que sin duda los habrá, para probar que el sistema electrónico ha sido viciado. 


Todo esto ya debería haber sido hecho de inmediato. Cada día que pasa, el usurpador Maduro se consolida con el apoyo del bloque neo-comunista encabezado por Rusia y China, e integrado por los serviles gobiernos de izquierda del mundo entero. Y cada día que pasa, la inercia escandalosa del gobierno de Obama y de los demás países "occidentales" convalida "de facto" el atropello contra su tan fingidamente venerada "democracia". 


No me extraña que Capriles esté entregando a su pueblo. Es un hombre de izquierda él también y, lamentablemente, no ofrecía ninguna garantía de Justicia y Libertad en caso de haber sido admitido su triunfo. Pero el pueblo que lo votó no es izquierdista, es el noble y católico pueblo venezolano que le impedirá cometer una nueva traición. 


Por último, es de esperar que las FFAA venezolanas cumplan con su deber de hacer respetar la Constitución y si un conjunto de generales venales pretenden impedirlo, que les exijan la renuncia y actúen como Dios manda. Si no lo hacen, estarán cometiendo el crimen de traición a la Patria, por permitir que Venezuela quede definitivamente sometida al comunismo. 


Cosme Beccar Varela