Por Enrique Szewach
La discusión surgida esta semana, en torno al intento de ampliar los derechos políticos del ANSES en las empresas privadas en las cuales posee una participación accionaria volvió a explicitar una serie importante de falsedades argumentales que se vienen repitiendo, al menos desde el debate que terminó con el régimen de capitalización hacia finales del 2008.
Paso a enumerar algunas:
1. Contrariamente a lo que se dice, el ANSES tiene un déficit estructural desde hace mucho tiempo, y éste se agravó con la generosa moratoria previsional instrumentada en los últimos años y con el aumento de la prestación surgida de la contrarreforma del 2008.
Los aportes a la seguridad social cubren sólo el 60% de los gastos totales del ANSES, el resto, unos 60000 millones de pesos, se completan con impuestos generales y parte de la coparticipación federal.
Aún descontando del ANSES gastos que no se relacionan estrictamente con el pago de jubilaciones (Asignación universal por hijo, transferencias a provincias, netbooks para los votantes jóvenes, etc), faltaría, aproximadamente, la mitad.
Por lo tanto, el ANSES no tiene superávit. Si se quieren aumentar más las jubilaciones o hay que generar nuevos impuestos o hay que redistribuir el gasto que hoy reciben otros.
2. El faltante “real” es aún mayor, porque a los jubilados que cobran más que la mínima, se les está pagando mal la jubilación actual, y también se calcula mal la jubilación inicial, por lo que se acumulan juicios que se pagan a cuenta gotas. Esa deuda no está contabilizada.
3. El famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es un fondo armado con los activos que tenían las AFJP como contrapartida de los aportes de sus afiliados. Por lo tanto, si es de “alguien”, es de los futuros jubilados, no de los actuales.
De todas maneras es un fondo “teórico”. Según el último informe oficial a noviembre del año pasado, alcanzaba la suma de 174000 millones de pesos. Contra ese “activo” habría que contabilizar el valor actual del “pasivo” que significa la jubilación futura de los trabajadores traspasados del régimen de capitalización al régimen de reparto.
Como les dije, ahora no sobra nada, así que los aportes mensuales de los trabajadores que pasaron al sistema de reparto se gastan en pagar la jubilación actual y no se ahorran. Pero, además, de esos 174000 millones, al menos 100000 son títulos públicos, es decir, deuda del propio Estado que, obviamente, no tiene el dinero para cancelarla, si hiciera falta.
Es sólo un asiento contable, sale de un bolsillo y entra al otro bolsillo y, en la práctica, debería netearse de la deuda total.
El gobierno ni siquiera genera superávit para pagar los intereses, dado que tiene que recurrir al Banco Central para que le transfiera pesos y para que le preste dólares.
En síntesis, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ni garantiza nada, ni es sustentable. Lo único que “existe” son los 78000 millones en activos “privados”, plazos fijos, acciones, fideicomisos, préstamos del Bicentenario, etc.
Pero, salvo las acciones de empresas privadas, esos fondos están prestados e inmovilizados y, en general, a tasa negativa, respecto de la inflación y la movilidad jubilatoria, por lo tanto, esta parte del fondo, unos 52000 millones de pesos, se reduce en términos reales día a día. Si hubiera que hacerlo "líquido", sólo serviría para pagar dos o tres meses de jubilaciones actuales, nada más.
4. Pasando al tema específico que hoy se discute. El Estado no es un “socio bobo” de las empresas, es un inversor minoritario, como cualquiera de los que compran acciones en la Bolsa. No es el caso de Papel Prensa que nació como una empresa mixta. Aquí las acciones fueron expropiadas por el Estado, nadie le vendió las acciones. Si existe un problema con el tratamiento de los accionistas minoritarios, en la Argentina, es un problema para todos los casos y debe resolverse regulatoriamente, y con la Comisión Nacional de Valores, y no nombrando directores que no harán nada, porque los grupos de control se aseguraron poder de voto mayoritario, antes de salir a cotizar.
Su único derecho será acceder a información relativamente sensible, lo que les permitirá algún que otro negocito con los amigos. Cobrar, sólo en algunos casos, honorarios, y hacer marketing político y ruido, y no mucho más.
Esto es sólo una parte de las mentiras y fantasías en torno al tema jubilaciones y los activos de la ANSES. Hay más pero no tengo espacio. O no me animo.
