Por Juan Carlos Neves
Presidente de Nueva Unión Ciudadana
Queridos amigos:
Los analistas políticos en la Argentina, como en cualquier país del mundo, se empeñan en desentrañar la realidad a partir de los datos que llegan a sus consultoras, a sus redacciones o simplemente a sus escritorios de trabajo. El resto de los ciudadanos nos encontramos generalmente en la situación de los esclavos encadenados que describía Platón en su célebre metáfora de la cueva, quienes solo podían interpretar la realidad a partir de las sombras de las imágenes de los verdaderos protagonistas de la vida. Igual que entonces, quienes detentan hoy el poder, fabrican sus propias imágenes, que nos llegan a través del relato de los periodistas amigos en forma de sombras deformadas y deformantes de la realidad. Muy de vez en cuando, las circunstancias llevan a los protagonistas a situaciones límites en las que podemos percibir cuánto hay de verdad en su relato y eso suele suceder cuando se llega al borde del abismo y surge la alternativa ineludible de saltar al vacío o retroceder avergonzado.
A una de esas situaciones nos había llevado la tozudez del gobierno que se había negado en forma ostensible a presentar un plan de pago que atendiera al cumplimiento de los fallos favorables a los tenedores de bonos que no habían entrado a los canjes de deuda. Estas sentencias emanaron de la justicia de los Estados Unidos, a la que en forma voluntaria, lamentablemente, nos habíamos sometido tanto durante el gobierno de Carlos Menem, como en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Nuestra actitud generó un durísimo fallo del juez federal de primera instancia Thomas Griesa, que nos obligaba a pagar toda la deuda de una vez, al contado y antes de atender los pagos regulares a los bonistas que habían entrado al canje. Si la apelación Argentina no era aceptada por la Cámara nos quedaba pagar en condiciones ruinosas o saltar al abismo de un nuevo “default”.
Pero a la hora en que mueren las palabras (y las bravatas) el gobierno de la señora Cristina Fernández retrocedió y ofreció la posibilidad de reabrir el canje para los acreedores a los que se empeña en continuar denominando “fondos buitres”. Esto permitió que la Cámara concediera una prórroga que permitirá a nuestro país presentar un plan de pago antes del 28 de Diciembre y tomar la decisión final de la forma de pago en Febrero.
El oficialismo festejó aunque no había mucho para festejar. Esa decisión nos habilita a pagar más de 3000 millones de dólares el 15 de Diciembre para no caer en “default” con los acreedores del canje y nos retrotrae a la situación anterior al fallo del juez Griesa que nos había pedido infructuosamente presentar el ahora festejado plan de pago. Es decir, que tuvimos que litigar, pagar onerosos estudios de abogados y sufrir, para quedar en la misma situación que por soberbia habíamos desatendido anteriormente. Al borde del abismo ya no hubo margen para hacer política interna “para la tribuna” y el oficialismo tuvo que someterse a las duras reglas de la realidad y la racionalidad. El precio que pagamos por la demora y las palabras desafortunadas es carísimo y reiterado. Solo cabe esperar que a partir de ahora el gobierno actúe con la actitud que corresponde a los países serios y no con la ligereza de los vanos transgresores verbales.
Otro protagonista del verbo inflamado que llegó al borde del abismo fue el senador Aníbal Fernández. Después de la huelga del 20 de Noviembre se permitió acusar al sindicalista Hugo Moyano de “traidor” y “alcahuete” pero fue mucho más allá al preceder el apellido de Moyano con los nombre del sindicalista Augusto Timoteo Vandor, quien fuera asesinado por agrupaciones terroristas acusado de haber traicionado a Perón. Estas manifestaciones lograron unir en indignado reclamo tanto a la CGT de Hugo Moyano como a la de Antonio Caló, más cercano al gobierno. El senador se mantuvo en sus dichos hasta que fue objeto de una denuncia penal por parte de Moyano por incitación a la violencia colectiva y apología del delito. Ante estas circunstancias su reacción fue hacer notar que nunca había nombrado el apellido de Vandor y negar las evidentes y peligrosas asociaciones que había generado. Esto puede ser considerado como una forma de tratar de evitar las consecuencias jurídicas por parte de un hábil declarador que provoca, sin asumir costos. Pero en el barrio lo llaman simplemente “arrugue” y así quedó instalado en la conciencia colectiva. Fue otro protagonista cuya imagen quedó desnuda ante la realidad.
Más allá de los casos individuales toda la Argentina transmite la sensación de país al borde del abismo. Así se desprende del documento producido por los obispos católicos que señalan con toda claridad los riesgos que corremos como sociedad “de dividirnos nuevamente en bandos irreconciliables”. Los obispos alertan también, recogiendo la información de miles de sacerdotes que están en contacto con millones de fieles, acerca de las presiones que inhiben a la libertad de expresión, el avance del narcotráfico, la inseguridad, el “caudillismo” y todas las desviaciones que afectan a la Constitución y al sistema republicano, representativo y federal. Solo quien desconozca cuán amplio es el conocimiento de la realidad social por parte de la comunidad eclesiástica y cuán preocupados deben estar los obispos para expresarse tan directamente, a pesar de su proverbial prudencia, puede menospreciar su mensaje como lo hiciera el vicepresidente Boudou expresando que a nadie le importa el documento emitido. Una muestra más de la negación que nubla al gobierno ante los datos dolorosos de la realidad.
Los grandes problemas que hoy nos conmueven no son heredados de antiguas administraciones. El agravamiento de la inseguridad es fruto de una concepción ideológica absurda acerca de la victimización del delincuente y la transferencia de culpabilidad al sistema social. La inflación fue creciendo en medio de la negativa estadística del gobierno hasta alcanzar el demérito de colocarnos dentro de los cuatro países del mundo con mayor incidencia de este flagelo. El deterioro que nos ha llevado este año a ser el peor país de la región en términos de crecimiento es la consecuencia de una sucesión de políticas públicas deficientes impuestas recientemente. La pérdida del autoabastecimiento energético es de absoluta responsabilidad de los actuales gobernantes y el costo de la compra de energía es un innegable factor de pérdida de competitividad y posibilidades de desarrollo. Lo más grave es que no hay voluntad política del gobierno para solucionar los problemas que ha creado, que en algunos casos se aferra a sus errores asimilándolos a una virtud y que aun si mostrara voluntad de cambio le sería difícil recuperar credibilidad y romper con sus aliados en la decadencia. Por eso estamos al borde del abismo y todo el esfuerzo apenas alcanza para no dar el fatídico salto ante una creciente intolerancia social.
Esta visión puede ser pesimista pero cómo cambiarla cuando vemos cómo se avecina un nuevo e innecesario atropello gubernamental impulsado por el deseo de terminar de una vez, el 7 de Diciembre, con el mayor multimedios independiente y suprimir así, gran parte de la capacidad de crítica a la gestión estatal. La Suprema Corte de Justicia tuvo la última oportunidad de evitar el choque. Se limitó a ordenarle al juez de primera instancia que falle “de inmediato” en la cuestión de fondo acerca de la denuncia del grupo Clarín. ¿Cuánto tiempo es “de inmediato”? Si esa expresión no asegura un fallo antes del día 7 de Diciembre, se cumplirá el deseo del gobierno de tener las manos libres para obrar según su omnímoda voluntad. La Corte dice que la falta de un fallo en la cuestión de fondo implica una denegatoria de justicia. Pero la Corte, en nuestra opinión, no es un órgano con funciones descriptivas o nominativas. Si hay denegatoria de justicia debería tomar las medidas para evitarlo. A la presentación de los miembros de la Cámara que denunciaron presiones ante la Comisión de Protección de la Independencia Judicial debería responder con acciones enérgicas. Lo que vemos, es un avance brutal del gobierno y en particular de su Ministro de Justicia sobre jueces y camaristas con el objeto de forzar un fallo favorable a sus posturas o una ausencia de fallo y una pasividad manifiesta del mayor órgano judicial que es la “última ratio”, la última barrera de defensa, para asegurar la independencia y el libre accionar judicial. La próxima semana, al escribir nuestro informe, tendremos una primera visión de lo que pasó el 7D. Esperemos que no signifique otro salto al vacío en este insensato bailar al borde del abismo.
Nos despedimos expresando el deseo de que el Tribunal del Derecho del Mar permita que la Fragata Libertad y su tripulación puedan estar en su patria para recibir con familiares, amigos y el pueblo todo, el nuevo año 2013. Quizás los tribunales extranjeros puedan arreglar los desmanejos de nuestro gobierno así como soñamos que los tribunales locales nos aseguren que la justicia sea como dicen los manuales, libre e independiente en sus fallos. Esa sería una señal de que somos capaces de alejarnos del abismo por la fuerza de nuestras instituciones, que es lo que debe ser.
Un abrazo para todos.
