La medida que recayó sobre el ex titular del Banco Central durante la administración menemista alcanzó también a una veintena de banqueros. Deberán enfrentar dos hechos de esa maniobra, perpetrados entre 1994 y 1995, por los cuales las arcas del Estado se vieron perjudicadas en más de u$s 58 millones y medio.
El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público la causa en la que el ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante la administración menemista, Pedro Pou y una veintena de banqueros están imputado por una defraudación cercana a los sesenta millones de dólares por la quiebra del Banco Medefin.
Fuentes tribunalicias confirmaron a Télam que la medida, dictada con la intervención del secretario Diego Slupski, también alcanzó a los ex integrantes del directorio del BCRA que encabezaba Pou, y a las ex cúpulas directivas del Banco de la Nación Argentinas (BNA), de la Ciudad de Buenos Aires y del Medefin.
La veintena de imputados deberá hacer frente a dos hechos de la compleja maniobra, perpetrados entre 1994 y 1995, por los cuales las arcas del estado se vieron perjudicadas en alrededor de 58 millones y medio de pesos, dólares por aquel entonces.
La elevación a juicio alcanza a Pou y a los ex directores del BCRA Marcos Rafael Saúl, Miguel Angel Ortiz, y Manuel Rubén Domper junto a los ex directores del Banco Ciudad Roberto Lisandro Barry, Héctor Abel Menéndez, Benjamín Leonardo Gesualdo, José González y Nicolás Waeiz-Wassing, entre otros.
También deberán sentarse en los banquillos de los acusados los ex directores del Banco de la Nación Genaro Contartese, Julio Dentone, César Ochoa, Juan Rigal Butler, Víctor Julio Bestiani, Alfonso Millán y Hugo Gaggero y a los ex ejecutivos del Medefín Daniel Cardoni, Ricardo González Vicorica, José López Mañan, Fernando José Mayorga y Vicente Gallo.
Torres ya había ordenado la elevación a juicio el 30 de octubre de 2008 pero esa medida no había efectivizado porque algunas defensas interpusieron nulidades a las que el magistrado no hizo lugar por lo que recurrieron a la Cámara Federal que, la semana anterior, confirmó esa resolución.
Una de las maniobras cometidas por los banqueros del Medefin, en posible connivencia con sus colegas del Nación, Ciudad y BCRA -todos con procesamientos confirmados por la Cámara Federal- consistió en solicitar créditos diversos utilizando siempre los mismos avales.
Al solicitar la elevación a juicio el fiscal Gerardo Pollicita había atribuido a los procesados los delitos de "administración infiel en perjuicio de la administración pública", en calidad de coautores para los responsables del BCRA, BNA y Ciudad y como "partícipes necesarios" (tiene la misma pena que el autor) para los banqueros del Medefin.
La norma citada por el representante del Ministerio Público es la prevista en el inciso séptimo del artículo 173 del Código Penal desarrollado en el capítulo titulado "estafas y otras defraudaciones". Ese texto prevé penas que llegan a los seis años de prisión a quien "por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido... perjudicare los intereses confiados".
"Entiendo que se han reunido elementos suficientes que permiten afirmar que los hechos y la responsabilidad que en ellos les cupo a los procesados, debe ser debatida en juicio oral tanto en lo que se refiere a las autoridades del Banco Medefin que solicitaron la ilegítima refinanciación como de los miembros del directorio del BCRA que aprobaron esa transformación del crédito existente", dijo al juez.
El magistrado añadió que "luego de efectuar un análisis global de lo actuado hacia esa época por parte del BCRA es posible indicar que el Banco Medefin se vio beneficiado con todo tipo de facilidades por parte de ente rector que van desde exceder todo límite legal y normativo... hasta el provisionamiento de liquidez mediante los redescuentos concedidos".
Torres consideró que las "facilidades" concedidas para la refinanciación de una deuda de más de 11años mediante la "liberación de garantías configuran un ’modus operando’ claramente diseñado por las autoridades del BCRA para beneficiar a esa entidad bancaria privada, en detrimento del erario público".
"Lo acaecido en el proceso de liquidación del ’Banco Medefin UNB SA’ con el crédito del BCRA demuestra el perjuicio económico que ocasionó a las arcas del Estado Nacional la extensa e indebida refinanciación otorgada a la entidad bancaria mayorista", explicó el magistrado.
El juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público la causa en la que el ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante la administración menemista, Pedro Pou y una veintena de banqueros están imputado por una defraudación cercana a los sesenta millones de dólares por la quiebra del Banco Medefin.
Fuentes tribunalicias confirmaron a Télam que la medida, dictada con la intervención del secretario Diego Slupski, también alcanzó a los ex integrantes del directorio del BCRA que encabezaba Pou, y a las ex cúpulas directivas del Banco de la Nación Argentinas (BNA), de la Ciudad de Buenos Aires y del Medefin.
La veintena de imputados deberá hacer frente a dos hechos de la compleja maniobra, perpetrados entre 1994 y 1995, por los cuales las arcas del estado se vieron perjudicadas en alrededor de 58 millones y medio de pesos, dólares por aquel entonces.
La elevación a juicio alcanza a Pou y a los ex directores del BCRA Marcos Rafael Saúl, Miguel Angel Ortiz, y Manuel Rubén Domper junto a los ex directores del Banco Ciudad Roberto Lisandro Barry, Héctor Abel Menéndez, Benjamín Leonardo Gesualdo, José González y Nicolás Waeiz-Wassing, entre otros.
También deberán sentarse en los banquillos de los acusados los ex directores del Banco de la Nación Genaro Contartese, Julio Dentone, César Ochoa, Juan Rigal Butler, Víctor Julio Bestiani, Alfonso Millán y Hugo Gaggero y a los ex ejecutivos del Medefín Daniel Cardoni, Ricardo González Vicorica, José López Mañan, Fernando José Mayorga y Vicente Gallo.
Torres ya había ordenado la elevación a juicio el 30 de octubre de 2008 pero esa medida no había efectivizado porque algunas defensas interpusieron nulidades a las que el magistrado no hizo lugar por lo que recurrieron a la Cámara Federal que, la semana anterior, confirmó esa resolución.
Una de las maniobras cometidas por los banqueros del Medefin, en posible connivencia con sus colegas del Nación, Ciudad y BCRA -todos con procesamientos confirmados por la Cámara Federal- consistió en solicitar créditos diversos utilizando siempre los mismos avales.
Al solicitar la elevación a juicio el fiscal Gerardo Pollicita había atribuido a los procesados los delitos de "administración infiel en perjuicio de la administración pública", en calidad de coautores para los responsables del BCRA, BNA y Ciudad y como "partícipes necesarios" (tiene la misma pena que el autor) para los banqueros del Medefin.
La norma citada por el representante del Ministerio Público es la prevista en el inciso séptimo del artículo 173 del Código Penal desarrollado en el capítulo titulado "estafas y otras defraudaciones". Ese texto prevé penas que llegan a los seis años de prisión a quien "por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido... perjudicare los intereses confiados".
"Entiendo que se han reunido elementos suficientes que permiten afirmar que los hechos y la responsabilidad que en ellos les cupo a los procesados, debe ser debatida en juicio oral tanto en lo que se refiere a las autoridades del Banco Medefin que solicitaron la ilegítima refinanciación como de los miembros del directorio del BCRA que aprobaron esa transformación del crédito existente", dijo al juez.
El magistrado añadió que "luego de efectuar un análisis global de lo actuado hacia esa época por parte del BCRA es posible indicar que el Banco Medefin se vio beneficiado con todo tipo de facilidades por parte de ente rector que van desde exceder todo límite legal y normativo... hasta el provisionamiento de liquidez mediante los redescuentos concedidos".
Torres consideró que las "facilidades" concedidas para la refinanciación de una deuda de más de 11años mediante la "liberación de garantías configuran un ’modus operando’ claramente diseñado por las autoridades del BCRA para beneficiar a esa entidad bancaria privada, en detrimento del erario público".
"Lo acaecido en el proceso de liquidación del ’Banco Medefin UNB SA’ con el crédito del BCRA demuestra el perjuicio económico que ocasionó a las arcas del Estado Nacional la extensa e indebida refinanciación otorgada a la entidad bancaria mayorista", explicó el magistrado.
