La Justicia platense prohibió a la Policía de la Provincia detener menores de 18 años de edad por figuras que consideró “inconstitucionales” tales como la averiguación de identidad o antecedentes, además de otras que establecían contravenciones –aunque no delitos- por el comportamiento de los menores en la vía pública.
En la resolución, firmada por el Juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, se intimó al ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, a presentar “dentro del plazo de diez días”, los registros policiales sobre pedidos de captura o averiguación de paradero de menores de edad, y su urgente actualización; además de exhortar al Poder Ejecutivo y a la Legislatura que “adopten las medidas necesarias a fin de adecuar, en el plazo más breve posible, la normativa local a los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”.
El fallo se produce en medio del debate abierto acerca de la baja de imputabilidad de los menores; una discusión que planteó el gobernador Scioli y que disparó una fuerte polémica, todavía abierta.
Arias resolvió un hábeas corpus colectivo presentado ante su Juzgado por la Defensoría Oficial de Responsabilidad Penal Juvenil; en la que se objetaban los procedimientos policiales habituales, que se enmarcan en las figuras de “detención por averiguación de identidad”; “detención por averiguación de antecedentes” y o en contravenciones y demás aprehensiones registradas como “entrega de menor” y “pedidos de captura” o “averiguación de paraderos”,
El fallo, declaró la “inconstitucionalidad del Decreto- Ley Nº 8.013/73 y el artículo 15 de la Ley 13.482, en cuanto permitan la aprehensión o detención de menores de 18 años de edad”.
Opiniones desde la Corte Suprema nacional
Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema, reclamó a los jueces una psotura más firme en el tema de liberación de los presos que luego reinciden. "La gente tiene derecho a la seguridad", sostuvo, sumándose a quienes exigen mayor firmeza de los jueces en la liberación de presos reincidentes. Asimismo, sostuvo que "hay que respetar el derecho al debido proceso", pero aclaró que "la gente tiene derecho a la seguridad", en el marco del coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata.
A su vez, Néstor Kirchner en calidad de titular del Partido Justicialista abordó la misma cuestión durante un acto en el conurbano afirmando que: "Es hora de que la Justicia se ponga los pantalones". Coincidentemente, la presidente Cristina Fernández tras el asesinato cometido hace 10 días en San Isidro del ingeniero Ricardo Barrenechea, se quejó de que "la Policía detiene y luego los jueces liberan".
Por su parte, la jueza Carmen Argibay expresó que la solución frente a la inseguridad "no está en bajar la edad (de imputabilidad) ni en subir las penas, porque ya se ha demostrado mil veces que esto no da resultado", calificando tales posturas como "reacciones virulentas".
Lorenzetti consideró ayer que "el problema es adónde se lleva a los chicos" que participan en delitos. "Es muy importante tener un lugar donde estos menores se reeduquen, y no donde se formen delincuentes profesionales", dijo.
La discusión comenzó tras el crimen del carnicero Abel Rossi, 51, cometido el 16 de octubre en el barrio de Versalles. Ese asesinato, igual que el del ingeniero Barrenechea -fusilado adentro de su casa cuando quiso impedir que los ladrones se llevaran a una de sus hijas- provocó importantes concentraciones de vecinos, que tanto en Capital como en Provincia marcharon pidiendo más seguridad.
Uno de los jóvenes partícipes del homicidio de Versalles había sido liberado por el juez Bernardo Mogaburu de Morón, y esa decisión provocó la reacción de varios funcionarios. Entre ellos el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, quien pidió a los jueces "ajustarse a derecho".
Finalmente, Arias aclaró: “lo que estamos prohibiendo es privar de la libertad a menores, pero no quiere decir que la policía no tenga que actuar. Puede hacerlo preventivamente, escuchar a los menores que están provocando alguna situación pero no llevarlos a la comisaría. Tiene que intervenir previniendo pero no puede llevarlos preso. Debe advertir, separar y adoptar todas las facultades que están a su alcance vinculadas a la prevención”.
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