Por Oscar A. Vigliani *
Los militares y policías empleados por el Estado para combatir a las bandas terroristas en los ´70 son parias de la democracia.
Constituyen el único grupo social privado de las garantías constitucionales que la Nación reconoce para todos sus habitantes. Para ellos, y sólo para ellos, no es aplicable el instituto de la prescripción. Sólo a ellos no se les reconocen los derechos adquiridos por dos leyes de amnistía dictadas por el Congreso, se los persigue por delitos no tipificados en la legislación y se les aplica retroactivamente la ley penal más gravosa. Y no se les reconoce el instituto de la cosa juzgada, ni las leyes humanitarias (están en la cárcel hombres de más de 80 años de edad), ni las leyes sobre excarcelación (hay quienes llevan 8 años en prisión sin condena). Se les dividen las causas de modo de juzgarlos 4 ó 5 veces mientras tienen 10 ó 15 causas más en espera. Desde la reapertura de las causas en 2003, más de 90 de ellos han muerto en prisión ante la pasividad de los jueces, del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema.
“Hay que apurar los juicios”, disparan desde despachos oficiales, ocultando que hay más de 600 militares y policías detenidos (muchos de poco más de 50 años), por lo que este tema -que las “organizaciones de derechos humanos” quieren extender a civiles- brinda una perspectiva de 30 años más de juicios.
Hay que dejar de mirar para otro lado: si el peronismo y la Junta Militar abandonaron la legalidad para alcanzar la victoria, abandonar la legalidad en democracia para alcanzar lo que algunos creen justicia, es la negación del sistema. Podrá parecernos justo que algunos estén presos o injusto que otros estén libres, pero los delitos sucedieron hace 35 años, ya pasó todo plazo razonable para su juzgamiento, y los acusados recibieron, además, amnistías e indultos que no les pueden ser quitados.
Lo único sobre lo cual tenemos certeza es que unos están ilegalmente presos, mientras otros (los terroristas) están legalmente libres. Debemos alcanzar la concordia terminando con una enfermedad argentina: la de intentar obtener justicia incumpliendo la ley.
* Miembro de la Asociación Civil Abogados por la Justicia y la Concordia.
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