UNA POLÍTICA MODERNA DE PRODUCCIÓN DE CARNES

Por Arturo Navarro

Al inicio de 2013 nos sorprendió la información que exportaremos solamente un 7% de la carne vacuna que producimos, mientras Brasil, Uruguay y Paraguay exportaran cada uno más carnes que nosotros.

Una marca registrada como es la carne argentina en el mundo por la calidad, la estamos regalando por falta de una política de Estado moderna de producciones de carnes, que nos permita adaptarnos a los nuevos escenarios para poder abastecer mejor los mercados internos y externos con proteínas animales. Esta performance totalmente negativa, está relacionada a las políticas económicas macro que le han quitado competitividad a todas las actividades para producir y exportar. La situación del sector ganadero se ve agravada, al tener 15% de derecho de exportación y soportar desde hace años todo tipo intervenciones discrecionales en el negocio empresario, que terminaron limitando las inversiones en la cadena pecuaria que necesita invertir a cinco años como mínimo. Se ha cumplido nuevamente la premisa peronista de darle de comer carne barata al pueblo en general y aunque dejemos de exporta al mundo. Culturalmente la mayoría de nuestra dirigencia sigue pensando que el país tiene que ser exportador de saldo. Mientras nosotros implementamos estas políticas, Brasil, Uruguay y Paraguay, nos superaron como exportadores confiables en cantidad. Cuándo se consulta a la dirigencia de dichos países cómo lo hicieron, la respuesta es automática: gracias a los horrores cometidos por ustedes y a la visión estratégica de nuestros empresarios y funcionarios que miran hace mucho tiempo el mundo de otra manera. ¿Cuál sería la alternativa para cambiar nuestro sistema de producción? Que nuestra dirigencia cambie lo que viene haciendo hace 60 años y promueva las políticas de Estado que necesita el sector para darle previsibilidad a quien invierte. La base principal de dichas políticas, sería definir el marco institucional mínimo que permita aumentar la producción y exportación de proteínas animales en forma sostenible, para poder abastecer simultáneamente el mercado interno y la creciente demanda global. El desafió de nuestra dirigencia es demostrar que cuando mayor cantidad exportemos, mejor vamos a abastecer el mercado internos en calidad y en precio. No tienen que seguir defendiendo una propuesta de producción de carne vacuna aislada de las otras producciones. Tienen que analizar que los grandes exportadores de carne vacuna son también importantes productores y exportadores de carnes de ave y de cerdo, transformado los granos en proteína animal en los clusters regionales para optimizas los costos de producción y de comercialización. Esta acción completaría –granos + carnes- si se generaliza, es la base fundamental para promover un desarrollo moderno en cada región del país, por medio del complejo agroindustrial junto a los otros sectores de la economía. Entre algunas premisas para concretar un marco institucional puedo mencionar: - Establecer por ley la prohibición al Estado de intervenir en el negocio empresario. Fue lo que hizo Uruguay para concretar la actual política de carnes exportando a los países de mayor poder adquisitivo los cortes de mayor valor y atendiendo el consumo interno con la “la barata” sin tener que reducir el consumo. - Establecer por ley un único estándar sanitario para todas las plantas de faena. Transparentar el mercado de las carnes es un objetivo prioritario para que exista una sana competencia y vengan nuevas inversiones. - Establecer un sistema mínimo de trazabilidad que responda a los estándares internacionales, profundizar las campañas sanitarias para estar libre de toda epizootia y desarrollar un sistema moderno para el bienestar animal desde el campo hasta la góndola. - Establecer sistemas de comercialización por cortes, para aprovechar el 100% de la media res. De esa forma se atiende en forma competitiva las diferentes demandas por zona y poder adquisitivo, optimizando los costos de los fletes. - Analizar y planificar la necesidad de reformular y relocalizar las industrias frigoríficas, según sean las nuevas zonas de producción como el NEA y NOA, entre otras. Una industria frigorífica muy atomizada tiene un alto costo fijo, que termina pagando productores y consumidores dicha ineficiencia. - Promover un sistema de distribución de la cuota Hilton por licitación cuya principal condición debería ser que el frigorífico que licita tenga el aval de los productores que van a ser los proveedores de los animales. - Analizar el funcionamiento de un mercado a término, para poder arbitrar los precios a mediano plazo entre quienes producen, comercializan y exportan. Con un volumen mayor de producción y exportación de carnes, sin la intervención del estado, es factible concretarlo para estabilizar el negocio a mediano plazo. - Promover el aumento de la producción de cerdo y su consumo en cantidades similares al pollo para poder aumentar la exportación de carne vacuna y arraigar a nuestros productores en explotaciones mixtas, en el marco de un plan de desarrollo a largo plazo. - Establecer un sistema universal para atender a los habitantes que están debajo de la línea de pobreza. Asegurarse de que todos puedan acceder a su cuota básica de proteínas. Pero esto no implica que haya subsidiar la carne vacuna a los 40 millones de argentinos ni que la única proteína a consumir debe ser carne vacuna. Conclusiones: Una política de carnes moderna necesita estar incluida en un plan nacional de crecimiento y desarrollo, con una visión estratégica para el arraigo en todas las regiones del país. En este sentido, es fundamental integrar la producción de granos y de carnes, promoviendo su transformación en el lugar de origen. Dichas producciones no son antagónicas sino complementarias, agregan mano de obra y valor a las exportaciones. Hay que ponderar el desarrollo que tuvo la producción avícola con este gobierno, pero no es repetible ni debe continuar el sistema de intervención y subsidios, porque lo hizo a costa de muchas inequidades y frenar la producción del maíz que no superar 20 millones de toneladas por falta de rentabilidad. Sin derechos de exportación, sin subsidios e intervenciones discrecionales, en el actual ciclo 2013 se hubieran logrado 40 millones de toneladas y la rotación de los cultivos estaría agradecida para una mejor conservación de los suelos. La meta no es volver a comer 72 kg de carne vacuna por persona. La meta es consumir 50 kg. o menos y complementar con carne de aves, cerdo o pescado. Cuando menor sea la cantidad de carne vacuna que se consume internamente, más importante serán los volúmenes de exportación, lo que le dará estabilidad al negocio. Cambiando la dieta de consumo por medio de una campaña de comunicación generalizada y un precio alto de la carne vacuna alejado de las otras carnes, podemos concretar la meta de exportar el 50% de la producción de carne bovina, aumentando nuestra producción por un mejor manejo y mayor productividad de los rodeos. El año electoral sería el ámbito ideal para que la cadena pecuaria defina en conjunto una propuesta moderna y la presente a todos los partidos políticos para que sea tema de la campaña. Así, más rápido que pronto, se podría lograr el apoyo legislativo para recuperar el stock perdido y empezar a crecer nuevamente en nuestra exportaciones, aprovechando las condiciones ideales que nos presenta el mundo.

EL CAMPO NECESITA POLÍTICAS PREVISIBLES

Por Arturo Navarro (*)

La realidad dice que si se permitieran exportar los saldos residuales de trigo y maíz de la cosecha 2010 el gobierno no tendría necesidad de prohibir las importaciones de fertilizantes y agroquímico. Las 3.5 millones de toneladas de trigo y ocho millones de toneladas de maíz, ambas residuales de la campaña anterior, aportarían al tesoro nacional 1.300 millones de dólares.

Además de aportar esa suma de dólares para ayudar a calmar al juego desatado por la venta de dólares, permitiría al sector liberar la capacidad de almacenaje cuando estamos en la puerta de las nuevas cosechas. El trigo tiene una proyección de 12 millones de toneladas, que asegura la provisión para el mercado interno. Por su parte, la proyección para el maíz es de una cosecha record  de 28 millones de toneladas que aseguran 8 millones para el consumo interno dejando 20 millones de toneladas para exportar.

El cuadro anterior muestra que estamos inventando problemas que no existen, desde el dólar hasta las restricciones para exportar. El mensaje real que no se quiere leer es el siguiente: si en los últimos ocho años hubiéramos tenido políticas permanentes estaríamos produciendo por lo menos 20% más en cualquiera de las cosechas indicadas.

Mirando esta realidad es difícil no hacer el siguiente comentario. Un país que, como se dice todos los días, está en condiciones de producir alimentos para 400 millones de personas no puede producir para 40 millones. La única explicación es una tremenda y artificial distorsión oficial de su mercado interno. Todo lo demás es una conversación.

Pretender controlar el mercado agropecuario con los mismos métodos que se utiliza para regular el mercado cambiario es conseguir resultados opuestos a los que se busca. Desde que se intervino en el mercado ganadero los precios se multiplicaron por tres y el stock se redujo un 20%. Ocurre que el mercado siempre funciona y los precios y la producción se ajustan en función de la oferta y la demanda.

Por otra parte, el sector agropecuario y agroindustrial sufren un perjuicio directo con un doble mercado cambiario porque siempre sus insumos se compran por el paralelo y la producción se vende por el oficial. Este es el motivo más simple por el cual el sector busca atesorar la mayor cantidad de dólares, no por especulación sino para defenderse.

Ocurre que los tiempos de los políticos no siempre son los de los productores. Para los tiempos productivos lo que no se hace hoy recién se puede corregir el año que viene. Para corregir esta distorsión y atento a que el país necesita la mayor cantidad de dólares genuinos la mejor política sería destrabar toda la maraña burocrática y discrecional que tiene los dos sectores.

La Presidenta debería estar muy tranquila en el sentido que la mayor cantidad de dólares que tiene el sector agropecuario y agroindustrial no los transfiere a otros mercados sino que los revierte en el país. Se necesitan solo políticas que eliminen la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones del sector.

(*) Consultor. Director del Área Cadena Agroindustrial de Carta Política.

¿PORQUE ESTA EN CRISIS LA COMISION DE ENLACE?

Por Arturo Navarro 

 

La Comisión de Enlace está en crisis  porque hay dos proyectos totalmente diferentes,   por lo cual es muy difícil que  puedan  convivir mucho tiempo más  en la actuales condiciones. Este es el principal motivo  de  porque no  se pusieron de acuerdo  con  ninguna  propuesta en el   poder legislativo. Al tener que resolver por unanimidad   se anularon  mutuamente.

Mientras FAA defiende un proyecto mas  estatista e intervencionista, las otros entidades defenderían  un proyecto más integrado  al mundo con el  rol protagónico del  mercado,  sistema que permite  saber  cuál es  el  precio  real de un producto disponible y cuál es el  precios  a  futuro de dicho bien si  funcionara   a pleno  los mercado  de futuro. Hoy es indispensable para quien invierte y trabaja  a la intemperie  poder asegurar todos los riesgos previsibles. Hay herramienta para fijar el precio  que uno  venderá su  cosecha en el momento de la siembra,  como  asegurar los riesgos climáticos por medio de un seguro. Los riesgos políticos, por  la intervención discrecional  del gobierno- de este o de cualquier otro que venga - no existe ningún instrumento para  cubrirse,  por lo cual  los operadores  del mercados toman  márgenes más amplios en sus transacciones,  ante  la intervención de un burócrata. Todos los riesgos del mercado no previsible se pagan  siempre con más primas.

La gran mayoría de los productores sin distinción de tamaño  quieren trabajar con libertad, con dignidad y  con  pleno respeto a  su  propiedad privada. No quiere subsidios, compensaciones ni  discriminaciones entre productores, producciones y regiones. Están hartos del argumento  que en defensa  de los pequeños productores  le quiten parte de  su venta bruta,  con el compromiso de restituirles a los más chicos dicha confiscación. Estos mismos productores descreen de este sistema  y se generaliza el reclamo “para que me sacan   si después me lo van a devolver”. Todos los productores  lo que necesitan son   políticas de estado que le den  previsibilidad a  su inversión  y al fruto de su trabajo.

La Comisión de Enlace  no debe ser una estrategia para únicamente actuar  cuando hay crisis en el  sector. Justamente, se van a repetir las crisis y los ataques,  por no trabajar unidos atrás de   propuestas común. La unión de las entidades en forma permanente es un reclamo de todos los productores, pero dicho apoyo no  está condicionado a que lo tengan que hacer   por  unanimidad.   Motivo por el cual es necesario institucionalizarla  como una entidad supranacional  que actué por mayoría  en el trabajo legislativo,  para  concretar las política de estado que necesitan los productores y el país.  Si  realmente queremos darle continuidad al gran esfuerzo  y expectativa que creó su formación,  quienes  estén  de acuerdo deberían apoyar esa alternativa. Seguir trabajando como hasta ahora  es firmarle  el acta de difusión. En la idiosincrasia del productor agropecuario  toda lo que  no da fruto se descarta.

La batalla cultural sobre  las política para el sector la viene ganando la FAA con sus propuestas. Esto se vio en los debates parlamentarios y la  aceptación en los medios de comunicación. Lo que no está en los medios masivos no existe. Su estrategia de comunicación  es positiva para sus fines  lo cual no significa   coincidir   con las propuestas. Están es la antípoda de lo que reclaman la gran mayoría de los productores y el interior desde el 2008 y de lo que son las políticas para el sector de nuestros competidores como es el caso del Brasil, que pudieron triplicar  su producción y exportación, estabilizar  sus productores en las regiones que trabajan y permitió que el 50% de la población  pasara a ser  clase media, achicando la marginación y el hambre en sus población.

Las otras entidades deben abandonar su acción pasiva y hacer público - en forma individual o en conjunto -  cuáles son  las propuestas concretas de  política estado que recupere la prosperidad y la estima de  todos los argentinos.  Con dicha  actitud no van a   romper  la Comisión de la Enlace,   van  a recuperar el apoyo de la gran mayoría de productores que están reclamando un cambio profundo  en la  acción gremial de las entidades. En el país los silencios hicieron mucho más  daño que lo que las manifestaciones  públicas.

Con este cambio de  actitud  la opinión pública va a conocer  cuál es el proyecto moderno que necesita el sector agropecuario y agroindustrial, para poder ser parte  integral de un proyecto  de crecimiento y desarrollo  con los otros sectores de la economía. Un proyecto que  le  permita a la argentina ser uno de los grandes protagonistas  en la  producción  y exportación confiables de alimentos al mundo en  los próximos  años para poder reducir  el hambre,  por medio de la educación, la innovación, las nueva tecnología y una gestión empresaria moderna que contenga a todos los productores sin ninguna discriminación.

Cuando más alimentos exportemos mejor vamos a abastecer el mercado interno de todos los argentinos,  porque vamos a generar  trabajo genuino para  terminar con el hambre de muchos compatriotas. El Complejo Agroindustrial es la industria más importante y competitiva  del país   porque está localizada en todos los rincones de la patria, motivo  por lo cual tenemos la obligación de ponerla a trabajar a toda máquina para aprovechar las extraordinarias condiciones externas  y detener la emigración del interior a los grandes centros urbanos. 

ESTRATEGIAS Y DEFINICIONES A TOMAR POR LA COMISIÓN DE ENLACE

Por Arturo Navarro

Consultor

La Comisión de Enlace  tiene que   asumir  que  ganarle  a los Kirchner en el 2011  es más  fácil que cambiar el actual proyecto   de  país  que defiende  gran parte nuestra  dirigencia nacional. Si no se produce un cambio de 180 grados el sector agropecuario y el interior seguirán pagando la fiesta como siempre. Por lo tanto mucho tiene para hacer  la Comisión de Enlace para concretar y consolidar  poder político similar  a los otros sectores de la economía para sacar definitivamente al país de la actual situación.

Una importante  mayoría de los dirigentes políticos proyectados actualmente proponen políticas muy similares a  la  actual.  Cambiarían  las formas  pero el fondo es similar si  analizamos los proyectos y los debates parlamentarios.

Hay que  saber distinguir muy bien las “políticas de estado” de las “políticas estatistas”. Lamentablemente  muchos de esos  dirigentes   están por esta última. Reclaman volver al federalismo   pero  apoyan  los  derechos de exportación y otros impuestos distorsivos, como si siguiéramos  en emergencia económica. Defienden las retenciones en  función  de  la seguridad alimentaria y la distribución de la riqueza,   mientras   la pobreza aumenta, la mala distribución de la riqueza  se profundiza y las concentraciones en los grandes centros urbanos siguen creciendo. No hay ningún  acuerdo formal  para el país, sobre  un nuevo proyecto a respetar por todas  las fuerzas políticas  a partir de diciembre del 2011.

Asumamos también  que todo lo que  sucede  no es  responsabilidad solamente del matrimonio Kirchner, es  responsabilidad   de gran cantidad de dirigentes oficiales y privados que apoyaron este modelo  del  “partido del poder”,  porque disponían de plata fácil de esa manera. Mucho daño hicieron también quienes  callaron mucho tiempo y ahora salen a reclamar porque la discrecionalidad del gobierno les llego ahora  a  sus empresas.

El país   tiene que definirse  por uno de los dos  sistemas   económico que existen en el mundo:  El  sistema capitalista que nos  integre  a todos los mercados del mundo en libertad para poder crecer y desarrollarnos equitativamente  o  un proyecto cerrado  para el mercado interno de  sustitución de importaciones como el actual con los resultados que ya conocemos. Por lo tanto no  hay mucho más  tiempo que perder para tomar  esta  decisión, si queremos  detener la fuga de capitales y dar previsibilidad  a  las inversiones  para que vuelvan al país  única manera de  generar   trabajo genuino.  Me pregunto: ¿Por qué  toda la dirigencia  pondera  las virtudes  Brasil y hacen todo lo  contrario internamente? ¿Precisamos seguir aumentado la pobreza para darnos cuenta de cuál es el camino de la prosperidad para el conjunto de toda  la sociedad?

La situación en que se encuentra la Comisión de Enlace  es  una  muestra  más  de  la dirigencia en general.  Al  no haber  presentar ningún proyecto en conjunto no ha podido consolidar su gestión con hechos concretos.  Hay  dos proyectos en pugna  diametralmente opuestos que más  rápido que pronto  van a tener que definir.

El debate   y el  estado actual de los temas fundamentales como el ONCCA y  los derechos de exportación es la demostración  más  cabal  que avala mi afirmación. Pretender avanzar  ahora  con  proyectos conflictivos como  la ley de arrendamientos, la extranjerización de tierras, una nueva Junta Nacional de granos y el fomento de la producción de carnes segmentando  productores chicos y grandes, es  agravar la relación de la Comisión de Enlace y  dejar  la decisión que necesita el sector  en la vieja dirigencia que quieren profundizar este proyecto,  por  no haber podido sus dirigentes acordar propuestas para revertir la actual situación.

Las grandes mayorías de productores   quieren trabajar,  producir y exportar  en  un sistema  económico que le permita al país  posesionarse en el mundo. Las bases de ese proyecto son la   libertad, el respeto a  la propiedad privada,  igual  tratamiento  para todos los sectores y el mayor  uso de las nuevas tecnologías y  prácticas  agronómicas  promovidas  por medio de la educación. Quieren trabajar con dignidad  sin discriminación y  sin subsidios. Quieren trabajar para que el  país sea un  proveedor confiable de alimentos y  contar con un estado  que cumpla con todas las funciones indelegables.

                Ante la actual situación mi propuesta   para la estrategia futura  de la Comisión de Enlace - si no hay  acuerdo  en    las políticas  generales -  por lo menos habría  que  promover  las políticas  específicas  para el productor   para no perder el ciclo legislativo del 2011. Entre ellas puedo mencionar: “La modificación de la ley de propiedad intelectual  sobre el uso  de semillas y el pago de regalías”; “Políticas  para cubrir los  riesgos agrícolas y comerciales”; “Incentivo al  mayor uso de fertilizantes condicionado a las buenas  rotaciones  y prácticas agrícolas”; “Nuevo régimen  para regular el uso de agroquímicos”;  “ La modificación de la actual ley de warrant” entre otros temas.

Si hay capacidad de diálogo, el Ministerio de Agricultura y   la Comisión de Enlace deberían promover y acordar  sobre dichos  proyectos aunque no sea por unanimidad, porque son  indispensables para una política moderna  para el productor y para el país.

Los productores y la  opinión pública  necesitan ver hechos concretos que justifique  la unidad de la  Comisión de Enlace hasta poder  lograr de esa forma  en el mediano plazo  la  institucionalización con  todas las entidades gremiales y técnicas de productores nacionales,  que  apoyen un  sistema económico que nos integre   al mundo en bases a la libertad. Quien no este en esta idea se tendrá que juntar con los que piensan en otro modelo, porque es la  única forma de poder trabajar y concretar las políticas que necesitan el país y el sector cuando  la decisión se define por  mayoría en un sistema institucionalizado.

El objetivo principal para el país es aumentar la producción y su transformación  para  exportar   productos transformados de mayor valor.  Al mismo tiempo es  la mejor política para  atender mejor   la seguridad alimentaria y que  el estado cuente con los   recursos genuinos para atender todas las funciones indelegables entre las cuales está la atención de la agricultura familiar y  a todos los habitantes que no tengan cubiertas sus necesidades básicas.

NUEVOS EVENTOS BIOTECNOLÓGICOS MEJORAN LA COMPETITIVIDAD

Por Arturo Navarro (*)

Al hacer un analice de lo sucedido en el XVIII Congreso de AAPRESID se puede afirmar que la Argentina perdió el primer lugar en el desarrollo comercial de la biotecnología en Sudamérica por falta de una visión moderna del país sobre orientaba del mundo en dicho desarrollos. Hoy estamos atrás de Brasil regionalmente, y cada vez más lejos de los Estados Unidos. A este paso, seguramente perderemos la carrera también con China y la India. Pero esta mala performance no es por falta de tecnología nacional de primer nivel que la tenemos, si no por no haber sabido construir un marco regulatorio moderno para la propiedad intelectual para que las inversiones aniden en el país. Nuestras dirigencia agropecuaria se quedaron en un debate de coyuntura y muy ideologizado, que no le permitió aggiornarse a los grandes cambios que estaban ocurriendo mundo para poder duplicar la producción de alimento que se va a necesitar en el año 2050.

Mientras nosotros permanecemos en este eterno debate, Brasil desplazaba a la Argentina del 2º lugar quedando atrás de EEUU. Hay que recordar que Brasil tenía prohibido el uso de organismos genéticamente modificados hasta el 2005 y hoy ya tiene el marco legal –tanto de bioseguridad como de propiedad intelectual- que dan previsibilidad a la inversión y asegurando el cobro de regalías. Esta situación le permite hoy tener acuerdo con las principales empresas de biotecnología del mundo, desarrollando eventos que van a estar disponibles mal que nos pese, antes que nosotros, que estábamos adelante en dicho desarrollo desde el año 1996 en el cual se aprobó en el país el primer evento.

Brasil, la India y China tienen programas muy agresivos en cuanto a inversión en biotecnología agrícola se refiere y en joint ventures con empresas privadas, mientras en nuestro país las inversiones extrajeras son limitadas por la falta del marco legal. El trigo, especie históricamente asociada al mejoramiento genético nacional, vive y sobrevive con programas de investigación desfinanciados que impiden convertirlo en una opción atractiva. Al mismo tiempo la inversión pública del país I&D es solamente de 150.000 de dólares por año que es un poco más de lo que sale un solo evento, después de 4 años de investigación para ponerlo a la venta. En la Argentina nunca se reinvirtió los avance producido por la biotecnología. Si solo invirtiera el 1% de los beneficios que deja cada año la biotecnología calculada en 2000 millones de dólares anuales, representaría un fondo anual de 20 millones de dólares que tendría el país para volver a jugar en 1º.

Hoy estamos viviendo de las inversiones que se hicieron para atender situaciones internas y externas que ya pasaron de moda. El mundo de hoy evoluciona muy rápidamente en este rubro y demanda otro rol a los países productores de alimentos –cuantitativa y cualitativamente- por lo cual debemos dejar de lado los falsos nacionalismos o ideologías y subirnos lo más rápido posible al tren del progreso por medio de las grandes inversiones en investigación y desarrollo.

Se dice que la guerra es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los militares. Por eso, se convocan a los estrategas políticos con visión amplia y de largo plazo. Las discusión de lo que hay que hacer con el mejoramiento vegetal y la biotecnología no puede quedar en mano solamente de las entidades gremiales si queremos avanzar bien y rápido de ahora en adelante. Nadie está queriendo decir que no se deba escuchar la voz de los usuarios, pero en este tema tienen mucho para decir las entidades técnicas como AAPRESID y AACREA, tanto como las entidades de cadena (ASAGIR, ARGENTRIGO, MAIZAR y ACSOJA), y ni qué decir de los representantes de las empresas semilleras nacionales e internacionales, de los obtentores de variedades y de las empresas biotecnológicas. Los productores de punta deben ser escuchados, ya que están viendo el mundo más globalizado. Los productores pequeños deben ser escuchados, ya que se debe ser creativo y encontrar soluciones equitativas. Las opiniones de todos ellos van a permitir consensuar más rápidamente la propuesta que ya avaló la CONASE para que el Ministro de Agricultura de la Nación eleve el proyecto de reforma al Capítulo V de la Ley de Semillas al legislativo para recuperar los tiempos perdidos.

Mi propuesta seria: primero convocar a una reunión ampliada de la CONASE en la actual coyuntura, para termina de dar el consenso político al Ejecutivo para que eleve el proyecto ya avalado por los técnicos. Segundo, convocar a las Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras para que escuchen porqué es necesario modernizar esta parte de la Ley de Semillas, y cuáles son los cambios que se quieren implementar. Esto demanda urgencia, ya que la misma está determinada porque cualquier evento que se quiera desarrollar en el país recién va estar para su venta dentro de 4 años después de la aprobación de la ley.

Como dijimos, este proyecto modifica el Capitulo V de la ley de semilla 20.247 de año 1973 que está desactualizado en el tiempo y la legislación internacional. En cuanto al tema de bioseguridad que funcionó muy bien desde el año 1991, se necesita ponerlo a nivel del estándar internacional para hacerlo compatible con cualquier acuerdo que se quiera hacer como es el caso de Brasil que está negociando el Ministerio de Agricultura.

Nunca la ley que fijaba el pago de regalía dejó de considerar al pequeño productor. Tampoco lo hace la actual modificación, quedando solamente a definir que es un pequeño productor para eximirlo de pagar regalía por el “uso propio”. Muchos pequeños productores ya evolucionaron mientras se realizaba este debate usando las nuevas tecnologías sin condicionar el precio de la regalía porque mejora su competitividad. Para confirmar lo que digo hay que analizar lo que ocurre con la venta de semillas híbridos, que en el caso del maíz tiene valores extremos que van de 40 U$S/bolsa hasta 160 U$S/bolsa y los primeros que se agotan son los valores más altos porque tienen la mayor tecnología.

¿Por qué no podemos actuar de la misma forma con las autogamas pagando lo que corresponde? Habría que tomar como ejemplo lo que ocurre en nuestros vecinos países después de sancionar los marcos regulatorios. En Uruguay pagan regalía el 96% de la semilla que se usa, en Paraguay 83%, en Brasil 75% y mientras que en la Argentina se paga solamente el 34% de la semilla para el caso del trigo, y menos del 25% para el caso de la soja.

No debemos subestimar ni olvidarnos del pequeño productor, sino que debemos ayudarlo a crecer. Por eso me niego a darle carnet de pequeño productor de por vida, sino temporal. Están y existen objetivamente las condiciones en nuestro país para que muchos pequeños arrendatarios pasen a ser propietarios, al estar viviendo una situación inédita de crecimiento mundial con una sostenida demanda de alimentos que determina un provenir inédito para el país. Puedo afirmar también que en toda mi carrera gremial no encontré un pequeño productor que se halla fundido por usar semilla y pagar una regalía razonable en autogamas, o una semilla híbrida de muy alto precio. Sí, en cambio, conozco muchos productores- inclusive productores medianos y grandes- que se fundieron por seguir negando los avances tecnológicos. Tampoco escuche en las asambleas de productores en los últimos tiempos un reclamo por el pago de regalías porque asumieron que los problemas de sus empresas pasan por otro lado y no por el pago de la tecnología.

Quien ponga en duda lo que estoy afirmando debería haber estado en el Congreso de AAPRESID compartiendo con 2800 asistentes, la mayoría productores muy jóvenes y muchos de ellos arrendatarios que con educación, innovación y trabajo están en condiciones de ser propietarios porque empezaron a trabajar en redes con otros productores y el sistema le permitió hacerse de un capital para empezar a comprar los campos. Quienes pudimos compartir dicho evento, por lo menos nos dimos un gran baño de fe y de esperanza por las extraordinarias condiciones naturales y humanas que tiene el país y lo único que hay que hacer es aprovecharla con políticas de estado que den previsibilidad a quienes invierten.

(*)Consultor
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ELIMINAR RETENCIONES NO AUMENTA EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS

Por Arturo Navarro
Consultor, expresidente de CRA y Carbap

 

La inflación generalizada de todos los insumos de la estructura de costos es la principal responsable del aumento de los precios y no se va a frenar manteniendo los derechos de exportación, limitando la producción y la actividad en el país.

Como ocurre siempre en toda economía dirigista, los que fueron beneficiados tienen la obligación de salir a defender la política del gobierno porque es un compromiso.

Pero lo más sorprendente en esta oportunidad es que los referentes de casi todas las cámaras específicas que han recibido subsidios del Oncca salieron en forma unánime y con los mismos argumentos a describir las desventajas de eliminar retenciones. Ocurre cuando está en pleno debate un legítimo reclamo de todo el complejo agroindustrial, del cual dichas cámaras son parte, y de todo el interior, queriendo asustar a toda la sociedad.

Se pretende asustar al afirmar que la eliminación de los derechos de exportación provocará un aumento de precio desmedido de los alimentos.

Ante la actual situación de la economía hay que dejar la obsecuencia y decir la verdad de lo que ocurre con cada estructura de costo de las cadenas de valor agroindustriales.

La inflación generalizada de todos los insumos de la estructura de costos es la principal responsable del aumento de los precios y no se va a frenar manteniendo los derechos de exportación, limitando la producción y la actividad en el país.

Ha quedado demostrado nuevamente que la reimplantación de los derechos de exportación fue nefasta para el país.

Los alimentos subieron, las producciones cayeron, se redujeron las exportaciones, se concentró la riqueza, provocó la desaparición de muchos productores y aumentó el nivel de pobreza.

Mientras tanto el país se convirtió en exportador solamente de los saldos y dejó de ser un abastecedor previsible en el mercado mundial.

De no haber existido derechos de exportación y haber tenido políticas de Estado previsibles, todos estos parámetros serían positivos porque el país en vez de producir 100 millones de toneladas de granos, estaría produciendo 120 o más.

Mucha de la materia prima habría sido transformada en sus lugares de producción y exportada con mayor valor agregado por las mayores inversiones que se hubieran realizado para acompañar dicho crecimiento.

Los países que progresaron no gravan las exportaciones con un impuesto: lo hicieron incentivando las transformaciones eficientes y competitivamente, premiándolas con reintegros al producto terminado que exporta con valor agregado.

Quienes trabajan para abastecer el consumo interno deben hacerlo integrando horizontal y verticalmente el ciclo completo y de esa forma bajarán sus costos para una mayor competencia.

Por lo cual nuestros empresarios no pueden seguir pretendiendo que el sector agropecuario subsidie con derechos de exportación los alimentos para el consumo interno y para la exportación como quieren justificar las cámaras específicas con argumentos retrógrados.

Las modificaciones al Código Aduanero y los derechos de exportación son un tema de coyuntura y no menor.

Tiene que ver con las políticas que va implementar el país para integrarnos competitivamente con el mundo e incluyen innumerables posiciones arancelarias que hay que tener muy en cuenta si se quiere promover una economía bien competitiva con el mundo, defendiendo la transformación del producto original en el país.

Cuando se pide la eliminación de los derechos de exportación en girasol y soja hay que tener en cuenta la necesidad de mantener el diferencial arancelario de dos y tres por ciento respectivamente para evitar que siga aumentado la exportación de poroto sin elaborar porque es la estrategia futura de China.

HAY QUE INSTITUCIONALIZAR LA COMISION DE ENLACE

 

Las entidades deben unirse como lo hicieron en Brasil en 1964. El resultado es un aporte mucho más consistente al debate parlamentario, lo que se traduce en leyes actualizadas y eficaces.

   
Por Arturo Navarro*

A más de dos años de la creación de la Comisión de Enlace y a dos meses del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, el tema agropecuario está ausente del debate parlamentario. Sin duda, la actividad deliberativa referida al campo fue mayor en 2009, cuando funcionaba la Mesa de Consenso Agropecuario, formada por diputados y senadores de diferentes partidos, que trabajaron conjuntamente con las dirigencias agropecuarias.

Lamentablemente, este tipo de acción no existe hoy, a pesar de la cantidad de nuevos diputados que provienen del sector. Su actuación está centrada hoy en la presentación de proyectos específicos –muy respetables, por cierto–, pero que no solucionan ni los problemas de coyuntura, ni, mucho menos, los problemas generales que tienen los productores, ya que estas propuestas específicas no son parte de un proyecto agropecuario integral de desarrollo nacional planteado a mediano y largo plazo, propuesta que podría haber sido presentada por la Comisión de Enlace, si estuviera institucionalizada y actuando por mayoría.

Personalmente, he promovido la unión de las entidades mucho antes de la formación de la Comisión de Enlace. Esta unión no significaría la pérdida de identidad de las entidades actuales frente a sus asociados. Sin embargo, será decisiva para llevar a cabo un nuevo tipo de acción gremial, más profesionalizada, que van a necesitar los productores, en tiempos de grandes cambios estructurales, desarrollo de las nuevas tecnologías e innovaciones que ya vivimos hoy.

Las entidades deben unirse como lo hicieron en Brasil a partir de 1964 en la Confederación Nacional de Entidades Agropecuarias. Hoy tienen sus dirigentes un gran protagonismo en todo el trabajo parlamentario. Sin ir más lejos, su actual presidenta es al mismo tiempo senadora nacional. No quiero extenderme en describir el funcionamiento de la actividad parlamentaria brasileña, pero sí decir que la bancada agropecuaria y la dirigencia del sector se reúnen dos o tres veces por semana a discutir y consensuar los proyectos. Creo que es la única forma de trabajar para lograr consensos mayoritarios y mantener las leyes actualizadas y eficaces.

Hasta ahora la Comisión de Enlace no ha presentado formalmente en mesa de entrada del Congreso un proyecto consensuado por las cuatro entidades. No tiene una estrategia gremial planificada con metas a cumplir en determinado tiempo. No puede salir de los temas de coyuntura impuestos por el Gobierno y termina reclamando en asambleas junto con los productores, en vez de privilegiar el trabajo parlamentario con propuestas concretas para el corto, el mediano y el largo plazo. La necesidad de definir los temas por unanimidad ha paralizado su gestión frente al poder de veto que tiene cualquiera de las cuatro entidades. Tienen que asumir que si no tienen la capacidad de acordar un proyecto por mayoría, los productores no van a poder contar con las políticas de estado que necesita el sector.

La Comisión de Enlace debe pasar del reclamo a la propuesta de políticas nacionales y sectoriales para volver al federalismo fiscal, sin el cual no hay independencia política de gobernadores e intendentes. Hay que dejar de lado la vieja política que se implementó en contra del sector y del interior, con el argumento falaz de la defensa de los más pobres y de los productores más chicos. Porque lo único que han logrado es acrecentar la cantidad de pobres y marginados, promoviendo que muchos pequeños productores engrosaran las villas miseria de los grandes centros urbanos. Hay que asumir que esto no es solo responsabilidad del gobierno. Mucha culpa tiene nuestra dirigencia por seguir encerrada en sus fronteras y no querer ver cómo funciona el mundo.

Para revertir esta situación es estratégico que el sector agropecuario y agroindustrial actúen en un plano de igualdad con los otros sectores de la economía, para motorizar un desarrollo nacional planificado y sostenido. Para concretar dicho proyecto es fundamental que esté consensuado por la mayoría de los productores, especialmente hay que tener en cuenta las opiniones de los productores más eficientes y emprendedores, asociados en AACREA y Aapresid.

El próximo paso de la Comisión de Enlace debería ser salir del autismo en que se encuentra y abrir una rueda de consultas con expertos, para analizar cómo institucionalizarla, quiénes deberían formar parte y cómo debería funcionar.

La institucionalización de la Comisión de Enlace es el seguro para darle estabilidad permanente, como ocurrió en Brasil, para que trascienda la gestión de los actuales dirigentes y del actual gobierno, para poder concretar propuestas por mayoría de los productores y para terminar con todos los descreídos que dicen que es imposible trabajar unidos sin perder la identidad de cada una de las entidades, cuando lo que está en juego es el aumento de la producción de alimentos y el bienestar futuro de los ciudadanos.

De esa forma también se cumpliría con el reclamo permanente de los productores de trabajar unidos, lo que no significa unanimidad de pensamiento, sino trabajar con decisiones tomadas por mayoría.

Y el mensaje para toda la sociedad será claro: que hemos sabido transformar algo creado circunstancialmente, por un reclamo en marzo del 2008, en algo institucional y permanente para proponer y defender las políticas de estado que necesitan el productor y el país.

(*) Consultor
www.arturonavarro.com.ar

PARA PROMOVER LAS EXPORTACIONES, HAY QUE ADELGAZAR LA ONCCA

Por Arturo Navarro (*)
La creación del Ministerio de Agricultura es una muy buena oportunidad para diseñar un eficiente Sector Público Agropecuario y Agroindustrial, solo si se tiene en cuenta que:
1) habría que devolverle el nombre de “Alimentación” que tenía la anterior Secretaría, para reflejar a pleno el moderno enfoque de “cadena de valor” agroindustrial.
2) estamos ante el fracaso de las políticas regulatorias de las exportaciones que, al desalentar al productor, finalmente incentivan la producción de soja, porque casi no forma parte de la “mesa de los argentinos”. Se sabe que el campo padece las Retenciones, que abaratan los alimentos en el mercado local (subsidio al consumo) y también benefician a sectores de ingresos medios y altos. Con este desaliento, no se asegura el abastecimiento local, por lo cual se regula la exportación, en base a los llamados ROE, como se denomina al “Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior”. Hay un ROE de cada color, para granos, carnes y lácteos.
3) las compensaciones y subsidios que aparecen como beneficiando al productor o a la industria (que muchas veces no los cobran), en definitiva terminan favoreciendo al consumidor, hasta que cae la oferta, como pasó con la carne.
4) cuando todo esto falla y por la falta de oferta, suben los precios, la Secretaría de Comercio interviene con controles directos. El resultado, como se dijo, es que, apenas se salva la soja y el Ministerio del área “la ve pasar”.
Todos los instrumentos mencionados, que no sean Retenciones ni controles directos, tienen como Autoridad de Aplicación a la ONNCA: registros, pagos de compensaciones y ahora la distribución de la Cuota Hilton. Por eso, ha crecido desmesuradamente y necesita ser inmediatamente adelgazada, para que el Ministerio tenga decisión y autonomía.

LA ONCCA.
Según se lee en el Presupuesto aprobado para 2010, es “un organismo descentralizado que tiene a su cargo la ejecución de las políticas dictadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) tendientes a asegurar un marco de transparencia y libre concurrencia en materia de comercialización en el sector agroalimentario.
Esta competencia abarca el control de la operatoria de personas físicas y jurídicas que intervienen en el comercio y la industrialización del ganado, la carne, sus productos y subproductos, así como de los granos, las legumbres, las oleaginosas y los lácteos.
A partir del año 2007, el Organismo también está facultado (Resolución MEyP Nº 40/07) para establecer mecanismos de eficiencia en el uso de los granos destinados a la alimentación de las distintas especies animales y a definir las clasificaciones de los mismos cuya producción será objeto de compensación, atendiendo a las particularidades de las distintas cadenas productivas involucradas. Asimismo, cabe mencionar que el Organismo es responsable de administrar el mecanismo creado por la Resolución del entonces Ministerio de Economía y Producción (MEyP Nº) 9/07, destinado a subsidiar –a través de los industriales y operadores que vendan en el mercado interno- el consumo de productos derivados del trigo, el maíz, el girasol y la soja.
Por último, la Oficina es responsable de la administración de las operaciones de importación y exportación de carnes vacunas, carnes de cerdos y lácteos, entre otros productos de la cadena agroalimentaria”.
Sólo la función del primer párrafo formaba parte del espíritu original de creación de la Oficina. Lo demás se fue agregando, para llevar a cabo las políticas que ya comentamos.
El Presupuesto ajustado del año 2009 fue de M$ 3.855,8 (más de MU$S 1000, cuando todo el Sector Público Agropecuario, en los noventa, funcionó con MU$S 400). Pero no hay que hacerse tantas ilusiones, porque ejecutó apenas un 60% de la cifra mencionada (o sea M$ 2.319,7), lo que implica que no todos cobraron las compensaciones prometidas. Para este año, cuenta con M$ 2.731, de los cuales 2.700 son para “Transferencias a empresas privadas”.

NUESTRA PROPUESTA.
Proponemos:
a) Confirmar que el flamante Ministerio tiene la competencia sobre alimentos, para recomponer el criterio de cadena.
b) Eliminar las normas que crean y reglamentan los ROE, así como todos los mecanismos de compensación (esto último de manera gradual, para no quebrar a los beneficiarios).
c) Las exportaciones de carnes y lácteos deben ser liberadas, a fin de fomentar el valor agregado exportado.
d) Para cereales y oleaginosas, derogar la llamada Ley Martínez Raymonda y los ROE y volver al régimen de la Ley 21.453 y su Decreto reglamentario 1.177/92. De esta manera, los exportadores no tendrán que adquirir la mercadería antes de declararla para exportar; se volverá al sistema de registro, con 360 días para obtener el cumplido de embarque y el así, valor disponible se arrimará a la “paridad teórica”.
e) La Cuota Hilton debería depender del Ministerio de Agricultura y, si se mantiene el registro de operaciones de exportación en la ONCCA, tendría que ser bajo atenta vigilancia del Ministro.

El ahorro presupuestario puede destinarse a políticas para el sector, a cargo del Ministerio u orientarse a complementar el Programa de Asignación por Hijo, bajo la forma de una Tarjeta Alimentaria, en el marco de un buen Programa Nutricional para la Madre y el Niño.
La ONCCA volvería a su función original, permaneciendo como organismo descentralizado, dependiente del Ministerio, únicamente si requiere un manejo autónomo de su presupuesto, por existir un régimen sancionatorio, para los que atenten contra la “transparencia y la libre concurrencia”.
Conviene recordar que existen Leyes de Lealtad Comercial, de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor, que rigen para todo el ámbito nacional. De modo que habría que ser preciso en definir las características del régimen comercial que debe fiscalizar la ONCCA. -----------------------
(*) Consultor
ajn@arturonavarro.com.ar

NO ALCANZA CON EL BOICOT. HAY QUE PROMOVER LAS CARNES ALTERNATIVAS

Por Arturo Navarro.

El boicot a la compra de carne vacuna no va alcanzar porque es tan grande el daño producido al sector por las políticas del gobierno en los últimos cinco años, que se necesita otro tipo de gestión de la Asociacion de Consumidores Libres como de las otras entidades de defensa al consumidor, para bajar el precio y cambiar las politica de producción y comercialización de la carne. El tomate es un producto estacional que en 15 o 30 días se soluciona el abastecimiento mientras que el abastecimiento de carne, para mantener este inédito nivel del consumo de carne vacuna, necesita más de tres años si se implementan las políticas previsibles que necesita el productor. No esperen por lo tanto iguales resultados con el boicot para dos productos totalmente diferente.
Lo más efectivo y prioritario para la defensa del consumidor por la suba del precio de la carne y una moderna politica de carne vacuna en el país, es trabajar en conjunto entre todos los protagonista de la cadena pecuaria y el gobierno en difundir y concientización que debemos modificar en forma permanente la dieta de consumo de carne vacuna por carnes alternativas y un mayor consumo de vegetales porque hace mucho mejor a la salud. La actual producción de carne en el país alcanza solamente para consumir 50 Kg por habitante, exportando solamente la cuota Hilton y menudencia que no se consumen en el país. Con este volumen de producción hay que reducir el consumo en 25 Kg por habitante año y el país debe dejar de exportar, situación que es intolerables para un eficiente desarrollo geopolítico en todo el territorio del país. Con muy pocas señales el país está en condiciones de producir 4 millones de TT de carnes, abasteciendo con 2 millones el consumo interno quedando para exportar 2 millones TT restantes cifra que modifica el panorama a futuro de la producción de carne en el país.
No debemos seguir mintiendo a los consumidores y buscando responsable por lo que nos sucede: el único culpable es el gobierno y sus políticas. No se debe seguir defendiendo políticas populistas y demagógicas de carne y pan barato para salarios bajos tan arraigadas a la idiosincrasia argentina. Hay que terminar con este progresismo berreta y hacer lo que hicieron todos los gobiernos socialistas de nuestros vecinos países que se abrieron al mundo para atender eficientemente y forma moderna la seguridad alimentaria de todos sus pobladores, pero especialmente a los que menos tienen o están afueran del sistema. El mejor ejemplo de una politica exitosa es Uruguay, por lo cual sería recomendable que los dirigentes y los políticos crucen el charco para aprende de qué se trata en situ y promover algo similar en el país.
Lo que necesita la cadena pecuaria -ocupa en conjunto 2 millones de puestos de trabajos - es tener políticas de estado que le den previsibilidad a sus inversiones que son a varios años y terminar con la legislación del doble estándar sanitario, para que existan competencia en iguales condiciones entre todos los operadores en el abastecimiento de los mercados interno y externo. Conjuntamente el país tiene que adoptar más rápido que pronto un sistema para la venta y la distribución de la carne por cortes, al ser más eficiente el aprovechamiento de la media red y abaratarse a mediano tiempo la carne al consumidor.
Pretender seguir mantener politica económicas equivocadas que generaron hoy más de 12 millones de ciudadanos, que no tiene cubierta las necesidades básicas para vivir, sería un nuevo atropello a la razón y al sentido común de todos los argentinos. Necesitamos un cambio de fondo en las políticas y en nuestra dirigencia. En el caso de la carne, dichas políticas nos llevaron a estos ciclos estaciónales de caída y aumento de producción de carne, que nos estancaron en un stock de 50 millones de cabezas mientras que Brasil que tenía hace 35 años tenía la misma cantidad que nosotros y hoy tiene 200 millones y convertido en el primer exportador del mundo. ¿Qué más no tiene que suceder para cambiar?

UNA POLITICA DE CARNE DEL CRIADOR AL CONSUMIDOR

Por Arturo Navarro (*)

La Comisión de Enlace con urgencia debe formalizar la propuesta de una politica de estado para la producción de carne vacuna que nos permita salir de la actual crisis. No es suficiente seguir diagnosticando o reclamando por temas parciales. No tiene sentido seguir haciendo consultas a los diferentes protagonistas de la cadena pecuaria en forma individual. Para salir de la crisis lo más rápido posible se necesita concretar una propuesta moderna y global. Hay que asumir que para poder atender la futura demanda de carne es necesario contar con una politica de estado planificada y desarrollada que integre todo el interior del país, todas las producciones de carnes y de granos y sus derivados y a todos sus protagonistas en una red de servicios como la mejor forma de potenciar todos las individualidades.

No se debe perder más tiempo en concretar una propuesta integral con toda la cadena. Hay demasiados trabajos o propuestas de entidades y de especialistas sobre qué hacer con dicha producción y su importancia para el desarrollo y el arraigo de la gente en el interior. Solamente hace falta sintetizar y concretar la mejor propuesta para que las cuatro entidades nacionales la presente en el Congreso de la Nación el 1º de marzo próximo.

Creo que la definición más trascendente es, si están dispuestos a hacer un quiebre en nuestra política tradicional para la producción y abastecimiento de carne, priorizando en adelante la demanda de los mercados del mundo como la mejor forma de poder abastecer el mercado interno en forma previsible y a valores razonables. La alternativa es seguir insistiendo con políticas de carne barata para salarios bajos que se viene aplicando en el país desde hace 60 años, única responsable del fracaso en la performance como productores y exportadores de carne.

¿Tendrá la capacidad nuestra dirigencia en general de cambiar nuestra forma de pensar e implementar las políticas que necesita el sector ganadero para crecer y desarrollarse sostenidamente? Brasil pasó, en 30 años, de tener un stock de 50 millones de cabezas de ganado a 190 millones, convirtiéndose, en la actualidad, en el primer exportador mundial de carne de todo tipo, con sólo 4 mil toneladas de Cuota Hilton. Uruguay exporta 550 mil toneladas especialmente a Canadá y EEUU por su status sanitario y la previsibilidad de las políticas. Mientras tanto, nosotros nos estancamos en el mismo stock durante el mismo periodo, y fuimos desplazados como exportadores relevantes y confiables.

La decisión mas importante de Brasil y Uruguay cuando fijaron las políticas de estado, fue que cuanta más cantidad de carne de alto valor exportaran, mayor seria la cantidad de carne que tendría -para el mercado interno- de los doce cortes populares. Al mismo tiempo aumentaron el ingreso de divisas por la mayor cantidad y calidad de las exportaciones que le permite al Estado implementar políticas sociales, sin necesidad de interferir los negocios empresarios.

Una definicion que fue fundamental para el exito de Brasil y Uruguay es haber terminado con el doble estándar sanitario. No puede haber posibilidad de ningún cambio en las políticas de ganados y carnes, si seguimos teniendo frigoríficos o mataderos que abastecen solamente al mercado interno. Si queremos ser eficientes aprovechando íntegramente todos los cortes y el recupero de la faena, hay que empezar gradualmente a vender la carne por cortes según la demanda de cada zona.

El argumento de algunos protagonistas de la cadena de ganado, de que la carne en mostrador se va a encarecer si se comercializa por cortes, es falso. Inclusive, esta posición histórica impide modernizar todo el sistema -pensando solamente en el corto plazo por defender sólo sus intereses- no les ha permitido tener una visión más amplia para permitir el desarrollo de toda la cadena de ganado y carnes.

Toda industria frigorífica en el mundo necesita una determinada escala y reglas de juegos equitativas y previsibles para poder funcionar. El doble estándar sanitario que existe en el país no permite cumplir con estas condiciones, porque fomentan la competencia desleal entre los que cumplen con la ley y quienes no lo hacen, al evadir las normas sanitarias y fiscales.

Tiene que quedar bien claro que los actores fundamentales de una politica de carne moderna son los criadores y los consumidores con mayor poder adquisitivo. Todos los otros protagonistas no son indispensables y tienen que adaptarse a las necesidades de los actores principales según lo determine el funcionamiento libre de los mercados, y con igualdad de condiciones seguridad alimentaria y jurídica para todos los actores.

Una ganadería moderna en el actual escenario de producción del país, debe incluir el feedlot para la recría y el engorde como algo natural porque no hay más lugar para terminar todos los novillos a pasto. El feedlot vino para quedarse más allá de los subsidios actuales. Por eso es fundamental el desarrollo de los feedlot comunitarios para integrar a los criadores de la zona, la promoción del uso del warrant ganadero para que el criador se haga de los recursos sin vender y contar con incentivos fiscales directos a la producción de animales más pesados, ya sean los criados en feedlot o a campo. Tienen que ser los criadores los dueños del stock de novillos vivos si quieren seguir siendo protagonistas principales de las políticas de carne. Al no manejar su stock el productor no puede defender el precio de su producción.

Este nuevo escenario productivo va a determinar una mayor distancia a los grandes centros de consumo y la exportación, motivo por el cual hay que optimizar los costos de fletes y de frio. Si se comercializara por corte bajaría sustancialmente el valor porque llega directo a su destino de consumo. Esto va a determinar la posibilidad de reubicar plantas en los lugares de produccion de carne para hacer todo el proceso de faena y de industrialización en la región, promoviendo una accion geopolítica que deberia ser la base fundamental de una politica de ganado y carne incluida en una politica planificada de desarrollo del país.

La carne producida en el país es muy barata. Se encarece por toda la intermediación antes de llegar al mostrador, razón fundamental de porqué hay que modernizar, sin más demoras, todo el sistema de comercialización de la cadena de ganados y carne para abaratar su precio en el mostrador. De cualquier manera hay que planificar el desarrollo de todas las producciones de carne alternativas, como una forma de compensar los faltantes o la suba del precio coyuntural de carne vacuna, acompañando dicha estrategia, con una agresiva campaña publicitaria de la necesidad de cambio en la dieta de los argentinos, para no agravar el problema del faltante de carne vacuna con un consumo de más de 70 Kg/por habitante /año, que es insostenible en la actual situación de nuestro stock y productividad de nuestros rodeos. ----

(*) Consultor

www.arturonavarro.com.ar

DEUDAS DE LA COMISION DE ENLACE CON LOS PRODUCTORES

Por Arturo Navarro (*)


La Comisión de Enlace tiene una deuda con los productores para cubrir las consecuencias de las emergencias y de los desastres agropecuarios y debe ponerse a trabajar en la elaboración de una propuesta de politica de estado para cubrir los riesgos climáticos, como tienen los países desarrollados y subdesarrollados. No tiene sentido que salgan a recorrer las zonas para presionar por algún subsidio que termina siendo denigrante para el productor por su monto y las formas.

De seguir con esta acción gremial las consecuencias serán que un mayor número de productores saldrá del sistema por falta de apoyo concreto, poniendo además en juego la unidad de la Comisión de Enlace, por falta de propuestas concretas firmadas por los cuatro presidentes para presentar al nuevo poder legislativo a partir del 10 de diciembre.

La falta de una propuesta más amplia a la ley de emergencia agropecuaria - que podría haber servido para atender la actividad pecuaria en el pasado -, determina que la dirigencia tendrá que consultar y proponer cuáles son las políticas más eficientes, equitativas y concretas para que el productor no siga dependiendo de los subsidios del gobierno y de sus funcionarios, por la falta de una politica integral más digna, previsible y moderna para cubrir todos los riesgos climáticos.




Los tres instrumentos para una politica de estado para los riesgos climáticos deberían ser una ley de emergencia agropecuaria que este relacionada al uso del seguro, políticas muy agresivas induciendo a que el productor tome seguro y simultáneamente promover la creación de un fondo permanente para atender los desastres y las catástrofes no previsibles.

Los países que más rápido avanzaron en este tema instrumentaron mecanismos directos o indirectos para generalizar el uso del seguro sin que el sistema sea obligatorio. Puedo mencionar entre ello la excepciones de impuestos al seguro agrícola, subsidios directos a las prima como se dispuso en Brasil recientemente o promover una menor tasa de interés en los créditos si son tomados con seguros entre otros incentivos.

Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que era más eficiente para el Estado un sistema mixto público-privado, que hacerse responsable en forma unilateral y obligatoria de atender los riesgos climáticos. Incluso, los países más avanzados como España dispusieron que, para atender con fondos públicos los desastres o las catástrofes de un productor, éste tiene la obligación -para poder cobrar ese beneficio-de tener asegurado todos los bienes asegurables en su predio.

Una politica moderna debe inducir el uso del seguro porque hace más solidario el sistema. Para que un sistema de seguro sea efectivo tiene que evitar la autoselección por zonas o cultivos, implementando políticas nacionales y provinciales que permitan generalizar su uso a todas las producciones y regiones con un servicio técnicamente viable y económicamente accesible al productor.

La actual sequia y eventos climáticos que está poniendo en juego las futuras actividades agropecuarias no se solucionan con ideas anacrónicas ni con postergaciones de compromisos. Hay que tener políticas que restituyan a los productores lo invertido para poder seguir en su actividad. Los eventos climáticos son un riesgo empresario por lo tanto hay que asumirlo como tal, proponiendo sin demora las políticas de estado y una vez implementadas, trabajar junto con el gobierno para adaptarla anualmente a los cambios climáticos y económicos que tiene que soportar el complejo agroindustrial.

(*) Consultor
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POBREZA ESTRUCTURAL Y UN NUEVO PROYECTO DE DESARROLLO

Por Arturo Navarro (*)

La imagen pública de los políticos era muy baja. Con lo sucedido después del 28 de junio se ha profundizado ante la ausencia de la definición de los líderes naturales y la diáspora en las alianzas opositoras, que le permitió al oficialismo recuperarse de la derrota y aprobar casi todos los proyectos que envió al parlamento. De no haber un cambio en esta situación el gobierno redoblara las apuestas por mayor poder político y economico sin importarles los métodos para lograrlo.

La dirigencia de las entidades empresarias con su llamativo silencio, salvo algunas honrosas excepciones, está avalando la consolidación de un proyecto de país que está en contra de los intereses de todo el interior y de todos los argentinos. Como ejemplo tenemos: el proyecto que regula los medios audiovisuales, la consolidación del sistema tarifario de servicios públicos en el cual el interior sigue subsidiando a los grandes centros urbanos y la confirmación de los derechos de exportación como politica de recaudación. Estos tres puntos violarios de los derechos federales como lo determina nuestra constitución deben obligar a la dirigencia en general a expedirse.

La actual crisis económica, social y política es por la falta de un proyecto estratégico y planificado para el crecimiento y desarrollo equitativo de todas las regiones del país. La falta de dichas políticas generó las innumerables villas miserias en el cinturón del conurbano bonaerense que están poniendo en juego el buen funcionamiento de las instituciones de la provincia lo cual provocara un grave problema nacional si la dirigencia no actúa con urgencia y sensatez para revertir la actual situación. Este es el debate fundamental que tiene que discutir la dirigencia nacional. Hay que refundar nuevamente nuestra nación con un nuevo proyecto de desarrollo y mientras tanto implementar con urgencia una politica de estado que establezca un subsidio universal para atender a los pobres y marginados.

Estas políticas, desde hace 60 años se realizaron premeditadamente por todos los gobiernos, con la idea de promover la industrialización del país a costa del interior y del sector agropecuario que terminaron siendo funcionales para mantenerse en el poder. Esto lo confirmó y consolidó definitivamente la modificación de la constitución del 1994 que determinó un distrito electoral único en el país con el voto directo del presidente de la Nación.

Por eso en la última campaña electoral era determinante lo que pudiera ocurrir en el conglomerado del gran Buenos Aires que representa el 25% del electorado nacional en donde se jugó la madre de todas las batallas. El electorado del conurbano de Bs As., es similar a la suma de los votantes de Capital Federal, Santa Fe y Córdoba. La provincia de Buenos Aires en su conjunto representa el 38% del padrón.

La población de la provincia de Buenos Aires son 15.2 millones. Mientras en el conurbano viven 9.424.000 habitantes, en el interior son solamente 5.776.000. Como dato complementario, la Capital Federal pierde habitantes desde hace mucho tiempo por lo cual la medición de la macrocefalia la realizaré sobre los partidos del gran Buenos Aires solamente.

Para demostrar qué ocurrió con la emigración del interior a través de los años voy a comparar el porcentaje de la población GBA con la población del país y con la población RURAL en el total nacional que está representada en la segunda columna.

1914: GBA 5,8% RURAL 47%.

1947: 10,9% 37%.

1960: 18,8% 26%.

1970: 23,0% 21%.

1980: 24,5% 17%.

2001: 24% 11%.

Como podemos observar la mayor emigración se da entre 1947 y 1970, se conoce como el período de la sustitución de importaciones, en el cual se usaron diferentes tipos de políticas para mantener salarios bajos y alimentos baratos, cerrando la economía para poder desarrollar una industria prebendaría, todo lo contrario a lo que hicieron los países para reconstruirse después de la guerra.

La actual politica económica sigue la misma línea de acción agravando la situación de los pueblos del interior, por el manejo centralizado de los derechos de exportación y el impuesto al cheque que solamente coparticipa el 14,16%. El gobierno nacional por este manejo incumple con el artículo 7 de la Ley de Coparticipación (Mínimo de 34% de lo recaudado, a las provincias, independientemente del % previsto para cada impuesto). En 2007 las provincias recibieron el 27,37% y en 2008 el 25,54%. Los recursos perdidos por las provincias crecieron entre un año y otro un 72% ya que pasaron de M$ 13.249 en 2007 a M$ 22.779 en 2008.

Los elocuentes datos mencionados y la actual situación de muchas provincia que no están en condiciones de poder atender sus compromisos corrientes, deberían ser suficiente razón para planificar y diagramar un nuevo país con polos de desarrollo estratégicos que cubran todo el territorio, única receta efectiva y concreta para empezar a modificar la concentración de ciudadanos en el GBA y la pobreza estructural que esto significa si queremos recuperar un convivencia ciudadana razonable.

En el mundo, los países que crecieron similares al nuestro, lo hicieron con el aporte del Complejo Agroindustrial trabajando en igualdad de condiciones con los otros sectores de la economía, equilibraron geopolíticamente su territorio y lo hicieron en base a una economía competitiva con todos los mercados del mundo. Nuestro país tiene una oportunidad inédita por las condiciones externas y porque tenemos la industria más eficiente y competitiva localizada en todo el territorio como es la agroindustria, lo único que necesita es destrabale todas las trabas burocráticas para poder desarrollar toda su capacidad creadora y transformadora en todas las regiones del país.

Para el desarrollo exitoso de un país no importa la ideología del gobierno. Lo importante es asumir que la globalización vino para quedarse y hay que trabajar con todos los mercados del mundo para poder crecer genuinamente. Si no, miremos qué hizo Brasil con un presidente que viene del gremio de los trabajadores y de la izquierda. Lo importante es definir cómo construir un país moderno y desarrollado, cuáles son las mejores políticas para dar trabajo, cómo se reparten los ingresos con mayor transparencia y en forma equitativa a todas las regiones y habitantes del país por medio del funcionamiento pleno de todas las instituciones de la República.

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