La medida fue dictada por el juez Martínez De Giorgi. Además del ex presidente y su ex ministro de Economía, el magistrado adoptó idéntica resolución contra la ex polifuncionaria María Julia Alsogaray y el ex titular de Justicia Granillo Ocampo
El ex presidente Carlos Menem, su ex ministro de Economía Domingo Cavallo y otros ex funcionarios como María Julia Alsogaray y Raúl Granillo Ocampo fueron procesados por el millonario pago de sobresueldos durante los dos gobiernos del actual senador.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi acusó a todos del delito de "peculado", que prevé penas de hasta diez años de prisión y en el caso de Menem, lo embargó por cien millones de pesos, de acuerdo a la resolución de 75 fojas a la que accedió Télam.
"Se ha acreditado que durante los dos mandatos presidenciales de Carlos Saúl Menem se ideó, se ejecutó y se desarrolló, por parte de los funcionarios de más alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional, un sistema por el cual se destinó dinero público (asignado originalmente por Ley de Presupuesto a gastos de inteligencia y seguridad del Estado) para el pago de sumas a funcionarios de ese poder del Estado, las cuales eran repartidas de manera discrecional e informal entre ellos", consignó el juez en su fallo.
El peculado está previsto en el artículo 261 del Código Penal que castiga con la cárcel e inhabilitación perpetua "al funcionario publico que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo".
Para Martínez de Giorgi, un juez subrogante que asumió la causa al reemplazar al actual camarista Jorge Ballestero, "en el origen de la maniobra se ubica en primer lugar la actuación del ex presidente Carlos Menem".
Menem fue procesado como coautor de peculado ya que "fue él quien con sus directivas dio inicio a la maniobra, siendo el responsable máximo del Estado con la competencia final para disponer el destino de los fondos públicos, un destino diferente al asignado por el Congreso Nacional".
El actual senador nacional fue embargado por cien millones de pesos pero -al igual que los demás procesados- gozará de la excarcelación hasta el momento de un veredicto en un futuro juicio oral, al que llegará en caso que la decisión judicial sea confirmada por distintas instancias de apelación.
"Al menos Domingo Cavallo y Raúl Enrique Granillo Ocampo tuvieron en tal etapa de gestación una tarea concreta, vinculada en el caso del primero con la determinación técnica de la modalidad en que se implementaría y, en el del segundo, con la firma de normativa que posibilitó la obtención de fondos para alimentar el sistema", agregó el juez La causa abierta en abril de 2004 investiga el pago de sobresueldos cobrados por funcionarios del menemismo y pagados desde la Jefatura de Gabinete con partidas provenientes de fondos reservados que tenían como fin ser usados en materia de seguridad nacional.
La pesquisa se abrió como derivación del juicio oral donde se condenó por enriquecimiento ilícito a la ex Secretaria de Medio Ambiente menemista, María Julia Alsogaray.
En ese proceso declaró como testigo Roberto Martínez Medina, ex secretario del ex ministro de Justicia Granillo Ocampo y aludió por primera vez al pago de sobresueldos.
"El origen del dinero que fue utilizado para alimentar el fondo general de sobresueldos, según se pudo determinar, se reconoció en las partidas asignadas por Ley de Presupuesto a gastos reservados, las cuales fueron engrosadas considerablemente entre 1989 y 1999, y entre 1988 y 2001 alcanzaron un total de $4.152.827.200", remarcó el fallo.
En base a pericias y testimonios el juez dio por acreditado que entre 1989 y 1994 "se aumentaron los fondos reservados de 143 a 404 millones de pesos/dólares. Con tales sumas, se conformó un fondo general de sobresueldos del cual se extraían los montos dinerarios que se destinaban a abonar sumas adicionales al salario de los funcionarios del PEN".
El delito "se ha desarrollado de manera sostenida durante varios años y reviste una complejidad que deriva de la intervención numerosos sujetos, todos ellos altos funcionarios del PEN, y ha sido enmarcada en la estructura misma del aparato estatal".
Menem "no sólo tomó la decisión que dio inicio al funcionamiento del sistema, sino que dispuso el modo en que se ejecutaría (con el asesoramiento técnico de sus colaboradores)", agregó el fallo en el marco de un sistema donde "ejerció la presidencia de un modo absolutamente personalista, concentrando todo el poder de decisión sobre los asuntos del Estado.
Entre estas decisiones estuvo el pago de sobresueldos, desviando fondos de partidas reservadas a organismos que no debían rendir cuentas para usarlos "indiscriminadamente" y pagar extra a sus ministros y secretarios de Estado, según el procesamiento.
Cavallo "en su carácter de máxima autoridad técnica en la materia, asistió al entonces Presidente en el asesoramiento e impartió directivas a los funcionarios acerca de cómo justificar los fondos recibidos irregularmente".
Agrega que "tal conducta constituyó el aporte efectuado por el ex Ministro de Economía, en una clara división de funciones de la maniobra de peculado que se está analizando", consignó el juez.
En cuanto a Granillo Ocampo, el ex funcionario ya estaba procesado en la causa por un delito menor, malversación de caudales, y ahora se agravó la situación al imputársele el peculado.
"Realizó un aporte que constituyó parte de la realización de la maniobra de peculado aquí investigada. Fue uno de los funcionarios que, por orden del ex presidente Menem, desvió fondos del Ministerio de Justicia a su cargo para alimentar el aquí denominado "fondo general de sobresueldos."
"El círculo de coautoría se cierra con la intervención de todos aquellos titulares de cartera que recibían los fondos para su distribución entre los funcionarios a su cargo. Entre ellos, María Julia Alsogaray y Domingo Cavallo."
Cavallo y Granillo Ocampo fueron embargados por diez millones de pesos y, Alsogaray por cinco millones.
Los procesamientos abarcaron también como partícipes necesarios a Enrique Kaplan, embargado en un millón y medio de pesos como partícipe necesario; Raúl Castellini, con 120 mil pesos de embargo; a Heriberto Baeza González, José Torzillo y José Coronel, con 300 mil pesos de embargo a cada uno.
