Mario Cafiero, un experto en deuda externa, fue convocado por la Justicia para ayudar en la investigación.
A 33 años del golpe de Estado de 1976, el juez federal Marcelo Martínez de Georgi nombró a Mario Cafiero –uno de los denunciantes en la causa que investiga el apoyo económico a la represión– como colaborador coadyuvante en la investigación que busca juzgar a los funcionarios de Hacienda, a los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial y a la banca local y extranjera que permitieron financiar el terrorismo de Estado.
Enmarcado en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el expediente que se abrió en 2005 con una denuncia ante la Corte Suprema acelera su pulso en los Tribunales de Comodoro Py.
“Hay que entender –dijo Cafiero a Crítica de la Argentina– que la dictadura fue un proceso para la implantación de un sistema económico y que hubo personas y organizaciones tanto a nivel local como internacional que le dieron apoyo y sustento”. “Sin ese sustento hubiera sido imposible llevar adelante ese plan represivo y de delitos de lesa humanidad, y esta investigación no fue nunca analizado en la Justicia”, afirmó. Desde hace cuatro meses, cuando asumió temporariamente la vacante que se generó en el Juzgado Nº 2, Martínez de Georgi comenzó el proceso de reactivar este expediente que comenzó con una investigación de Cafiero y de otras dos denunciantes...
A partir de documentos oficiales de la Cancillería, cruzados con escritos diplomáticos desclasificados, entre otros elementos, los tres se presentaron ante la Corte Suprema denunciando “la participación necesaria en el plan represivo de la dictadura” del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, de los encargados del FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo e, incluso, de ex funcionarios del Departamento de Estado norteamericano como Henry Kissinger. En el escrito argumentan que ellos son penalmente responsables porque “conociendo que se produciría un ‘baño de sangre’ (destinado a eliminar no sólo a terroristas sino a todo disidente), dieron apoyo financiero a la dictadura. Ese apoyo se materializó en el desembolso de un préstamo del FMI a los dos días del golpe”.
La causa tramita en ese juzgado porque quien era su titular, Jorge Ballestero, tuvo las únicas causas que hasta ahora intentaron desmembrar las responsabilidades en la asistencia financiera y en la generación de la deuda externa.
El primero en hacer la denuncia fue Alejandro Olmos, un estudioso de la deuda que murió en 2000 después de haber insistido con que la deuda fue ilegal en su origen y que todas las demás renegociaciones que se hicieron a lo largo de los años ratificaron, renovaron e incrementaron esa ilegalidad. Ballestero llegó a declarar la ilegitimidad de la deuda, pero el expediente terminó archivado por prescripción. En el medio, el juez envió todo el material al Congreso de la Nación, que no avanzó en el tema al día de hoy.
Además, hay otro expediente por la estatización de la deuda privada que realizó el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en 1980, cuando presidía el Banco Central. El año pasado, el fiscal Federico Delgado pidió la elevación a juicio oral de Cavallo por el megacanje, otro eslabón en la cadena de la deuda. La denuncia de Cafiero, que es otro estudioso de la deuda, llegó luego de que la Corte declarara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad...
Fuente: El País, 28.03.2009
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