Por Héctor
GIULIANO
(18.6.2014).
El fallo de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) de los Estados Unidos acelera los tiempos de la
Hoja de Ruta Boudou, que contempla la liquidación perentoria del problema de
los holdouts y el arreglo de la deuda con el Club de París para que la
Argentina vuelva a los mercados internacionales de capitales para colocar nueva
deuda externa.
Después de
haber perdido el caso testigo de NML-Elliot y otros en primera instancia –
sentencia del juez Griesa – y en segunda instancia – Cámara de Apelaciones del
Segundo Distrito de Nueva York – la CSJ rechazó la tercera instancia: el pedido
argentino de que la Corte atendiera su reclamo para frenar los efectos del
fallo contra nuestro país y a favor de los “fondos buitre” (FB).
El
levantamiento de la medida cautelar (stay) que acaba de conocerse hoy (N del E: 18 de junio de 2014) agrava aún
más la situación legal del gobierno Kirchner porque habilita la ejecución de la
sentencia, incluyendo la alternativa de embargos sobre bienes del Estado y
bloquearía así el intento anunciado por el Ministro de Economía Kicillof de
cambiar la jurisdicción de pago de los bonos para el próximo 30.6.
CUADRO DE SITUACIÓN.
El gobierno
Kirchner se encuentra ante una encerrona financiera y legal muy grave, una vieja
encerrona que era previsible desde el momento en que fue a juicios que -
temprano o tarde - inexorablemente iba a perder contra los FB en la medida que
no cuestionaba la legitimidad de sus acreencias.
Los
lineamientos básicos del cuadro de la situación actual pueden resumirse en
varios puntos concurrentes:
a) El
Estado Argentino no tiene liquidez ni solvencia
para afrontar los servicios de su Deuda Pública – externa e interna – porque
carece de las divisas necesarias y porque tiene déficit fiscal creciente.
b) La
posición de Reservas Netas del Banco Central (BCRA) – al 31.5.2014 – es de sólo
12.600 MD (Millones de Dólares): 28.500 MD de Reservas
Brutas menos 7.100 MD de encajes bancarios en moneda extranjera menos Otros
Pasivos por 8.800 MD, producto de préstamos de otros bancos centrales. Sin
contar con el peso de la deuda cuasi-fiscal del banco por Lebac/Nobac, que
equivale a unos 25.600 MD.
c) El Estado no tiene excedente sino déficit fiscal,
que se cubre con más endeudamiento público;
con deuda que en los últimos tiempos ha crecido al ritmo de unos 15.000 MD por año (14.600 MD en 2011 y 18.800 MD en
2012; sin datos todavía del 2013, en que se preveía un aumento de la deuda por
otros 12.100 MD).
d) Actualmente la Argentina ya no tiene entonces superávits
sino déficits
gemelos: fiscal y externo, que los cubre con nuevas deudas.
e) El fallo
adverso de la CSJ norteamericana deja prácticamente
agotadas las instancias judiciales de dilación en el pago de las deudas con los
holdouts y fuerza
una negociación final ante el juez Griesa en las peores
condiciones de discusión: con todos los fallos sancionados en contra del país y
con fuertes vencimientos próximos de servicios de deuda afectados por tales
sentencias.
f) Con ello, las posibilidades de seguir ganando
tiempo (al costo de extraordinarias cargas adicionales por
honorarios y gastos) quedan virtualmente terminadas,
sobre todo con el levantamiento de la medida cautelar citada (stay).
g) El fracaso argentino ante la Corte es por partida doble:
por la causa central de interpretación de la cláusula Pari Passu
y por su causa derivada de Discovery, que habilita el
pedido de información y embargo de bienes argentinos en el exterior.
h) La administración Kirchner habría agotado sus posibilidades
de seguir apelando a la Deuda intra-Estado después de haber pagado deuda con
terceros – Acreedores Privados y Organismos Financieros Internacionales – con
el consiguiente desfinanciamiento
de la ANSES, el vaciamiento de las reservas del BCRA y el empapelamiento general de las Agencias
del Estado (con el Banco Nación-BNA a la cabeza).
i)
Queda demostrado el fracaso
del Megacanje Kirchner-Lavagna-Nielsen de 2005-2010,
que el gobierno K y el establishment financiero tratan todavía de encubrir con
la falsía del des-endeudamiento: 1. Porque la quita fue compensada con cupones
PBI, 2. Porque era una ingenuidad pensar que la Argentina iba a lograr un
pronto “retorno a los mercados internacionales de deuda” mientras dejaba 20.000
MD de holdouts afuera, y 3. Porque el fracaso de este nuevo Megacanje se
intentó cubrir con Deuda intra-Estado (ANSES, BCRA, BNA y otras) hasta el
citado agotamiento de tal fuente.
j)
Los antecedentes de
“buena letra” realizados en los últimos meses por la administración Kirchner
con el pago de los laudos del CIADI (600 MD), con las indemnizaciones a Repsol
por YPF (más de 10.000 MD entre capital e intereses) y con el acuerdo secreto del
Club de París (otros 9.700 MD, sólo por capital) no le sirvieron para contener
el problema de los Holdouts.
Por ende, la
administración K apela ahora a profundizar la única vía disponible dentro de la
trampa del sistema de Deuda Perpetua en que está metida: pagar deudas que
vencen y sentencias judiciales que se pierden con nueva deuda, que es la política de pago de juicios (que es Deuda
contingente, no registrada) con bonos y vuelta al mercado de capitales para
tomar más deuda.
LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO.
Frente a este
gravísimo encuadramiento de los hechos, el gobierno Kirchner – desde su
asunción en 2003 hasta la fecha – actuó en sentido contrario a la defensa de
los intereses financieros nacionales en materia de deuda pública:
a) Aceptó
la legitimidad de toda la Deuda Pública heredada
pese a las investigaciones de la
Justicia Argentina en las causas Olmos I y II, Megacanje 2001 y actuación de
gobiernos democráticos en el aumento de la Deuda.
b) Se negó
y se niega a investigar la legitimidad de todas las acreencias.
c) Rescató
las deudas de origen delictivo del Megacanje De la Rúa-Cavallo del 2001 a través del lavado de Deuda del nuevo Megacanje
Kirchner-Lavagna de 2005-2010, en que se canjeó un 70-80 % de las mismas.
d) Sostuvo y sostiene la falsía de un
des-endeudamiento público que no existe.
e) Mantuvo y mantiene la mentira de un supuesto canje exitoso
de la deuda en default por medio de las reestructuraciones del 2005 y
2010 pese a que dicho acuerdo ha fracasado y fue sostenido
artificialmente con Deuda intra-Estado.
f) Pagó en
forma privilegiada - anticipada y total - la deuda vencida y a vencer con el
Fondo Monetario (FMI) pese a que se trataba del
acreedor oficial más cuestionable y co-responsable directo de la crisis de
deuda que declarativamente condena; con el agravante que no se desafilió de
dicho organismo, por lo que permanece sujeto a sus obligaciones como país
miembro.
g) Sostiene
un mecanismo de re-endeudamiento continuo con los
Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) – fundamentalmente Banco Mundial,
BID y CAF – pese a que la mayoría de los préstamos que recibe no son necesarios
de contraer en moneda extranjera y no tienen capacidad demostrada de repago.
h) Generó y
aumentó irresponsablemente una enorme Deuda intra-Estado
para sostener a ultranza su política de pago de la deuda externa con terceros a
costa de empapelar a los grandes organismos oficiales – ANSES, BCRA, BNA y
otros – con títulos impagables y con licuación, directa o indirecta, de las
obligaciones por capital.
i)
Mantuvo y mantiene
una política
de dilación de pagos por juicios, sin probabilidad de
resultados favorables, al sólo efecto de ganar tiempo difiriendo las
obligaciones asumidas, sin cuestionamiento alguno de su legitimidad y con la
clara intención de traspasarlas a las futuras administraciones de gobierno (caso
ANSES, BCRA, BNA, CIADI, Repsol, Club de París, Holdouts, OMC y bonos en
general).
j)
Ha multiplicado los gastos presentes y
futuros por comisiones, honorarios y gastos en toda la cadena de
re-endeudamiento permanente y toma de nuevas deudas del Estado, fiscales y
cuasi-fiscales (BCRA).
Estos males al
erario público han sido sostenidos bajo la suposición de una capacidad de
repago de las obligaciones que no existe: las deudas que
se pagan se cancelan íntegramente con nuevas deudas y no bajan, por lo tanto,
el stock del endeudamiento sino que, por el
contrario, lo incrementan con la toma de más deuda para cubrir el déficit
fiscal.
Para ello, la
administración K ha incorporado ahora masivamente su nueva política de pago de
sentencias en contra – deudas no registradas por la excusa de tratarse de
“deudas contingentes” – con bonos, es decir, la emisión de
títulos para cubrir los fallos adversos que sistemáticamente se le vienen
produciendo y cuya carga mayoritaria pasa a futuros gobiernos.
Esta “vocación
pagadora” y política de pagos a ultranza de la administración Kirchner ha
quedado claramente ratificada por Cristina Fernández en su discurso del 16.6.
Allí la
presidenta, entre otras cosas, dijo enfática y textualmente lo siguiente:
- “Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no
va a defaultear su deuda reestructurada.”
- “Porque la vocación de la Argentina es pagar, lo hemos
demostrado...”.
- “Nosotros queremos cumplir y honrar nuestras deudas y lo
vamos a hacer”.
Esto es, que no
cabe ninguna duda que la política declarada y fáctica del gobierno K es el
pago a ultranza de la Deuda Pública, sin importar su legitimidad: fundamentalmente el pago de su Deuda Externa, ya que de
su Deuda Interna - en esencia, de su Deuda intra-Estado – no se tiene la menor
idea de cuándo, cómo ni cuanto se va a poder pagar, pasándola a un futuro en
que la actual administración ya no va a estar.
Con lo que se
cumple la vieja premisa liberal – alguna vez expresada por el ingeniero
Alsogaray, durante la crisis del Plan Bonex de 1990 - de que, en caso de crisis
podía defaultearse la Deuda Interna pero nunca la Externa, porque esta última
debe mantenerse siempre en cumplimiento para poder volver a tomar más deuda afuera.
Es la forma clásica
de adscripción institucional de los gobiernos al sistema de la Deuda Pública
Perpetua.
UNA ALTERNATIVA NACIONAL.
Las
improvisaciones del gobierno K frente a la nueva mala noticia de los tribunales
norteamericanos no hacen sino agravar el cuadro financiero y jurídico del país
en materia de endeudamiento.
El intento de
realizar un cambio de jurisdicción para el pago a los bonistas del Megacanje
Kirchner-Lavagna en Buenos Aires en lugar de Nueva York habría quedado abortado
por el rápido levantamiento del stay de la corte de apelaciones de Nueva York y
porque, además, habría implicado una forma de desacato ante el fallo del juez
Griesa, después de ratificado en todas esas instancias extranjeras aceptadas
por la Argentina.
La nueva y
última etapa que ahora se abre –la convocatoria a negociar con los FB ante el
juez– se hace en las peores condiciones para el gobierno: juicio lapidariamente
perdido ante los acreedores y tiempos contra reloj debido al próximo pago de
900 MD por intereses de los Bonos Discount del Megacanje 2005-2010, con imagen
fundadamente deteriorada a raíz de los reiterados intentos de dilación legal y
con la dependencia
de terceros fondos buitre –como el caso Gramercy– que pudieran triangular la
deuda comprando los derechos de los juicios perdidos a los FB victoriosos para
luego canjearlos con el gobierno argentino por bonos de nueva deuda.
Con la complicación
adicional de la vigencia
de la cláusula RUFO o del Acreedor más favorecido – pactada por este gobierno
según el Megacanje 2005 – que compromete la extensión de cualquier beneficio dado
a los holdouts también a los bonistas que entraron en los canjes.
Si bien esta
cláusula regiría sólo en los casos de mejoras dadas en forma voluntaria y no
compulsiva –como sería este caso de sentencias judiciales– la Argentina no se
encuentra exenta de sufrir presentaciones judiciales aisladas por parte de
algún bonista díscolo que le abra así un nuevo frente de conflictos legales.
La lógica de
usura de los acreedores es, por definición, mantener siempre en jaque al deudor
de modo que éste se encuentre permanentemente en inferioridad de condiciones
para cualquier alternativa de negociación o -más propiamente hablando- de
allanamiento (como ya ocurrió con los laudos del CIADI y con el arreglo de la
deuda con el Club de París).
Un gobierno
debilitado políticamente, incoherente en sus improvisaciones y corrompido en su
gestión como el de los Kirchner es –en este sentido- un peligro, porque para
sostener su permanencia puede aceptar cualquier cosa, como lo está demostrando
en los casos citados (CIADI y Club de París) y también en el de Repsol,
Chevron-YPF y nuevo endeudamiento.
Y esto se materializa
bajo un esquema de Deuda Perpetua, pagando sistemáticamente deudas con nuevas
deudas, asumiendo deuda adicional y manteniendo un esquema permanente de toma
de obligaciones sin capacidad de repago demostrada, amparadas en el tradicional
estribillo del establishment financiero, que dice que “no hay problema en tomar
deuda sin capacidad de pago mientras se viva pagando intereses y se refinancie
íntegramente el principal a medida que se van produciendo los vencimientos.”
Es el precio que
la administración Kirchner está pagando por su propia supervivencia financiera
y política.
Si hubiera una
administración que quisiera verdaderamente confrontar y no seguir conviviendo
con esta trampa de Deuda Perpetua hoy podría hacer tres cosas básicas y
necesarias en función del interés nacional argentino:
- Blanquear la gravísima situación del Fisco sincerando
un nuevo default del Estado, dejando que la
Argentina sea arrastrada a un incumplimiento forzado -y de base real- de
su Deuda para tener oportunidad de replantear los términos de cualquier
renegociación futura.
- Constituir
una Comisión Investigadora encargada de la revisión integral de la Deuda
Pública Argentina –con particular
detenimiento en el rol de los funcionarios superiores responsables del
endeudamiento- suspendiendo todos los pagos de servicios hasta tanto esa
comisión no se expida formalmente.
- Recién con el dictamen de dicha comisión en la mano,
sentarse a negociar con los acreedores una re-estructuración
ordenada –pago con crecimiento económico y capacidad de repago demostrada–
de la deuda que sea considerada legítima.
Es la única
alternativa válida frente a la política institucional de toma de Deuda Pública
permanente sin capacidad de pago
La tríada Oficialismo-Partidocracia-Medios
y gran parte de la Clase Dirigente de la
Argentina, en cambio, pugnan hoy por consolidar la nueva ola de endeudamiento
público que ya ha comenzado –la tercera, después
del Proceso y de la Convertibilidad– y que algunos sectores, con la excusa del
fallo de los holdouts, buscan incluso convertir en una pseudo “causa nacional”
donde una nueva reestructuración de deuda que reemplace al fracasado Megacanje
Kirchner-Lavagna se mostraría, una vez más, como supuesta renegociación externa
“exitosa” para volver al Mercado Internacional de Capitales.
