Los detenidos en Tucumán, tienen
que ver con un oficio fiscal de fines del 2005, con 117 requerimientos.
Se están llevando a cabo detenciones y juzgamiento no solamente de militares,
sino también de civiles, como es el caso de quienes fueron integrantes del
Poder Judicial durante la época del Proceso Militar, y que incluso en tiempos
democráticos han desarrollado su actividad.
ENTRE RÍOS
En Entre Ríos, hay nuevos presos
políticos en la causa por la desaparición del soldado Jorge Emilio Papetti.
Ya estaban en prisión José Anselmo Appelhans y Naldo Miguel Dasso, agregándose a
ellos el Cnl. Jaime López Belsue.
A su vez, estarían libres pero
imputados Horacio Alberto Goris, Jorge Echeverría, Juan Ignacio Aleman,
Miguel Galeano
y Héctor Aníbal Amarillo.
TUCUMÁN
Ordenaron en Tucumán la detención
de 42 imputados en la megacausa “Arsenales II- Jefatura de Policía II”. Los
procesos judiciales se aceleran apurando pasos procesales, para dar inicio al
juicio por parte del Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF), el cual dio orden
para detener a los 42 imputados de la causa por “lesa humanidad”.
El día 30 de agosto pasado,
confirmaron a su vez la identificación de los restos de otros tres
desaparecidos que fueron ultimados y arrojados a una fosa común.
La decisión fue adoptada por los
jueces Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga (subrogante), con el voto
disidente de Gabriel Eduardo Casas, en base al artículo 366 del Código Procesal
Penal de la Nación. El mismo, faculta al TOF a detener a los imputados a fin de
garantizar la realización del debate oral y público.
La
privación de la libertad de los acusados se extenderá mientras dure el juicio,
que se iniciaría durante la primera quincena de octubre. Para la medianoche del
jueves 30 de agosto personal de Gendarmería ya había detenido a 21 imputados y
los trasladó a la cárcel de Villa Urquiza. El resto, en tanto, se encontraban
en las provincias de Jujuy, Misiones, Córdoba, Mendoza, Gran Buenos Aires,
Bariloche y Capital Federal.
La orden
dispuesta por el TOF implicó el inmediato traslado a los penales de los
respectivos distritos, aunque algunos de los acusados ya se encontraban en
prisión, como el caso del escribano tucumano Juan Carlos Benedicto. Otros estaban en
prisión domiciliaria y el resto, en libertad.
En Tucumán, fueron llevados al
penal de Villa Urquiza los ex policías (ya condenados por delitos de lesa
humanidad) Roberto "El Tuerto"
Albornoz y Luis Armando De Cándido,
quienes gozaban del beneficio de la prisión domiciliaria en sus casas de la
Banda del Río Salí y de la capital, respectivamente.
Entre los que fueron encarcelados
en la provincia, los nombres más sobresalientes que figuran en la lista de los
imputados son el cura José Eloy
Mijalchyk (el Padre Pepe) quien
se convertirá en el primer sacerdote que será juzgado por delitos de lesa
humanidad en Tucumán (por haber ocupado el cargo de Capellán), y el policía Miguel Angel Chuchuy Linares, quien fue
testigo en el juicio Jefatura I.
MAYORES DE 70 AÑOS
Los jueces han dispuesto que los
mayores de 70 años igualmente serán encarcelados, siendo llevados al penal de
Villa Urquiza, donde serán examinados por el Cuerpo Médico Forense de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación para determinar si están en condiciones de
permanecer alojados en el penitenciario. Lo propio se realizará con quienes tienen
menos de 70 años y tienen problemas de salud.
El juez Casas no estuvo de
acuerdo con enviar a una celda común a los imputados mayores de 70 años y con
problemas de salud, ya que tal medida es violatoria del Pacto de San José de
Costa Rica, es decir, se violan Derechos Humanos de los imputados.
Es el caso del ex combatiente
contrarevolucionario General Luciano
Benjamín Menéndez, quien es juzgado actualmente en La Rioja y goza de la
prisión domiciliaria. Según la orden, debió ser llevado a un penal de esa
provincia y luego ser revisado por los médicos forenses de la Corte.
Los imputados que se encuentran
detenidos fuera de la provincia de Tucumán permanecerán en los establecimientos
penitenciarios de las jurisdicciones en las que se encuentran, hasta tanto se
resuelva la situación de alojamiento en la provincia.
LISTA DE ACUSADOS
La lista es integrada por Luis Armando de Cándido, Hugo Rolando
Albornoz, Angel Custodio Moreno, Ramón Ernesto Cook, Juan Alberto Abraham,
Camilio Angel Colotti, Augusto Leonardo Neme, Roberto Heriberto Albornoz y
Ramón César Jodar. Oscar Humberto Gómez, Pedro Joaquín Pasteris, Antonio
Esteban Vercellone, Ernesto Arturo Alais, Fernando Torres, Hugo Enzo Soto,
Pedro Osvaldo Caballero, José Eloy Mijalchyk, Luis Orlando Varela, Adolfo
Ernesto Moore, Tomás Adolfo Güemes y Marcelo Omar Godoy. Luis Daniel de
Urquiza, Mario Miguel D`Ursi, Jorge Omar Lazarte, Ramón Alfredo Ojeda Fuente,
Ernesto Rivero, Adolfo Ernesto Moore, Ernesto Arturo Alais, Alberto Héctor
Rafael Montes de Oca, José Carlos Sowinski, Ariel Rolando Valdiviezo, Carlos
Eduardo Trucco y Celso Alberto Barraza. Miguel Angel Chuchuy Linares, Hugo
Javier Figueroa, Félix Insaurralde, María Luisa Acosta de Barraza y María Elena Guerra.
CÓRDOBA
Ordenaron la prisión para un ex
juez federal por delitos de lesa humanidad. Se trata del ex camarista Federal
de Córdoba, el Dr. Carlos Otero Álvarez,
de quien la Justicia Federal de Córdoba resolvió su detención. En la causa, se investiga
la presunta complicidad de funcionarios judiciales federales con la última
dictadura cívico-militar.
EL juez subrogante Federal 2, Daniel Herrera Piedrabuena, luego de
tomar declaración a Otero Álvarez,
ordenó que sea alojado en el penal provincial de Bouwer, según fue confirmado
desde los Tribunales federales de Córdoba.
Otero Álvarez está imputado por los delitos de "incumplimiento
de la obligación de promover la persecución penal" y "aplicación de
tormentos" durante su desempeño como secretario del Juzgado Federal 1 de
Córdoba durante la dictadura.
En el 2008 el ex magistrado
integró el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba que condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menénez y a otros militares
ex combatientes contrarevolucionarios por los delitos de lesa humanidad
cometidos en la provincia.
En esta causa se investiga la
actuación de ex magistrados y funcionarios del Poder Judicial en la tramitación
de causas donde resultaron víctimas personas detenidas durante la última
dictadura y que se encontraban a disposición de la Justicia Federal de Córdoba.
En la causa también se había
resuelto la prisión domiciliaria de los ex defensores oficiales, Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina, además del ex fiscal federal de Córdoba, Antonio Cornejo y del ex juez federal
de Córdoba, Miguel Ángel Puga.
