Por Silvio H. Coppola
La piedra filosofal era un elemento, buscado con desesperación por los antiguos alquimistas, y también por muchos otros antes de ellos, que permitiría al que lo consiguiese, la transmutación de los metales o sea, convertir uno impuro en oro de la mejor calidad.
Además, esta piedra filosofal, al decir de algunos investigadores, lograría también la cura de las enfermedades, el movimiento continuo y tendría otras propiedades igualmente maravillosas. Por eso el interés que despertaba su hipotética posesión.
Actualmente se han desechado esas ideas, pero hay no obstante adquisición de otros elementos, que si bien no dan oro, dan poder y logran muchos propósitos políticos e incluso económicos, que de otra manera no podrían ser logrados.
Uno de ellos, es lo manifestado constantemente por este gobierno, que es titular de la frase y de sus consecuencias, que es la proliferación de que todo lo que no hace a sus propósitos o considera ilegítimo, es porque afecta derechos humanos.
Estos derechos humanos pueden ser de la más variada índole y se aplica por jueces a dedo, a unas personas si y a otros no, a unas instituciones si y a otras no, en igualdad de circunstancias. Los mismos hechos, pueden o no afectar derechos humanos, según sean las personas o entes afectados. La ley en absoluto pasa a ser pareja, sino antes bien, todo lo contrario.
Lo que es legítimo para unos, pasa a no serlo para otros, según vengan los vientos políticos. Y se aplican retroactivamente o no, según los mismos motivos. Esa es la piedra filosofal de la pareja presidencial y de su grupo, al que se adhieren sin chistar todos los jueces federales y su entorno.
Ahora esto de los derechos humanos, aparece increíblemente en el caso de Papel Prensa. Como es de conocimiento popular, existe una disputa entre el gobierno y el denominado Grupo Clarín, uno de los titulares de aquella empresa, que posee prácticamente el monopolio de la distribución de papel.
Como de ello quiere ser titular el gobierno o los K, como se prefiera, con bombos y platillos ha efectuado la presidente una denuncia ante la justicia (sic), para que se anule la transferencia a favor del Grupo, hecho hace más de treinta años por la familia del financista David Graiver.
Como esta situación está por demás prescripta e incluso los Graiver que tramitaron la operación han afirmado que en su momento, no han sido sujetos pasivos de ninguna intimidación por parte de funcionarios del partido militar en el poder, la presidente ha resuelto que sí, que fueron intimidados e incluso torturados y por lo tanto el hecho no ha prescripto porque afecta (¡¡oh sorpresa!!) derechos humanos. ¿Y de quién o quiénes? No importa, aunque haya un solo testigo de algo, aunque apliquemos retroactivamente la ley penal, aunque no observemos la cosa juzgada, no importa, se violaron los derechos humanos y basta.
Entonces pasa todo este enredo político y económico a la decisión del juez federal que interviene en La Plata, por delitos de lesa humanidad que se habrían cometido en esa jurisdicción durante el gobierno militar.
Por supuesto con decir por parte de la presidencia que están afectados derechos humanos, el juez Corazza ni se animará a chistar y mucho menos a decir que no es competente, porque la mágica frase le ha imposibilitado cualquier cuestionamiento. Pero claro, el caso se presta a una negociación y así seguramente va a terminar.
Porque el juicio de efectuarse es dudoso que termine este siglo y el poder público aprieta y mucho a la empresa. Por consiguiente no es improbable un acuerdo, de cualquier clase, pues las elecciones de 2011 están muy cerca y entonces la paz reinará en Varsovia.
La Plata, agosto 27 de 2010.
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