La Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia denuncia, con inmensa preocupación, la nueva embestida de encarcelamientos de miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, procesados por delitos llamados de “lesa humanidad”, que oportunamente habían sido excarcelados mediante resoluciones de los tribunales que entendían en sus respectivas causas. La medida que denunciamos se origina en una inusual decisión de la Corte Suprema que resolvió por la vía del recurso extraordinario, revocar las excarcelaciones dictadas por la Cámara hace más de dos años, respecto de varios procesados.
Son varias y de singular gravedad las anomalías que sustentan la decisión de la Corte. En primer lugar los recursos contra las excarcelaciones planteados por el Ministerio Fiscal fueron concedidos con efectos suspensivos, es decir se mantuvo a los procesados en la cárcel, contrariando lo dispuesto por el artículo 332 del Código Procesal Penal. ("El auto que conceda o niegue la exención de prisión o la excarcelación será apelable por el ministerio fiscal, el defensor o el imputado, sin efecto suspensivo, dentro del término de veinticuatro (24) horas").
Asimismo se desconocen los alcances de la Ley 24.390 sancionada en 1994, reglamentaria del artículo 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece el plazo de dos años como máximo para la duración de la prisión preventiva, con la posibilidad de ampliar ese tiempo por un año más, mediante resolución fundada y, a su vez, regula el procedimiento de revisión de la prisión preventiva que exceda dicho plazo. Los procesados, en su mayoría han superado con creces esos plazos en la cárcel, sin condena y sin fundamento alguno.
La arbitraria decisión de la Corte Suprema, además, tendrá efecto sobre los tribunales inferiores que revisaran sus decisiones, según la nueva doctrina y, muy probablemente, tenderán a rechazar las excarcelaciones que antes concedían. Asimismo los jueces, por caso Bahía Blanca, invocando esa doctrina, se pusieron diligentemente a revocar las excarcelaciones que habían concedido, provocando en estos días, la avalancha de reingresos a la cárcel, que ahora denunciamos. Esta situación aberrante de ensañamiento a la que están sometidos quienes actuaron contra la agresión subversiva en la guerra de los setenta, pone en evidencia, una vez más, que en la Argentina, para determinados ciudadanos, la legalidad ha sido sustituida por la aplicación difusa y sesgada de la política de los llamados “Derechos Humanos”.
Mariano Gradin
Secretario
Alberto Solanet
Presidente
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