A continuación transcribimos la conferencia dictada por el Dr. Alberto Solanet en la Universidad Católica de La Plata (UCALP) el día martes 21 de septiembre de 2011 sobre “LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y SU ENJUICIAMIENTO. EL CASO ARGENTINO”.
Por Alberto Solanet
Amigos:
Ante la presencia de jóvenes alumnos, creo
conveniente hacer un breve exordio histórico acerca de lo ocurrido en
nuestro país,
desde la década
del sesenta, cuando comienza la agresión guerrillera en la Argentina
Las bandas terroristas que asolaron a la República durante las décadas del '60 y el 70 tenían como objetivo, reiterada y públicamente declarado, tomar el
poder por la violencia en el país, para luego implantar un sistema marxista-leninista, como en Cuba, cuyo
gobierno brindo apoyo, asilo, entrenamiento y medios a los subversivos que
tomaron las armas contra la Nación para lograr aquel empeño.
En su accionar no trepidaron en asesinar,
robar, secuestrar, extorsionar, y cometer toda
clase de atentados violentos, no solo contra los integrantes de las FFAA y FFSS
y sus guarniciones, sino también contra civiles inocentes, políticos, empresarios, y
sindicalistas
El conflicto se acentuó en la década del 70, y lamentablemente,
al restablecerse en
1973 el régimen
constitucional, las tres primeras medidas del Congreso y del Poder Ejecutivo fueron disolver
la Cámara
Federal en lo Penal con
competencia para juzgar a los imputados de hechos terroristas, derogar la legislación penal que sancionaba tales
conductas, y liberar indiscriminadamente
a todos los imputados, procesados y legítimamente condenados por actos
terroristas. Presos que habían sido juzgados con todas las garantías del debido proceso, que
inmediatamente retomaron sus actividades
criminales.
En esta actitud irresponsable participaron, no
solo los ideólogos
de la subversión, que se encaramaron en el
gobierno títere
de Campera, sino también, los partidos políticos y el Congreso en pleno,
que por aclamación sancionó la amnistía y la disolución de la Cámara Federal. En descargo se adujo que los presos ya
estaban libres. Vaya justificativo. Ni siquiera se apeló a la postura testimonial.
Indudablemente la dirigencia política no estuvo a la altura de las circunstancias.
Del baño
de sangre que sobrevino, hasta ahora nadie asumió la responsabilidad, ni pidió perdón ante la república, por aquella incalificable disposición.
La guerra adquirió una intensidad sin
precedentes. Diariamente ocurrían los más espantosos homicidios,
secuestros, usurpaciones, asaltos a guarniciones militares y otros gravísimos delitos. Un verdadero baño de sangre.
·
A partir
de decretos dictados por Isabel Perón e Ìtalo Luder, ante una situación caótica que desbordaba a las instituciones policiales,
en 1975 se ordenó a
las fuerzas armadas que aniquilaran el accionar terrorista.
La guerra prosiguió con su secuela de excesos,
hasta que finalmente la embestida
guerrillera quedó bajo control, con muy aislados brotes de
violencia.
Al asumir las autoridades constitucionales el 10 de
diciembre de 1983, resolvieron enjuiciar a los Comandantes,
sustanciándose
un proceso ante el Consejo
Supremo de la Fuerzas Armadas y, simultáneamente, dispusieron denunciar a los dirigentes de la guerrilla en
actuaciones que tuvieron limitada proyección.
En cambio, los tribunales federales, después
de abocarse al conocimiento de los procesos castrenses, vulnerando la garantía del juez natural, avanzaron hacia toda la línea de mando de las fuerzas armadas, de seguridad y
policiales, sin excluir a quienes ostentaban las jerarquías más modestas como
oficiales o suboficiales.
A partir de 1987 surgieron
levantamientos militares que finalmente fueron superados a través de las leyes de punto final y obediencia debida.
También los imputados de hechos subversivos fueron
incluidos por el Congreso entre los beneficiados con la extinción de las acciones penales. Finalmente, en 1989 y
1990, se dictaron amplios decretos de indulto para todos los que participaron
en la guerra. Prácticamente, luego de
veinte años de desencuentros feroces, parecía que se había
superado el conflicto.
Ante el estupor de muchos que así lo consideraban, e impulsada por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió,
y, con auspicio del presidente Kirchner, se forjó
una visión asimétrica
y unilateral del último medio siglo, según la cual los militares e integrantes de las fuerzas
de seguridad fueron considerados malvados asesinos que persiguieron a jóvenes idealistas que sólo
querían procurar el bien de las clases más humildes. Se
ha predicado a tiempo y a destiempo, el odio y el resentimiento contra un solo
sector de la contienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nadie la
hubiere provocado. Se fue acentuando el hostigamiento contra militares y
fuerzas de seguridad cuyo objetivo es privarlos de su libertad a cualquier
precio. Falsa visión de los hechos que se
impuso como verdad incontrovertible en el desarrollo de los múltiples procesos judiciales y que ha hecho olvidar
que el exterminio del terrorismo había
sido ordenado por el propio gobierno constitucional del general Perón y clamado por todo el espectro político de ese entonces.
Una condición esencial es superar esa permanente mirada hacia el
pasado, teñida de una interpretación sesgada, asimétrica
y vengativa. Esto no se logrará pretendiendo
reconstruir la historia según el color de un
dogmatismo faccioso del presente, que interpreta los hechos según su particular ideología e intereses. Menos aún
podrá cultivarse la paz interior si esta historia hemipléjica y plagada de odios, se introduce en las aulas
escolares, en las universidades, en el cine, en los medios masivos de
comunicación, hasta el hartazgo.
El impulso y presiones del poder político
Kirchnerista sobre el Congreso y la Justicia han llevado a que ésta actúe
por encima de los principios que deben regirla y que nunca debieron
abandonarse. La anulación de las leyes de
Obediencia Debida y de Punto Final rompió
con el precepto legislativo de que las leyes no se anulan sino que se derogan o
se modifican. A partir de allí y con la complicidad
de la Corte Suprema, quedaron arrasados los principios de legalidad, de
irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, aplicación de la ley penal más
benigna etc... De esta forma cientos de militares con destacados servicios y
carreras impecables, luego de haber permanecido sin objeciones en sus
respectivas fuerzas, ascendidos a jerarquías
superiores en plena democracia, algunos de ellos condecorados por el Congreso
como héroes en la guerra de Malvinas, comenzaron a ser
imputados por la justicia por hechos ocurridos casi treinta años atrás,
detenidos y sometidos a un largo encarcelamiento sin pena ni juicio. El mismo
Estado que durante un gobierno constitucional les encomendó aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al
país en la violencia de una guerra revolucionaria, el
mismo Estado que dictó las leyes que
significaron tres amnistías sucesivas, el mismo
Estado que revisó prolijamente sus casos
y luego los mantuvo en actividad durante más de quince años sin cuestionamiento alguno, ese mismo Estado
modificó radicalmente su postura e instaló una persecución
implacable e ilegal.
Este mismo Estado se ha llevado a prisión a más
de 1.000 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, mientras esta misma
justicia no ha alcanzado a los terroristas que estas fuerzas combatieron. Se
trata entonces, de presos políticos entre los que
debemos contabilizar, hasta ahora, 145 muertos en cautiverio. Digo hasta ahora,
por cuanto el propósito de los ideólogos que hoy rodean el poder, es materializar el
odio y la venganza con la muerte de todos.
Félix
Luna, tan mentado por el progresismo, calificó
esta circunstancia como "e/ regreso al pasado mas sombrío, este intento de reabrir el juzgamiento de las
causas militares, negando los efectos jurídicos de la amnistía otorgada por el Congreso en 1987", y afirmó
"que, además
de confundido me siento triste. Parece que somos incapaces de resolver un
problema que naciones que sufrieron guerras feroces -civiles y externas-
supieron cerrar honorablemente. De lo único que estoy seguro es de que alguna vez y para siempre habrá que cerrarla caja de Pandora"
Para enfrentar este verdadero
esperpento y desvarío jurídico, resolvimos unirnos y fundar la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia,
habiendo obtenido la personería jurídica hace dos años.
Fuimos doscientos en ese entonces y hoy llegamos casi a los quinientos
abogados, más los adherentes que participan de idénticos ideales.
La cuestión
no es ya meramente jurídica sino de
naturaleza moral. No es el horror de la guerra lo que está bajo examen sino la opción sistemática
por alternativas que, transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta de la contienda, alientan el odio y la
desintegración social, empujando a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles.
Están
presos* por haber cumplido con su deber, por haber peleado en defensa de la
Nación. Que democracia y que república se puede construir sobre esta realidad aciaga.
En definitiva no estamos en tiempos de paz, en nuestra patria no hay orden,
premisa indispensable para su existencia..
Nació nuestra agrupación
en torno a la visita a las cárceles, para
encontrarnos con los presos, recoger sus inquietudes, levantarles el ánimo, aunque en este punto por lo general ocurre lo
contrario, ellos son los que nos transmiten entusiasmo y coraje para seguir en
nuestro empeño. Sienten que su injusto encierro es un acto más de servicio. Hoy sirven a la Patria desde la cárcel. Una de las peores sensaciones, es asumir que
las respectivas fuerzas a las que pertenecen, y que oportunamente les ordenaron
combatir, hoy los han dejado a merced del enemigo. Luego de cada visita,
uno sale edificado por el testimonio de valor y patriotismo que nos contagian.
Días pasados asistí
a una de las audiencias públicas, en la que se
trataba la situación de un valiente y
ejemplar soldado, que hace más de treinta años que es un muerto civil, Alfredo Astiz. En un cuarto intermedio, pude contemplar cómo, con
la hidalguía que le es característica,
estiraba sus manos para que el carcelero le pusiera las esposas. En ese momento
pensé, como es posible que este hombre esté en esa situación
y Schoklender siga caminando por la
calle. Tuve que apretar fuertemente los dientes para no perder la calma.
Muchos de los jueces, responsables de
los detenidos, someten a estos a verdaderos tormentos, como es soportar la cárcel cuando ya son ancianos o están seriamente enfermos. Esta gente está condenada a muerte, pero a una muerte lenta.
Mencionaré
un caso lacerante como el ocurrido al General Saint Jean días pasados en esta
Ciudad. El señor General, en prisión
domiciliaria, desde hace tiempo padece de un Alzheimer que lo tiene postrado y
casi aislado del mundo. El pasado 12 de septiembre, el Tribunal lo obligó a concurrir personalmente a la audiencia. Para ello
lo trasladaron en ambulancia y silla de ruedas, y por las dudas pueda
escaparse, lo esposaron. Todo se llevó
a cabo a pesar de los denodados esfuerzos realizados por su hijo el Dr. Ricardo Saint Jean, quien para evitarle
semejante suplicio, acreditó, previamente, el
estado de postración del distinguido
General. Es difícil imaginar que en el
espíritu de quien debe impartir justicia, se pueda
acumular tanto odio y sed de venganza. Estas audiencias, suelen estar acompañadas por el bramido de una turba compuesta por
Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y cuantas organizaciones de izquierda andan
por ahí. Más que un Tribunal, se
asemeja al circo romano, o a los tribunales populares rodeando el cadalso.
Los propios jueces que condenaron a las Juntas han manifestado su
desacuerdo con este enfadoso desvío
de la justicia. Así se expresaron en el
reportaje publicado en el suplemento "Enfoques" de La Nación del 15 de agosto de 2010, el Dr. Strassera: ..."este
gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de
los derechos humanos; A su vez el Dr. Ledesma: "Nosotros en
1985, no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por
delitos comunes, y más adelante agrega "yo creo que si se admite la
imprescriptibilidad, que acabo de decir que viola el principio de legalidad,
también debían ser juzgados hoy en día los líderes
de la subversión"
y finaliza afirmando que " creo que
el principio de legalidad no puede ser derogado por nada porque es uno de
los logros más importantes de la civilización" El Dr. Torlasco por su parte dijo:
" Aquí
en este momento se están
juzgando hechos que normalmente hubieran estado prescriptos de acuerdo con el
artículo 18 de la Constitución. Se está juzgando por la aplicación retroactiva la convención sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad" Finalmente el Dr. Moreno Ocampo, opinó "Yo creo que la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el
juicios, no se pueden utilizar para la prescripción, es válida. Aquí hay un problema grave de prescripción"
Rechazaríamos,
también por razones morales, que se cometan las mismas
aberraciones jurídicas con quienes ayer
agredieron a la Nación y hoy gozan de los
favores oficiales y desempeñan altísimos cargos en los tres poderes del Estado
Nacional. Las acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente extinguidas y así deberán
declararlo en algún momento los jueces,
si la Justicia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en su dictamen del 25 de
agosto de 2005, descalificando la línea
jurisprudencial iniciada a partir del año
2004, "los principios de legalidad, irretroactividad de la ley
penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, no sólo están en el texto de la Constitución Nacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y
XIX, principios que no han sido modificados por las etapas
posteriores del constitucionalismo, que tienen varios siglos de vigencia
y que nunca han sido cuestionados"
Desde el poder, con un cinismo
insoportable, se exaltan los derechos humanos a través de genuinos intérpretes
de una concepción groseramente
restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de universalidad que
debe caracterizarlos. Es una concepción
viciosa, que hoy, para un sector importante de los argentinos, sustituye a la
legalidad, y para otros sirve de marco de impunidad para cometer cualquier
clase de delitos y realizar pingues negocios. Ya no rigen ni las garantías constitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados por
la acusación de haber cometido delitos de "lesa
humanidad".
Los agresores de la sociedad civil,
ahora son apañados y se los destaca como personalidades
ejemplares, además de ocupar altos
cargos en el Gobierno. A los causahabientes de quienes se alzaron en armas contra
el Estado se les pagaron abultadas indemnizaciones. Los "derechos
humanos", han sido utilizados por el Kirchnerismo como herramienta política, para conseguir el poder que no tenían, además,
como ya dije, y está a la vista, al
servicio de un pingue y obscuro negocio, del que nosotros, a través de una acción
de amparo que interpusimos, solo podremos sacar a la luz una pequeña punta del iceberg.
En efecto, luego de una minuciosa investigación, llevada a cabo por uno de nuestros abogados, el
Dr. Oscar Vigliani, se pudo
acreditar que sesenta y ocho personas que figuran como desaparecidas, cuyos
causahabientes cobraron, por ese motivo, mas de US$ 200.000.- por cada uno, en
realidad eran guerrilleros que participaron y fueron muertos en combate, en los
ataques al Regimiento 29 de Infantería
de Monte, en Formosa; los cuarteles de Azul, Villa María, Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo. Todo ello con
anterioridad al 24 de marzo de 1976, en plena vigencia de gobiernos de iure. Es
decir, estamos ante el absurdo que el propio estado indemnizó a parientes de quienes se alzaron en armas en su
contra. Como dije esta es solo la punta de una gigantesca defraudación, obra de una banda de desaprensivos funcionarios,
que le ha costado millones de dólares al Estado,
millones de dólares a los argentinos, se estima entre 1.500 a 1700
millones de dólares, que han ido a parar sin control alguno vaya
uno a saber a cuantos obscuros intermediarios y funcionarios que han
medrado, nada menos que a través de la muerte de
otros, que , si bien profundamente equivocados, jugaron su vida por ideales que
estos depredadores dicen sostener, pero que en la guerra no movieron un dedo,
sino que se dedicaron, al menos los Kirchner, a los negocios en Santa Cruz.
Puedo adelantarles que el Ministerio de Justicia ha reconocido que
efectivamente, los familiares de 30 de los denunciados en nuestra acción de amparo, recibieron las indemnizaciones
previstas para los desaparecidos. Como se ve
es la punta del iceberg.
Me imagino que los llamados jóvenes idealistas, que en ese entonces se alzaron en
armas contra el estado argentino, poniendo en juego sus vidas, de ninguna
manera habrían sospechado que su lucha iba a concluir en este
descomunal negociado. Resulta que ahora los derechos humanos son fuente de
negocios. Derechos Humanos SA, como los llamamos. Miremos a las Madres de Plaza
de Mayo, Schoklender etc...Esta
estafa superlativa del gobierno Kirchnerista, fue relacionada en tres sucesivas
notas del periodista Mariano de Vedia
en La Nación de la semana pasada
Como afirmara Abel Posse "después de los juicios a las juntas militares y de tantas condenas, los que
ejercieron la violencia por orden del Estado carecen de toda esperanza legal,
mientras que los violentos del otro sector, con sus miles de atentados, reciben
un trato inaceptable en cualquier sociedad civilizada".
Parece que tamaña corrupción
no conmueve a nadie. Sobre esto nadie habla, la sociedad guarda silencio, en
general por ignorancia y la dirigencia política
también guarda silencio, pero este silencio si es doloso.
Como dije, a instancias del Poder
Ejecutivo, el Congreso resolvió anular los indultos
que habían sido homologados por la Corte Suprema y las leyes
de obediencia debida y punto final que habían
extinguido las acciones penales, leyes de amnistía
que fueron declaradas constitucionales por el mismo alto Tribunal. Luego, la
Corte Suprema a través de distintos fallos,
dócil a las órdenes
del Poder Ejecutivo, posibilitó la reapertura de los
procesos, vulnerando la garantía de la cosa juzgada,
violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando
retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de
gobierno, desconociendo la presunción
de inocencia que tienen todos los procesados, negando la detención domiciliaria a quienes en derecho les correspondía, excediendo en muchos años los límites
impuestos a la prisión preventiva por la
Convención Americana sobre, Derechos Humanos y su ley
reglamentaria, y ejecutando un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar
la necesaria unión nacional.
La Convención Reformadora de 1994,
en la misma sesión plenaria que aprobó la redacción
del actual artículo 75 inciso 22 y
otorgó jerarquía
constitucional a varios convenios internacionales, rechazó la pretensión
de que los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles
de amnistía, indulto o conmutación.
¿Cómo es posible que
ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen rápidamente a quienes ya han sido amnistiados o
indultados por delitos que, además,
se encuentran prescriptos?
Señores
nosotros no nos agrupamos para reivindicar el llamado proceso. Sin embargo
somos conscientes que en los años setenta hubo una
guerra, y que la subversión marxista agresora,
fue derrotada en el terreno de las armas, por esas Fuerzas Armadas que combatieron
en defensa de la Nación. Cambió el campo de batalla de la antigua guerra sucia de
los años setenta entre terroristas que atacaban y
militares que defendían. Ha sido ahora
reanudada, después de años de olvido y de tranquilidad, en este nuevo campo
de acción: el ámbito
judicial, a través de juicios plagados
de irregularidades y arbitrariedades contra los imputados.
Somos consientes que se cometieron
torpezas en medio de la guerra. Pero somos igualmente conscientes, que hoy, en
tiempos de paz, tanto el poder político,
en el que muchos de los terroristas de entonces se han encaramado, y los jueces
prevaricadores que le son funcionales, llevan adelante este plan perverso de
odio y de venganza, que, además demolió las fuerzas armadas y de seguridad, dejando, hoy, a
la Nación absolutamente indefensa ante la región y el mundo.
Estos jueces deberán responder por la responsabilidad que les cabe. Hoy
podemos afirmar, con inmensa preocupación,
que respecto de un importante sector de la ciudadanía, la legalidad y el derecho, han sido sustituidos
por un esquema ambiguo y difuso denominado "política de derechos humanos"
. En agosto del año pasado, en una
elocuentísima demostración
de la decadencia que vivimos, el presidente de la Corte, Dr. Lorenzetti, acompañado de varios Ministros y políticos, absolvió
posiciones ante las madres y abuelas de plaza de mayo, y frente al prevaricador
Garzón, quien tuvo la osadía
de visitarnos, para fiscalizar la conducta de estos jueces serviles y
prevaricadores como él. En esa oportunidad
y ante semejante auditorio, el Presidente del máximo
Tribunal de la República, declaró que "no habrá
marcha atrás en los juicios de derechos humanos", y agregó que el avance de estas causas no solo es el
resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes,
y en especial, enfatizó, del poder judicial.
Continuó manifestando que "el avance de los juicios por
derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres
poderes del Estado, y afirmó que valoraba la
decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y
de obediencia debida como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles
los delitos de lesa humanidad. Como broche de oro, dijo que habían creado una comisión
ínter poderes para llevar adelante esa política de "Derechos Humanos" como una política de estado. Para colmo, acaba de editar un libro
"Derechos humanos: justicia y reparación",
en el que ratifica con clara contumacia estos desvaríos y será presentado, con bombos y platillos el 27 de este mes
en la Facultad de Derecho del UBA. El marco, será
el de siempre, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, y demás acólitos de la izquierda
revolucionaría. No quiero imaginar cuantos dirigentes políticos se sumaran a la demostración. En un anticipo publicado en la revista
"Noticias", el Dr. Lorenzetti
manifestó que "los juicios de lesa humanidad
forman parte del contrato social de los argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va mas allá de cada dirigente, que no tiene dueño y que nadie puede ya impedir".
Señores,
me extendí en estas manifestaciones del Presidente de la
Corte, por cuanto considero que son de una gravedad extrema. Se acabó la república
por cuanto hace tabla rasa con la división
de poderes, comete un grosero prejuzgamiento, reitera el gigantesco prevaricato
en el que incurrió la Corte, evidencia
que se ha operado la sustitución del Código Penal, por una difusa política de "derechos humanos" y, al declarar
que esta injusta política es una política de Estado, está
descartando la posibilidad de la reconciliación
de los argentinos, El desprecio por los grandes principios del derecho y el
abandono de la legalidad significan la destrucción
del sistema civilizado de convivencia. Ningún
ciudadano debiera consentirlo y ningún
hombre de derecho dejar de denunciarlo. Creo que hay mérito suficiente para pedirle el juicio político
Hace un par de meses, en un acto que
organizamos en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, ante más de mil
personas, casi todos abogados, leímos
a vos en cuello, una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia, en la que le
imputamos la grave responsabilidad que le incumbe en esta profunda degradación que padece la República,
y en consecuencia le exigimos la renuncia a su Presidente, el doctor Lorenzetti.
Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico
que incrementa el rencor y el resentimiento, y, como dijo Recondo, ex -presidente de la Asociación de Magistrados, "el desapego a la ley en
defensa de intereses facciosos, ha tocado fondo en la argentina". Es evidente que no median
obstáculos jurídicos
genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los
pueblos sabios, en Europa y América, para aplacar los
odios engendrados por los enfrentamientos pasados. En la segunda guerra mundial
murieron 40.millones de personas, en Núremberg fueron condenados 38 y luego de
20 años quedó
un solo preso en Dachau.
Urge volver al cauce de la Constitución histórica,
recurriendo incluso a los remedios que están
en su texto y que ninguna convención
internacional ha abolido, que permitirían
afianzar la paz interior y superar las secuelas más
dolorosas de nuestra guerra. Sobre el punto, ¡a
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
autorizan la amnistía y el indulto
"en todos los casos", incluso "para los delitos más graves"
La amnistía es un acto de recíproco olvido, quien la recibe debe devolverla y
quien la da, debe saber que él también la recibe. Marca un olvido, tanto de las
injusticias pasadas y sufridas, como de someterlas al veredicto de la justicia
presente o futura. Hasta aquí, salvo excepciones,
parece no llegar nuestra dirigencia, demostrando cuan alejados están de la racionalidad política y, seguramente, del sentimiento de la inmensa
mayoría de los argentinos. Está claro que ante esta actitud farisaica, hablar de
amnistía no parece ser políticamente
correcto, pues aunque se trate de una minoría
la que no la acepta, hace falta convicciones, grandeza y coraje para sostener la
necesidad de su vigencia, virtudes que deberían
aflorar en el escenario político. La sociedad en
general, la dirigencia política y empresaria dan
vuelta la cara ante esta ominosa realidad. No es políticamente correcto hablar del asunto. Esta ponzoña, que envenena el alma de nuestros ciudadanos desde
su más tierna infancia, no ha merecido, que yo sepa,
salvo contadas excepciones, la más
mínima condena. En estos tiempos de campaña electoral los dirigentes políticos, nos hartan con sus peroratas vacías, en las que ignoran dolosamente los hechos
apuntados, sobre todo algunos que no se cansan de hablar de la moral y los
valores. No se sabe de qué moral y qué valores, ya que, cuando les tocó como diputados, votaron por el matrimonio
homosexual, o le hicieron "una verónica"
como expresó con un cinismo insoportable una de las candidatas a
la presidencia.
Esta realidad que hoy denunciamos está en sintonía
con el formidable avance de una implacable revolución cultural que, aunque originada en el mundo, antes
de ahora, ha cobrado en estos últimos tiempos una
inusitada gravedad en nuestra patria, afectando severamente el orden social y
especialmente a la institución de la familia, con
leyes como la del matrimonio homosexual, ahora acompañada con la posibilidad de cambiar el sexo, y el
aborto, estas últimas a las puertas
de ser sancionadas. Ello se suma a la destrucción
de las Fuerzas Armadas, a la persecución
que padece la Iglesia Católica, cuya influencia
y ascendiente en la sociedad argentina se intenta reducir a la mínima expresión,
empujándola a recluirse en el secreto de sus templos y a
desertar de su misión providencial de
formar a los hombres para la construcción
de una sociedad justa. La cizaña ha crecido mucho en
nuestra patria, pero no desesperemos, todavía
queda trigo bueno y en algún momento llegará el tiempo de la siega.
Hemos denunciado, y no nos cansaremos de
hacerlo, que el avasallamiento de los principios más básicos del derecho,
empezando por el principio de legalidad, origina que cualquier ciudadano
argentino esté en libertad condicional, sujeto al capricho del
poder político. Esto no es una presunción retórica.
Hemos visto como, desde la Presidencia de la República,
se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidos
empresarios, vinculados a los medios más importantes de la prensa escrita, a
Jueces, a quienes considera hostiles a los fines del Gobierno, acusándolos de absurdos delitos de "lesa
humanidad". Les decimos a quienes hasta ahora se han mantenido
indiferentes ante esta lacerante realidad, que pueden ir por ellos y por sus
bienes. La persecución no tiene límites.
La paz social, la verdadera paz,
definida por San Agustín como "la
tranquilidad en el orden" es una condición
indispensable para cualquier gobierno que se proponga un mejor futuro. La
confrontación no debiera ser un instrumento de poder. Es
imprescindible volcar los esfuerzos y las esperanzas hacia un futuro que debería construirse con todos y para todos los argentinos.
Por ello, se hace necesaria la pacificación
y reconciliación. Que Dios nos ayude
La Plata, septiembre 20 de 2011
