La provincia de Buenos Aires ha implementado un nuevo
mecanismo sistemático para eliminar a personas inocentes, los niños por nacer. La “adecuacion” al
fallo de la Corte Suprema de Justicia del pasado 13 de marzo, esgrimida por el
Gobierno provincial, no tiene más asidero
que el móvil ideológico ni encuentra otra explicación que la presión del
Ejecutivo nacional que primero politiza y corrompe la administración de justicia
y después avasalla las autonomías provinciales.
El ministro de Salud provincial, Alejandro
Collia, presentó hoy el Protocolo de
“Aborto no Punible” (Resolución 3146/12), “se fundamenta en la necesidad de contar con
pautas que garanticen el acceso al aborto en los supuestos contemplados como no
punibles en los términos del Artículo Nº 86, Inciso 1 y 2 del Código Penal y
del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación”.
Los especialistas del ministerio de Salud presentaron
el nuevo Protocolo ante los titulares de las comisiones de Salud de Diputados y
Senadores, Viviana Nocito y Marcelo Carignani, respectivamente. En el encuentro
también estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez
y el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Nicolás
Carvalho.
El Protocolo dice que a partir de la interpretación
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el aborto practicado por un médico
diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible en tres
supuestos:
1. Si se ha realizado con el fin de evitar un peligro
para la vida ò la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por
otros medios.
2. Si el embarazo proviene de una violación,
conforme la manifestación de la propia victima o su representante legal y con
prescindencia de la denuncia y/o calificación penal del
hecho.
3. Si el embarazo proviene de un atentado al pudor
cometido sobre una mujer idiota ó
demente.
Asimismo agrega que “al concluir que el aborto practicado a una
mujer víctima de violación no es punible otorga protección legal al equipo de
salud que realiza la práctica, garantizando así el acceso a la misma. La
realización de la práctica no implica ninguna responsabilidad administrativa,
civil, ni penal para el equipo de salud”.
Con la implementación del Protocolo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires renuncia
servilmente al declamado federalismo y se hace cómplice de los crímenes que
la Resolución
faculte.
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NOTIVIDA, Año XII, Nº 840, 17 de julio
de 2012
Editores: Lic. Mónica del Río y Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja
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