Buenos Aires, 7 de abril de 2010.- En el día de la fecha, el periodista y escritor Carlos Manuel Acuña, presidente de la ONG “1810”, adherido a la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), declaró como testigo de la defensa ante los Tribunales de la provincia de Tucumán donde se están juzgando a militares que combatieron a la guerrilla y al terrorismo en la década del 70. Su testimonio causó estupor y revuelo en la Sala de Audiencias al referirse a la Justicia argentina en general y a ese tribunal en particular, al sostener que “como en la ex Unión Soviética, Cuba, la Venezuela de Chávez o la Bolivia de Evo Morales con su “Justicia Comunitaria”, en nuestro país la majestad de la justicia ha desaparecido para instalar en su lugar a una justicia vindicativa, revolucionaria, que no respeta las garantías constitucionales, apartada del Derecho y que pone al país en la senda de autoritarismos y absolutismos, propios de dictaduras, que agravian la dignidad de la República y atentan contra una democracia, hoy malversada. Estamos ante una especie de terrorismo jurídico”.
Puso en evidencia la existencia de “Tribunales Revolucionarios Vindicativos” como medios, entre otros y en el marco de una estrategia revolucionaria, que buscan la destrucción de las FFAA que derrotaron en el campo militar a las organizaciones terroristas. En este sentido, Acuña puso de manifiesto y en forma elocuente lo que UnoAmérica ha denunciado en su libro digital “El Plan del Foro Sao Paulo para destruir las FFAA” (ver www.unoamerica.org)
Declaración de Prensa de Carlos Manuel Acuña en los Tribunales de Tucumán
He prestado declaración en calidad de testigo de concepto para demostrar que estamos asistiendo a una justicia implementada por Tribunales Revolucionarios vindicativos, que son temerosos y obedientes a un poder político que ha resucitado el tema de los Derechos Humanos como parte de la estrategia revolucionaria para el logro de uno de sus objetivos: la destrucción de las FFAA que derrotaron en el campo militar a las organizaciones terroristas.
En nuestro país la majestad de la justicia ha desaparecido para instalar en su lugar a una justicia que no respeta las garantías constitucionales, apartada del Derecho y que pone al país en la senda de autoritarismos y absolutismos, propios de dictaduras, que agravian la dignidad de la República y atentan contra una democracia, hoy malversada. Estamos ante una especie de terrorismo jurídico que viola los derechos humanos de los presos políticos que existen hoy en la Argentina. Eminentes letrados constitucionalistas han observado varias irregularidades jurídicas, entre otras: violación del principio de prescripción de los delitos comunes imputados, violación del principio de igualdad ante la ley, violación del principio de irretroactividad de la ley penal, violación del principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos, negligencia culposa o dolosa ante enfermos detenidos. Más de 80 han fallecido en cautiverio.
Pero igualmente graves son las denuncias de miembros del Poder Judicial de la Nación en las que quedan plasmadas las presiones del poder político sobre la Justicia. Acusan al Gobierno de haber montado una "persecución" contra jueces denunciados, que funciona además como una "franca amenaza" a quienes deban resolver casos sobre "violaciones" a los derechos humanos, y de haberse atribuido "la potestad de imponer los únicos fundamentos válidos para resolver cuestiones que, por su naturaleza, les son sometidas a los jueces".
"Hay una evidente intención de presionar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Esta es la peor manera de atacar la independencia judicial", dijo el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, que fue quien recibió la denuncia de 74 jueces y lo presentó en la Corte Suprema.
Jueces que han denunciado las irregularidades nombraron personas conocidas por su participación terrorista en los años durante los cuales militares, policías y civiles de entonces, respondiendo tal agresión, hoy están siendo juzgados. Me refiero al secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde alias “Damián” terrorista perteneciente a las organizaciones armadas y fundador junto a Gorriarán Merlo del MTP (La Tablada) en Managua en 1986, a Rodolfo Matarollo, terrorista del ERP y miembro de la JCR, a Horacio Verbistky alias” El Perro”, terrorista de Montoneros que terminó, como mercenario (diría el Gral Perón) trabajando para la Fuerza Aérea, como Kunkel, terrorista de Montoneros que asaltó el 5 de octubre de 1975 el cuartel de Formosa, como el terrorista montonero Martín Gras, antes en el Ministerio de Defensa de este gobierno y hoy en la Secretaría de DDHH, la Ministro de Defensa, Nilda Garré, y su política persecutoria dentro de las FFAA, donde incluso se toman medidas arbitrarias a oficiales por portación de apellido y comete delitos al permitir “violación de secreto” al difundir listas de ex miembros de los servicios de inteligencia, con los riesgos que ello conlleva. Los funcionarios terroristas mencionados son los “Comisarios Políticos” ante quienes los tribunales revolucionarios rinden cuenta.
Haber participado en este juicio ha significado realmente una experiencia enriquecedora, que seguramente será volcada en mi próximo libro, donde los Tribunales Revolucionarios y los nombres de sus integrantes ameritarán un capítulo especial para que la Historia y el Tiempo juzguen imparcialmente a todos los involucrados.
Finalmente, he sostenido durante la audiencia que la verdad es la verdad y no se la defiende con testigos falsos, pruebas falsas ni prevaricatos, porque entonces la justicia no es tal…es venganza”
San Miguel de Tucumán, 7 de Abril de 2010
Carlos Manuel Acuña, periodista, investigador, historiador. Autor de “Por amor al Odio” (Tomos I y II) y “Verbitsky – De La Habana a la Fundación Ford”.
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