viernes, 6 de agosto de 2010

JUEZ ORDENÓ CAMBIAR NOMBRES DE SITIOS PÚBLICOS QUE DESIGNEN A FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS DE FACTO

a Kirchner o Peron copy

En la foto: Juan Domingo Perón fue integrante de un grupo golpista, y además funcionario de un gobierno de facto hasta que asumió por las urnas en 1945 ¿Sacarán también su nombre de calles y plazas?

 

Una juez porteña ordenó a la Legislatura de la ciudad cambiar la denominación de todas las calles y lugares públicos que remitan a funcionarios de gobiernos de facto, antes de la finalización del próximo período legislativo.

La titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, Elena Liberatori, hizo lugar a una acción de amparo presentada por un ciudadano.

Según se especifica en el fallo, los espacios que deberían cambiar sus denominaciones son: la plaza Teniente General Pedro Eugenio Aramburu (que ya fue cambiado por Plaza del Angel Gris), la plaza Teniente General Eduardo Lonardi, la plazoleta Ernesto Padilla y las calles Intendente Guerrico, Capitán Claudio H. Rosales, Mecánico Militar Leopoldo Atenzo, Cadete Carlos Larguia y Soldado Miguel Santi.

La sentencia se basó en la ley 83 de la Ciudad, que en su artículo 5º dispone que "en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos (?) con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático".

La sentencia olvidó incluir a Juan Domingo Perón, quien formó parte de un grupo golpista denominado Grupo de Oficiales Unidos (GOU), y que fue funcionario del gobierno de facto hasta que asumió por las urnas en 1945.

La magistrada indicó en su fallo: "No cabe duda de que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto resulta claramente contraria al derecho vigente, y que, por ende, las ordenanzas que dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales".

En la sentencia, la juez criticó la falta de acción de los legisladores con respecto a este tema: "Habiendo transcurrido ya casi veintisiete años desde el retorno de la democracia a nuestro país, y casi doce años desde la entrada en vigencia de la prohibición no se ha desplegado aún una actividad legislativa suficiente", expresó.

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