PROYECTO DE SEGURIDAD DEL GRUPO PROGRESO

SITUACIÓN GENERAL O BÁSICA

Consecuencia del viejo sistema de poder mundial (guerra fría), los intereses geopolíticos de algunas potencias y de diversos factores económicos y políticos, el concepto de seguridad continúa dominado por su expresión militar y armamentista (a mayor acumulación de armamentos y fuerza militar, mayor seguridad).

Aunque esa percepción continúa en diferentes ámbitos internacionales, el concepto de seguridad hoy se eleva hacia una concepción más amplia y genérica tomando un carácter multidimensional que excede la dimensión militar, definiendo la seguridad la ausencia de amenaza al Estado-Nación, cuestión de por sí inalcanzable.

Esta concepción amplia de seguridad surge a partir de algunos los hechos que caracterizan al mundo e hoy, y que influyen (y a veces obstaculizan) el diseño de las políticas nacionales de seguridad, tales como:

1. La multiplicación de los estados (se ha triplicado en los últimos cincuenta años).

2. La diversidad de los valores que guían a las sociedades (de paraguas bipolar a las culturas particulares en un entorno globalizado).

3. La mayor colaboración entre las grandes potencias.

4. La democracia y el mercado se han convertido en aspiraciones universales.

5. El dominio militar de EEUU.

6. El aumento de las crisis humanitarias debido a la fragmentación violenta de los estados multi-étnicos.

7. El aumento del crimen organizado y del terrorismo.

8. El aumento de la población mundial.

9. El creciente aumento de los factores internos como detonantes de conflictos.

10. La perduración de inercias del pasado en cuanto a percepciones, normas y valores políticos y militares.

11. El poder todavía existente del complejo militar industrial.

12. La tendencia de privatizar cada vez más la seguridad y la violencia (ya sea mediante servicios privados de seguridad, multiplicación de grupos paramilitares y de autodefensa), factores que están desarrollando una auténtica cultura de la violencia.

Los factores mencionados confluyen generando que los antagonistas no busquen imponer un proyecto de Nación, sino que, se manifiestan como clanes, bandas, mafias que no distinguen entre lo público y lo privado, dando origen a un tipo de delincuencia que pasa a adquirir un carácter político (Crimen Organizado Transnacional vs, Estados Nacionales.).

La consolidación de nuevos paradigmas de seguridad provoca grandes incertidumbres, resistencias y dificultades.

La transición de un concepto fundamentalmente "nacional" a otro de "interdependencia" (en el que la seguridad de cada país queda vinculada a la de los demás), lleva implícita cambios profundos en las estructuras y los valores vinculados con la seguridad.

La violencia de las nuevas amenazas (el terrorismo, las narcoacciones, los enfrentamientos raciales y religiosos, las luchas entre bandas y mafias, o la misma contaminación), no respetan fronteras físicas ni identidades geográficas, constituyendo en el presente, una amenaza de orden estratégico contra el Estado y los sistemas políticos democráticos, por lo que han de ser combatidas a partir de la cooperación entre varios Estados o directamente desde organismos regionales o internacionales.

En este contexto global, cada vez más interdisciplinario e interdependiente, una administración aunada de los diferentes regímenes se torna dificultosa, por lo cual en la transición hacia los nuevos enfoques de la seguridad son esenciales las decisiones que vayan tomando los Estados de forma unilateral, junto a algunos avances a nivel de las instituciones regionales, puesto que una reforma en profundidad de los organismos internacionales no parece posible a corto plazo.

En este marco hay que destacar algunos elementos que constituyen las bases sobre las que se edifica toda política de seguridad.

1. La prevención de los conflictos (alerta temprana + acción temprana = política preventiva).

2. La transparencia

3. Las medidas de confianza.

4. La seguridad ecológica

5. El desarrollo económico sobre la base del crecimiento económico que contemple la equidad social y la posibilidad de igualdad de oportunidades, fundamentalmente en lo que concierne al acceso a la cultura y la educación y a los bienes espirituales y materiales que conlleven el respeto al ser humano a partir de su dignidad como persona.

6. Actualización de todo el andamiaje jurídico que contemple las nuevas situaciones.

7. Revertir la decadencia ética y moral que través de la educación y los medios de comunicación social incentivan una cultura hedonista, consumista e individualista que facilita el auge del delito en general y de acciones político-ideológicas que se enmarcan en cuadros de violencia social

8. Capacitación intelectual, moral, operativa, técnica y logística de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales y otras que contribuyan al logro de la seguridad. tanto estratégica como pública, como ser aquéllas de defensa civil, contra desastres naturales y sanitarias.

Todos estos planteamientos se han desarrollado a partir del convencimiento de que son factores políticos, religiosos, económicos, demográficos y medioambientales, los que están provocando inseguridad a escala nacional, regional y planetaria, y que estos problemas no tienen solución exclusiva mediante los clásicos instrumentos de la seguridad militar o policial. Surgen así los llamados elementos universales de la inseguridad, que tienen solución únicamente mediante medidas políticas, sociales, culturales y económicas, todas ellas de largo alcance:

1. El crecimiento en los índices de desempleo.

2. El deterioro del medio ambiente

3. La masificación de las ciudades.

4. La violencia juvenil

5. Las narcoacciones.

6. La precariedad democrática.

7. La escasa participación en la toma de decisiones políticas.

8. El racismo.

9. La corrupción.

10. La propagación de ciertas enfermedades.

11. Las dificultades para acceder a una educación suficiente y de calidad

En este contexto comienzan a manifestarse conflictos de naturaleza política, económica y psicosocial, en su mayoría internos de los países de la región, pudiéndose proyectar algunos de ellos sobre nuestro país. Asimismo subsisten situaciones conflictivas de tipo territorial y emergen, aún dentro de los procesos de integración en marcha, otras de naturaleza económica y social. La Argentina presenta una crisis grave institucional a partir del fracaso de los últimos gobiernos, agravada por la falta de credibilidad por parte de la población hacia la clase política y otras instituciones de la democracia. El tema de la seguridad y su contrapartida, la problemática de la inseguridad, aparecen hoy como una de las preocupaciones prioritarias de la población. Es un fenómeno que ha crecido en el mundo ganando territorios, adquiriendo cierto grado de sofisticación. Hemos entrado en la era de las sociedades vulnerables por el avance creciente del delito.

La Inseguridad no es una sensación

Muchas son las razones que se esgrimen para explicar este fenómeno: la desigualdad, consecuencia de la marginación y la pobreza que se instalan cada día más fuertemente en la sociedad, en tanto que -paralelamente- se cuestionan los conceptos de poder y autoridad tal como eran conocidos. Factores que, asociados directa o indirectamente, colaboran con el cuadro de deterioro social e institucional. Pareciera que el incremento de la indefensión, la violencia, la criminalidad y la impunidad son proporcionales al deterioro de las instituciones, a la ausencia de legislación, al colapso del sistema policial y judicial.

La ola de inseguridad que se extiende por todo el territorio del país fue creciendo, paralelamente, con el aumento de la pobreza, la indigencia y la marginalidad. Tiene que ver, pues, con cuestiones de carácter estructural, entre las cuales hay que incluir no sólo la creciente conflictividad social, sino también el debilitamiento de las fuerzas del orden y de los lazos de confianza que vincularon históricamente a las instituciones responsables del mismo con los diversos sectores de la población. Las desigualdades sociales, caracterizadas por grandes diferencias en la distribución y el acceso a los recursos, son uno de los factores que empujan al delito y ponen a los países en riesgo de conflictos violentos.

Sin embargo, cabe la aclaración -a fin de evitar afirmaciones falaces- que el componente económico es uno de los factores por considerar como elemento que podría potenciar este tipo de conducta conducente a la violencia y el delito. Pero, en tanto factor predisponente, lo observamos no solamente en aquellos casos de déficit económico sino también, en aquellos de corrupción en los que la codicia conduce a la comisión de delitos, tales como la extorsión, el encubrimiento, la usura, estafas y otras defraudaciones relacionadas con manejo de dinero u otro tipo de capital, en el que los sectores sociales involucrados no son precisamente marginales, como ser aquellos renombrados casos que conmocionaron la opinión pública, en los cuales el soborno o cohecho y la falta de controles traen aparejados daños contra la persona, el honor, la propiedad y la administración y fe públicas. Cuentas bancarias no declaradas en el exterior, sobresueldos, estafas al Estado en licitaciones, habilitaciones clandestinas de locales públicos, crímenes irresueltos, entre otros. En esta franja social de nivel socio-económico medio y superior, observamos también violencia y/o delito. Si lo redujéramos a las situaciones de pobreza, podríamos llegar a concluir, erróneamente, que quienes pertenecen a este estrato son delincuentes potenciales, más allá de que ciertamente, la injusticia social y la pobreza generan, de por sí, violencia.

La problemática de la inseguridad se relaciona con cambios que afectan zonas profundas de nuestra organización social, lo cual hace más difícil su erradicación. Nos referimos a las modificaciones producidas en las estructuras psicológicas y sociales, en estrecha relación y en continua interacción. La década de los ´60 se vivió como un primer quiebre de lo instituido en el ámbito social, porque los ideales conservadores y desarrollistas, confiados en la evolución de los Estados a partir de la inversión en conocimientos, no lograron los niveles esperados. La humanidad se embarcó en la búsqueda de un nuevo modelo de vida en el que, las antiguas estructuras, fueron duramente cuestionadas. Estado, familia, instituciones en general, fueron objeto de crítica y cuestionamiento. Si agregamos la experiencia de la globalización, vivida a partir de los ´90, en principio económica y, luego, política y social, observaremos que se trata de problemas que cuentan con su historia. Sus resultantes conforman un nuevo paradigma, modelos de vidas enfrentados que, aún cuando ha pasado casi medio siglo de estos primeros estallidos, configuran una situación casi ambivalente y dilemática, habida cuenta de la lucha interna en la que actualmente se encuentra sumida la humanidad respecto del antiguo y el nuevo modelo en las relaciones humanas (sociales y políticas).

En particular, en este momento histórico en el que se experimenta la sensación de desprotección y vulnerabilidad frente al presente y, de incertidumbre respecto del porvenir, hay que preocuparse por las formas que podría tomar la desesperanza de hombres y mujeres, si sintiesen desde su edad más temprana que, no teniendo nada que ganar, no tendrían, tampoco, nada que perder.

El estado de angustia colectiva que surge como consecuencia del debilitamiento o incoherencia transitoria de las normas vigentes, nos conduce a la reflexión acerca del grado de internalización de la norma instituida. Si cada sociedad se comporta en relación a sus miembros como una guía orientadora que, en forma constante y, apelando a diferentes mecanismos, hace sentir su peso coercitivo ante las desviaciones a las pautas impuestas, nos encontraríamos, probablemente, frente a una situación de anomia traducida en conflictos, malestar, desórdenes, enfermedad y delito. Indicadores altamente elocuentes de una sociedad en estado de desequilibrio, señal de alarma para el espíritu crítico.

Todo hace suponer que, si se acertase con las medidas adecuadas, los resultados de una política de seguridad sólo se podrían visualizar en el mediano plazo. Sin embargo, es urgente la necesidad de recuperar aquellos conceptos y pautas básicas de convivencia que constituyen la base sólida indispensable sobre la que se construye una sociedad: justicia, equidad, solidaridad, respeto, orden, prudencia y autoridad. El aprendizaje de la conducta ética conlleva un proceso de mediano y largo alcance que implica, por un lado, convicción en la importancia individual y social de adherir a valores y, por el otro, constancia para sostenerla e implementarla. Esto debería ser responsabilidad de las instituciones involucradas: Estado, familia, escuela, medios de comunicación social y otros organismos que, como las ONG (s), asumen hoy un protagonismo social, generador de compromiso.

Es fácil advertir las graves dificultades que el tema de la inseguridad trae aparejadas. Por lo pronto, como producto de la defección del Estado en la materia, se puede apreciar sin mayor esfuerzo que la preocupación por la seguridad se ha privatizado. Ello implica un cuestionamiento rotundo a las estructuras gubernamentales, incapaces de reivindicar el monopolio público del ejercicio de la fuerza en su búsqueda de garantizar el orden.

Es importante trazar una línea diferencial entre las causas generadoras de la inseguridad y los efectos que esa misma inseguridad produce. Respecto de las causas, es verdad que no todas tienen la misma importancia, pues cambian según las épocas, los ámbitos geográficos y las políticas que se aplican para combatirlas. Pero no se las puede atacar aisladamente, dado que en muchos casos se entrelazan. Por otra parte, es obvio que la marginalidad, la pobreza, el debilitamiento de los lazos familiares, la falta de educación, el crecimiento de la cultura de la droga y otros fenómenos sociales parecidos o consecuentes, como ser nuevos tipos de familia (unión civil entre personas de un mismo sexo con posibilidad de adopción), cuestionamiento a la autoridad de padres y educadores, actitudes conductuales reñidas con la dignidad de la persona y que se observan sobre todo en los jóvenes y menores de edad, embarazos precoces, deserción escolar, comisión de delitos a temprana edad, etc.), no admiten soluciones perentorias en el corto plazo.

Justamente, referirnos al tema en términos de multicausalidad, estaría dando cuenta de su complejidad. Para su análisis se requerirá, entonces, de la reflexión desde distintas disciplinas: psicología, sociología, ciencia política, criminología y pedagogía.

Nuestro país está perdiendo, en forma gradual, la cultura del trabajo, que permitió una vida con dignidad a millones de seres que a lo largo de un siglo vinieron a nuestras costas en busca de mayor bienestar y que, desde este modelo, favorecieron el desarrollo de la Nación. Hoy nos encontramos impactados frente al crecimiento de una peligrosa conducta social que, a largo plazo, es aún más peligrosa que la pobreza: la cultura de la violencia que puede conducir al delito.

Con este trabajo buscamos aportar elementos de análisis que estimulen la reflexión de los actores que participan de esta escena conflictiva: sus víctimas y sus espectadores -comprometidos también en la situación- y, principalmente, los responsables de diseñar políticas e implementar estrategias - el Estado, básicamente- y que sirvan para fundamentar un proyecto promotor de una cultura acorde a la evolución y desarrollo lógicos de esta era. No intentamos recuperar y mantener una época que -nostálgicamente- recordamos. Implica formular nuevos diseños que, en todo caso, recuperen aquellos valores inmutables a los que seguimos adhiriendo, a pesar de todo.

La República Argentina presenta una fragilidad institucional y falta de calidad de las mismas que propicia situaciones de riesgo y amenazas graves. Hechos que van desde la inseguridad (aumento del delito y la violencia), la pobreza y el desempleo, el nivel educativo, la corrupción, el auge de la contracultura, la falta de representatividad de la clase dirigente, la avidez sobre la propiedad privada, etc., así parece demostrarlo.

Pero evidentemente en aquellos países en los cuales las instituciones funcionan, el Estado puede atemperar los efectos no deseados de esas amenazas y cumplir con su misión, asegurando el bienestar y tranquilidad de sus ciudadanos. No está ausente. Nuestro caso es diferente, el Estado va camino a ser "Fallido".

Una sociedad (con instituciones incluidas) anémica, anómica y apática es menos resistente para neutralizar las amenazas exógenas y endógenas que se ciernen sobre ella, y consecuentemente sufre más las vicisitudes de los conflictos modernos.

No ser pesimista ante el cuadro de situación planteado hasta aquí, sería propio de alguien que vive una realidad virtual. Lograr los cambios necesarios dependerá de nuestra propia convicción y decisión para encarar una empresa restauradora de todo el cuerpo social e institucional.

Hans Magnus Enzensberger, en su ensayo "Perspectiva de Guerra Civil" (1994), planteó el concepto "de guerra civil molecular a escala planetaria", expresada en ámbitos urbanos y vinculada a las subculturas de tipo marginal. Se trata de un conflicto sin objetivos políticos claros, con un alto grado de violencia, y en ese sentido, el escritor alemán advierte que "cualquier vagón de subterráneo puede convertirse en una Bosnia en miniatura".

El desarrollo de esta guerra es, en un comienzo, incruento. Se inicia en forma imperceptible, ya que no necesita movilizar ejércitos, pero ya está presente en las sociedades occidentales cuyos focos comienzan a formar parte cotidiana de muchas grandes ciudades. "Poco a poco en la calle se van acumulando basura. En el parque aumenta el número de jeringuillas y de botellas de cerveza destrozadas. Por doquier las paredes se van cubriendo de graffitis monótonos, cuyo único mensaje es el autismo: evocan un yo que ya no existe. Los colegios aparecen con el mobiliario destrozado. Nos hallamos ante una declaración de guerra, aunque pequeña, muda, el urbanista experimentado sabe interpretarlo".

Lo verdaderamente grave de este tipo de conflictos es que no están regulados por el derecho internacional, ya que ocurren en el seno de los Estados, por lo que la aplicación del derecho humanitario se hace impracticable; y lo que es peor; el agresor no reconoce leyes regulatorias ni le interesa la antijuridicidad de sus actos.

La crisis de la seguridad

La degradación del aparato estatal provoca el deterioro de los parámetros de seguridad interior. La indolencia, desinterés, falta de estímulos, accionar cansino y falto de vocación comienzan a manifestarse en las instituciones estatales que deben velar por la seguridad. Evitar que se extienda depende del liderazgo que se tenga. Las responsabilidades institucionales de seguridad no se ejercen, sea por omisión o tolerancia pasiva a cambio de beneficios. Los funcionarios estatales se involucran de manera directa y protagónica en operaciones delictivas. Se deja de confiar en las fuerzas del orden y en la justicia. En esta fase se multiplican los espacios "off limits". La indolencia, seguida de omisión y comisión, desemboca inevitablemente en la pérdida de manejo de la seguridad interior por parte del aparato estatal. Se generalizan: medidas de autodefensa (posesión de armas, rejas, candados, puertas, autos y chalecos blindados); conformación de barrios cerrados por sectores de alto nivel socioeconómico y la seguridad privada se torna usual.

Desde el momento en que una organización o masa delictiva se apropia de un territorio, todas sus acciones deben entenderse como acciones de guerra civil molecular, incluso aquellas que representan enfrentamientos entre bandas. Comienzan los entrecruzamientos de acciones; proliferan los combates entre organizaciones (bandas, mafias, carteles, hinchadas, grupos estudiantiles, patotas juveniles). La naturaleza del arma empleada no es relevante, sí lo es la voluntad de avasallar al otro ignorando completamente a la autoridad estatal.

Las Acciones

De tipo ofensivo: Acciones de inicio: vandalismo, extorsión, secuestros, todas aquellas actividades tendientes a librar un territorio del monopolio ejercido por el Estado.

Acciones de afianzamiento: buscan consolidar al nuevo poder.

Acciones de expansión: guerra civil molecular de naturaleza expansiva. Los grupos que logran dominar una porción de territorio arrebatado al poder del Estado no permanecen aferrados a él, incursionan con más fuerza en el territorio que permanece bajo el dominio estatal.

De tipo defensivo: La resistencia surgirá en la sociedad frente a la ineficiencia del Estado y esa resistencia que superficialmente sería un obstáculo a los fines del comandante invisible (antijuridicidad) es en realidad un triunfo clave porque cuando la sociedad se vuelca a la autodefensa, se fragmenta y se distancia del aparato estatal.

Los cambios en el escenario urbano

Las acciones defensivas implican cambios arquitectónicos y de diseño urbano (garitas de seguridad, rejas – hasta en las plazas-, muros, perros, seguridad electrónica, custodias, etc.)

Las acciones reaccionarias, aparecen en la dinámica del caos queriendo asegurar la autodefensa, emprenden acciones ofensivas e ilegales sobre sectores a los que atribuyen la inseguridad (linchamientos en masa, justicia por mano propia, las ejecuciones sumarias, etc.)

Qué se debe tener en cuenta: Los Estados con grandes falencias de gobernabilidad se verán obligados a enfrentar este nuevo tipo de conflicto. Se da en sociedades que han perdido cohesión social y ofrecen un contexto de poco consenso para emprender respuestas eficaces. Para liberar a la población de este riesgo se debe desterrar la cultura de antijuridicidad, estableciendo y fortaleciendo la cultura de lo jurídico, del respeto a la ley. Aferrarse al ordenamiento legal existente, para que se produzcan las correcciones que las normas consuetudinarias y del Derecho imponen. Solamente un liderazgo genuino y ejemplar lejos de la demagogia y la "chequera" puede dar las soluciones apropiadas a la crisis.

La Droga: vector fundamental del delito

La relación del narcotráfico con el delito en general, propicia la aparición de escenarios donde coinciden fatalmente la difícil situación socio-política con el alterado orden público y, en consecuencia, las armas, la droga, el alcohol y los conflictos personales. Las bonanzas económicas produjeron distorsiones sociales políticas, económicas, sociológicas y de orden público en vastos sectores de la sociedad, expresadas en ilusiones fugaces de prosperidad acompañadas por la especulación, el comercio de armas, la prostitución y el elevado consumo de alcohol. Obviamente, el epílogo de esta etapa de desenfreno socio-económico es la decadencia y la pobreza que en lugar de disminuir aumenta, porque a la luz de las nuevas ciencias sociales el desarrollo armónico sostenido de las comunidades depende esencialmente del capital humano social, entendido como la disponibilidad de conocimientos y habilidades que afecten positivamente la producción y resulta que las organizaciones delictivas (mafias, bandas), al impulsar el narcotráfico, están destruyendo precisamente ese capital.

Si bien en nuestro país no existe una organización concreta como las FARC, organización narco-terrorista, podemos observar y concluir que los escenarios políticos, sociales y económicos son parecidos a los hasta hace algún tiempo caracterizó a Colombia, en particular a lo referido al auge del delito, en cuanto a cantidad y entidad del mismo, permitiendo apreciar, sobre la base de estas similitudes, que es probable el desarrollo de actividades narcoguerrilleras en ciertas regiones o áreas de la Argentina a partir del desarrollo del narcotráfico en sí y de operaciones político-sociales derivadas de los objetivos concebidos en Manta ("Guerra Social").

Si admitiéramos la existencia de planificadores del delito organizado, tendríamos que concluir en que éstos están en condiciones de elegir a aquellos países que presentan serias deficiencias legislativas y que ostentan mayor grado de corrupción, en los cuales la interceptación del delito es menor, donde los lazos de cooperación jurídica internacional son más débiles, para instalar ahí las bases operativas de sus organizaciones.

Los futuros escenarios vinculados con la globalización de la seguridad comprometen a los responsables de ejercer el legítimo derecho de defensa y el uso de la fuerza en todos los frentes en que se desenvuelve el terrorismo internacional y los extremismos ideológicos en su relación con el narcotráfico o los conflictos originados en problemas étnicos, raciales y religiosos; o la subsistencia de enclaves coloniales; o las tensiones económicas sociales; o tal vez contra los que disputarán la ocupación de espacios verdes.

Si el narcotráfico constituye una hipótesis de conflicto, ya no importa si se lo considera de alta o baja intensidad (para nuestros países esta clasificación representa una definición teórica). Habría que pensar en la solución más adecuada y no esperar que se "liberen zonas", que se afecte el cuerpo social de la República o que la economía informal del país, basada en el negocio de la droga, sea esencial para el desarrollo y crecimiento de la Nación: el costo será altísimo, pues será moral.

Una solución eficaz, poco novedosa, pero que garantiza cierta probabilidad de éxito o al menos permite optimizar resultados, debería basarse en lo siguiente:

· Comprender la amenaza y concebir una estrategia de seguridad nacional (Defensa + Seguridad): es global (problema mundial); es integral (abarca todos los ámbitos y componentes del poder nacional); es intersticial (penetra en todas partes; es atemporal (permanente).

· Es esencial una actitud estratégica defensiva basada en la prevención, para lo cual deben prepararse los medios adecuados del componente cultural y social: centro de gravedad de la maniobra.

· Preparar y empeñar medios represivos. Constituye una actitud ofensiva y su éxito dependerá de la eficacia de lo mencionado en el punto anterior. Caso contrario sería infructuoso. Estos medios evitarían la presencia de expertos extranjeros en nuestro territorio ("intervencionismo") y situaciones político-sociales consecuentes que agravarían el conflicto.

Fuerzas Especiales Nacionales: una respuesta flexible

1. Para concebir los medios represivos recurro al concepto de Fuerzas Especiales Nacionales, dependientes del más alto nivel de conducción militar y nacional, con integración conjunta de las tres FFAA (incluidas de Seguridad y Policiales). Deben ser elementos espiritual, intelectual y materialmente aptos para enfrentar al narcoenemigo. Deben constituir una organización militar autosuficiente con sistemas propios de inteligencia, adecuada logística y una particular política de personal en cuanto a su selección, complementada con cursos permanentemente actualizados.

2. Asimismo, su accionar debe encuadrarse en un completo y acabado marco jurídico-legal, con jueces compenetrados en la importante misión que les compete en este sentido (Fuero Especial Federal).

3. De esta manera no se "desnaturalizaría" la misión fundamental de las FFAA, las cuales a través de elementos territoriales, constituyen el brazo armado de la Patria en defensa de la soberanía e integridad territorial; ni tampoco sus funciones, entre las cuales fuerzas expedicionarias podrían "participar en operaciones combinadas en cumplimiento de pactos internacionales suscritos por la Nación", siempre acordes con nuestros intereses vitales.

4. Las fuerzas de seguridad y policiales podrían dedicarse de lleno a la represión de la delincuencia común. El narcoconflicto no es un delito común ni constituye una guerra convencional. Representa en la actualidad un poderío financiero, político y militar, mayor que el de algunas naciones latinoamericanas. El delito común afecta la vida de cada ciudadano y sus bienes privados; el narcoconflicto afecta a la sociedad toda, a la democracia, y en definitiva, puede afectar la supervivencia de la Nación.

5. Hemos visto, dentro del contexto de la violencia armada instalada en algunos países de la región y su extensión a nuestro país, la validez del concepto de "agresión externa", a partir del análisis de la forma de operar de las organizaciones delictivas, algunas de raíces político-ideológicas.

6. El narcotráfico en todas sus expresiones (terrorismo, tráfico, secuestros, tráfico de armas, lavado de dinero, instalación de "feudos" o "zonas dominadas", etc.) debe ser encuadrado como un "conflicto" que impone la adecuación de los instrumentos del Estado necesarios para responder e este nuevo tipo de agresión externa, ya enquistada en nuestra sociedad.

7. Si bien el empleo militar es netamente operativo, constituyendo el instrumento empleado por el máximo nivel de decisión político, debe quedar claro que el conflicto debe ser percibido "estratégicamente", adoptando estrategias sectoriales para enfrentar la amenaza. La consideración del empleo militar en forma excluyente no sólo es insuficiente, sino es contraproducente.

8. Respecto a la actual legislación, ésta categoriza como delito común o inseguridad pública a las agresiones estratégicas. Entendemos que el concepto "seguridad interior" es espacial y antojadizo y se autolimita a la luz del propio de las Naciones Unidas en relación a la Seguridad Nacional. Reconocemos que una cosa es la "seguridad pública" (delitos comunes - funciones policiales), pero otra cosa es la seguridad estratégica que comprende e interactúa con la Defensa Nacional y que interesa por ende a la soberanía nacional e integridad territorial, identidad como nación, etc. (nuevas amenazas - funciones militares y de seguridad). La Seguridad Nacional se transforma así en el "dictum supremo", que refleja la máxima expresión de los intereses y de los objetivos nacionales.

9. La modificación de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior permitirá dotar al Estado de un Sistema de Seguridad que responda, bajo el monopolio legal de la Fuerza, a los principios de unidad de comando, flexibilidad y economía de esfuerzos. Actualmente, las leyes limitan al Presidente de la Nación, como Comandante en Jefe de las FFAA, el empleo de éstas en casos excepcionales, impidiendo la previsión estratégica y la persuasión.

10. Si bien en la República Argentina no se encuentra configurado aún un escenario en materia de narcoacciones de la gravedad que compromete a algunos países de la región (caso Colombia), resulta fundamental, a partir de las tendencias, adoptar previsiones al respecto, las cuales deberían contemplar:

a. Análisis del conflicto y preparación de planes preliminares.

b. Formación académica (cátedras, cursos, seminarios, etc.) de todo el personal militar en todas las jerarquías.

c. Creación de un núcleo del elemento operacional que se determine (p. ej.: Fuerzas Especiales). Este núcleo debe asumir el concepto de "multiplicador" para lograr en el mediano plazo una unidad con efectivos mínimos de un batallón.

11. Las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen por hoy la última alternativa para garantizar, en cumplimiento del mandato constitucional, la continuidad histórica de la Patria enfrentando a un enemigo con capacidad de socavar las bases morales y espirituales de la sociedad y cercenar espacios geográficos que constituyen el patrimonio común de todos los argentinos.

Componente Estratégico Psicosocial: centro de gravedad de las acciones

Hacia un nuevo contrato social

Entendemos que, frente al delito consumado, la única alternativa es la intervención del sistema de seguridad. Sin embargo, desde el objetivo propuesto, buscamos entender que la identificación de la multicausalidad de este fenómeno que es consecuencia y, a la vez, generadora del debilitamiento de la trama social, merece el análisis y la reflexión, a efectos de diseñar una propuesta de trabajo que funcione de modo preventivo. Las medidas anticipatorias apuntan a modificar los factores estructurales asociados al delito y la violencia, a través de políticas públicas de seguridad orientadas a controlar los factores de riesgo: familiares, educativos, laborales y vinculados al desarrollo de la personalidad. Implica cooperación entre todos los actores involucrados.

Una sociedad puede contener los impulsos al incremento en la criminalidad y la violencia en la medida que, además de un apropiado funcionamiento del sistema de justicia y seguridad, cuente ella misma con factores de contención que operen fundamentalmente sobre los grupos en riesgo, disminuyendo el impacto de los incentivos. Cuando estas barreras se debilitan, fragmentan o pierden su ascendencia, el delito y la violencia tienden a aumentar. Entre las medidas preventivas deben considerarse: un cambio social más profundo, en donde el ser humano tenga opciones más definidas en cuestión de capital y trabajo, una educación más congruente y eficaz, combinando la inteligencia con sus capacidades, posibilitando la toma de decisión sobre bases sólidas y en función de un proyecto de vida asumido con verdadera convicción y orientado al Bien.

La seguridad colectiva es la consecuencia de una cultura social que eleva a la categoría de principios básicos ciertos y determinados valores y adecua sus comportamientos a esos valores. Es la sociedad entera o, por lo menos, la gran mayoría de ella, la que debe volver a privilegiar los valores que en algún momento de nuestra historia tuvimos como principios básicos y que constituyeron la base de nuestra felicidad y grandeza: verdad, trabajo, estudio, ahorro, esfuerzo, honradez y solidaridad. Hay que desechar la frivolidad, el hedonismo y el culto por el dinero rápido, legal o ilegalmente conseguido. Sólo cuando la sociedad crea en esa escala de valores y cuando sus integrantes se comporten dentro de esos parámetros, será pacífica, segura, confiable y previsible. Claro está que no se trata de una cuestión de voluntarismos. Las opciones se sostienen en un proceso de desarrollo de una personalidad madura y con capacidad de autodeterminación. Y sobre este concepto quisimos elaborar esta reflexión.

Se requiere de acciones conjuntas y simultáneas del Estado –desde todos los organismos que lo componen y que tengan estrecha relación con los intereses y necesidades sociales, la familia, la escuela y los medios de comunicación, en el marco de un sistema de gobierno democrático, lo que implica la observancia de un conjunto de reglas, de procedimientos para la formación de decisiones colectivas, en las cuales está prevista y facilitada la participación más amplia posible de los interesados, con el más profundo respeto a las formas ya que, si ellas se violan, la democracia se desnaturaliza, al dejar de cumplir la misión que le corresponde.

Todas las naciones que hoy gozan de un sostenido desarrollo económico, social, cultural y político han tenido una educación de calidad, que requiere, entre otros factores, de un sistema político democrático que dé cabida a la libertad justa y equilibrada de sus habitantes; además de estabilidad política, una institucionalidad firme, la probidad de su sistema jurídico y el respeto irrestricto de los derechos individuales garantizados por la Constitución. Estos factores integrados fortalecerán las bases que permitan generar un país orientado al Bien Común. Sólo podremos avanzar fortaleciendo las instituciones republicanas y democráticas; priorizando el interés general; dialogando y debatiendo pluralmente; respetando y hasta celebrando las diferencias; aprendiendo de nuestros errores y de los éxitos de otras naciones, y cooperando con todos los que quieran vivir en un mundo libre y en paz.

Asimismo, resulta urgente fomentar un liderazgo que se corresponda y esté a la altura de las circunstancias de lo que se ha dado en llamar posmodernidad. Desde la expectativa del rol asignado a las clases dirigentes se confía en la capacidad reflexiva y crítica para el diagnóstico cierto y fundado de la situación, así como aquella formación que los habilite para la resolución de conflictos de manera pacífica y ordenada, con criterio moderador de los intereses sectoriales en función del Bien Común y focalizando en objetivos de mediano y largo plazo para ensanchar los horizontes estratégicos. La competencia implica el respeto al Estado de Derecho y el compromiso con el cumplimiento de los contratos, fundamentalmente el pacto social. La transparencia de los procesos incluirá la información completa sobre la toma de decisiones, así como el compromiso con los mecanismos de control establecidos, a fin de ser celosos guardianes de este Bien Común pretendido.

Se requiere, asimismo, que los medios culturales y de comunicación masiva aporten al respecto mucho más de lo que hasta ahora han querido dar o, quizás, se den la oportunidad de pensar en un mensaje diferente. Sin perder de vista el anclaje con la realidad, ser capaces de cumplir con sus objetivos apuntando a una audiencia que merece ser respetada. Habrán de transmitir de modo permanente mensajes positivos que exalten el cumplimiento de la ley y la solidaridad, y desecharán todo aquello que importe la justificación o exaltación de la violencia, la corrupción, la drogadicción y la obscenidad, así como la excesiva valoración de las riquezas materiales.

Desde el Estado se deberán examinar, profunda y sinceramente, cuáles son los valores y ejemplos que han de ser propuestos, particularmente, a los niños y jóvenes y hasta qué punto la libertad de expresión contamina otros valores. Nuevas estrategias deberán orientarse a la preservación de la salud mental y social para estimular, particularmente en la franja etaria mencionada, la autoestima, el incentivo para participar en proyectos sociales y culturales que promuevan la cohesión de la comunidad y que conducirán a la esperanza de realización personal. Expresábamos en el inicio de este trabajo que, la desesperanza lleva a concebir que si nada hay que ganar, tampoco habría nada que perder. Dramática concepción de vida que debilita el interés por el desarrollo personal y social.

El sistema económico debe ser más equitativo. Tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente en los procesos de transformaciones como los que se propician en nuestros días, para evitar desequilibrios sociales y económicos que lesionan la equidad. Las leyes son necesarias para modificar ciertas estructuras, pero si sus consecuencias afectan a sectores que no pueden soportarlas, no son normas equitativas y, por lo tanto, no deben dictarse.

Lo contrario, aun invocando los más convincentes argumentos sobre la necesidad del cambio y la transformación, termina por afectar a una parte importante de la sociedad que, al quedar desprotegida, resulta marginada. Esas situaciones deben evitarse, porque la exclusión social, la pobreza y el desamparo llevan a la violencia y la violencia afecta la seguridad. Si el Estado y los diferentes protagonistas de la vida institucional deben favorecer y proteger un espacio de intercambio social y económico librado a la iniciativa, al carácter, al talento y a la fortuna de las personas, o de los grupos, también deben cuidar que las ventajas alcanzadas por un sector determinado no redunden en el perjuicio radical de otros sectores menos favorecidos, ni en el desentendimiento liso y llano de su suerte. O, dicho de otro modo, es necesario darle fuerza institucional al principio ético que indica que, puesto que toda forma de poder es socialmente construida, el grado de responsabilidad social de un agente es directamente proporcional al monto de poder económico o simbólico que le ha sido dado disponer.

Las familias, por su parte, con el ejemplo, la prédica constante y el uso de la autoridad legítima que corresponde a los padres, deben procurar el afianzamiento de los valores esenciales en los comportamientos, usos y costumbres de sus hijos. Más allá de los cambios acelerados que se han producido en las últimas décadas en las relaciones sociales y culturales, la familia sigue siendo reconocida, en nuestro país, como una institución básica de la sociedad y eje sobre el cual debe organizarse necesariamente la vida social. Los vínculos familiares constituyen la principal escuela de la vida, en tanto incorporan desde muy temprano los principios de afecto, autoridad, justicia, lealtad y compromiso que nos acompañarán durante toda nuestra existencia.

Resulta, entonces, imprescindible que el Estado adopte políticas que promuevan la vida familiar. La familia es el punto de partida ineludible para la génesis de cualquier proyecto social o cultural en tanto espacio de encuentro, ámbito formativo que orienta la educación y sienta las bases de la formación moral de las personas. Sabemos que entre el modelo ideal de familia y la experiencia concreta de todos los días existen, a menudo, distancias difíciles de salvar. Pero es en la proyección hacia un modelo que se busca construir día a día, donde se incrementan los esfuerzos y la adhesión a los principios inmutables de la vida en sociedad, razón que no impide asumir las modificaciones que históricamente se van registrando en los hábitos sociales y culturales. Por todo eso corresponde valorizar especialmente el rol que se atribuye a la familia, que se destaca hoy como un agente protagónico en la construcción de un nuevo contrato social. La contención y orientación familiar será siempre un aliado fundamental en la lucha contra el flagelo social recurrente y sombrío del comportamiento delictivo.

Así, la educación adquiere una enorme gravitación en el tema de la seguridad colectiva. De una correcta educación surgirá la cultura social que tome los principios que hemos señalado como valores superiores, que destierre la violencia y que promueva conductas morales. En la base de este proceso estará la confianza en la posibilidad del aprendizaje no solamente de contenidos disciplinares sino de valores y herramientas para el análisis crítico que permitan al ser humano un posicionamiento frente a esta realidad y la confianza en la posibilidad de construir un mundo mejor.

Por lo tanto, se torna indispensable encontrar mejores caminos educativos que conduzcan a metas sociales superiores. Se puede sostener que los modos de lograrlo no son desconocidos ni requieren programas sofisticados. Lograr que los jóvenes asuman los deberes en una sociedad caracterizada por la anomia y el incumplimiento de las reglas implica descubrir que, detrás de toda norma, existe un valor que se procura defender. Si estos contenidos hoy se hallan en crisis en la escuela, habrá que preguntarse hasta dónde llega la convicción en las mismas y el porqué.

La escuela deberá asumir que su tarea se articula con los mensajes que llegan de otros medios. El deber de toda institución educativa es enseñar los instrumentos del lenguaje, pero en el siglo XXI debe centrarse en organizar el conocimiento del alumno y ayudarlo a desarrollar un pensamiento crítico y una conciencia moral. Se trata de alentar desde las políticas educativas, programas en los cuales, a partir del ejercicio diario de actividades que reclamen esfuerzo, pequeños sacrificios o la elogiada y humilde ternura, se pueda alcanzar la realización progresiva de actos y obras en los que se manifiesten los valores que estamos empezando a perder: la libertad, la justicia y la equidad, propios de la vida en democracia. Estos valores, entre otros, son los verdaderos orientadores de la conducta, los que confieren sentido a la existencia y hacen posible una sociedad más humana. Los valores se necesitan para construir un proyecto de vida digno que llene de sentido nuestra existencia. El desarrollo moral implica ofrecerles a los jóvenes una brújula para ser felices y para tener una existencia digna. De ahí que la tarea educativa sea una labor humanizadora por excelencia.

Cuando la sociedad perciba que existe una firme decisión de todos para encarar y solucionar integralmente el problema, se experimentará una mejoría inmediata y dejaremos de vivir con miedo. Es urgente comenzar la tarea y lograr los consensos necesarios sobre este tema, que trasciende el interés de cualquier gobierno, sector o partido.

El cambio deberá consistir en la existencia de una educación preventiva de conductas delictivas, en que se facilite por medio de una política económica el derecho a una mejor calidad de vida y un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, en la que exista un acompañamiento constante de las obligaciones de los padres para con sus hijos; es decir prevenir, conocer y atacar los factores que influyen en la conducta delictiva que es considerada un riesgo para la sociedad.

La conformación de alianzas estratégicas entre los actores corresponsables de un trabajo conjunto implicará una mayor integración operativa orientada preferentemente al desarrollo de capacidades conjuntas; asimismo, compartir aquellas capacidades que se hallan heterogéneamente distribuidas en la sociedad. Las alianzas estratégicas constituyen una manera de compartir fines y esfuerzos para el logro del objetivo común; esto es, asumir procesos formativos de los sectores en desarrollo, vulnerables a la influencia del delito o sujetos a un estado de incertidumbre. Se pueden interpretar como opciones para el desarrollo para ganar en conocimiento y en operatividad. Se incrementan las posibilidades de aprendizaje y, por tanto, de mejorar estrategias y recursos.

La primera regla que gobierna la dinámica en la formación de alianzas es la de observar al líder. Los agentes que se posicionan de manera similar frente a cambios en el entorno ganan en concentración de esfuerzos y en el acceso a capacidades y recursos que, en forma aislada, se reducirían.

La construcción de una nueva matriz social exige el cambio en las actitudes, valores y competencias sociales de los actores. De lo que se trata es de construir una nueva institucionalidad democrática a partir de una revitalización de nuestra vida cívica y del significado de la ciudadanía. Es la ciudadanía activa cooperando con el gobierno la que puede impulsar las reformas que son tan necesarias para nuestro desarrollo democrático, reformas todas que implicarán cambios en las relaciones sociales con el poder y, ciertamente, la transformación de nuestra concepción acerca del compromiso y la participación.

La premisa es hacernos cargo del concepto del respeto a las normas vigentes, tanto a las más encumbradas - empezando, por supuesto, por las que están contenidas en la Constitución - como a las más pequeñas, esas que rigen nuestra cotidianeidad y que resultan las más importantes, porque son las que van nutriendo desde la raíz, el espíritu y la cohesión moral de una comunidad.

El acatamiento a reglas de conducta claras, estables y por todos conocidas es la sustancia con la cual se va tejiendo la trama de la paz social, de la consideración por los derechos del prójimo y, en definitiva del orden público.

Existen siempre, en el devenir de las sociedades, elementos de estricta decisión personal y comunitaria, atribuibles a la libre voluntad de los ciudadanos. Y en el desenvolvimiento de las culturas, toda decisión es medular. Así, toda construcción política es una forma de arquitectura cultural, producto también de voluntades y decisiones. Si no se participa con inteligencia y responsabilidad, queda manifiesta una suerte de "complicidad" por parte de amplios sectores de la sociedad que han renunciado, no solamente a sus deberes, sino también a sus derechos.

La virtud de la política es la prudencia y el liderazgo en la gestión requiere de moral, capacidad de pensar en el largo plazo y voluntad de encarar problemas de fondo que afectan al país, así como capacidad de superar la mera «gestión de conflicto», comprensión del conjunto del sistema social.

Y es precisamente en este sentido, que la violencia delictiva y la exclusión social deben convertirse, en tanto manifestaciones diferentes de la misma falta de reconocimiento hacia el valor de la persona humana, en objeto de urgentes, y simultáneas políticas de Estado. Dado que la justificación última de la asociación política es la protección efectiva de la igual dignidad de cada uno de sus integrantes, la desvinculación de ambas demandas sería una muestra de absoluta ceguera frente al compromiso social. O, peor aún, sería justificar la fractura y la polarización que evidencian la fragmentación del tejido social en tanto efecto inevitable de un mundo globalizado o posmoderno.

El componente estratégico psicosocial es determinante y primordial, para encarar, a partir de su consideración y elaboración de políticas apropiadas, la solución del problema de la inseguridad, dejando la seguridad propiamente dicha a aquellas instituciones o áreas competentes involucradas y responsables directamente de dar solución a los efectos de la violencia y/o el delito. Los Sistemas de Seguridad, per se, no garantizan y por lo tanto no alcanzan, para dar una solución adecuada al problema de la inseguridad, ya sea desalentando las amenazas o reduciendo las mismas a niveles aceptables.

Crisis de la autoridad

Los conceptos de poder y autoridad -tal como eran conocidos- se encuentran hoy, en el mejor de los casos, sometidos a cuestionamiento, cuando no, directamente negados. Esta situación se constituye en un factor que, asociado directa o indirectamente con otros, colabora con el cuadro de deterioro social e institucional. Pareciera que el incremento de la indefensión, la violencia, la criminalidad y la impunidad son proporcionales al deterioro de las instituciones, a la ausencia de legislación, al colapso del sistema policial y judicial.

Toda sociedad, conjunto organizado de individuos, debe someterse a reglas de convivencia elementales de tal forma que el transcurrir de la vida satisfaga las aspiraciones y necesidades tanto individuales cuanto colectivas. Este ámbito demanda, entonces, la sujeción a normas, costumbres, que deben imponerse para la realización de los fines que se resumen en el denominado "bien común", como categoría anterior al "bienestar general" consagrado en las Leyes Fundamentales (Constituciones) sobre los que se fundamentan los Estados de Derecho.

Obviamente, la existencia de reglas, normas, leyes, disposiciones, supone una autoridad que las impone y vela por el mantenimiento de su vigencia, llegando al uso de la fuerza - monopolizada por los Estados - para asegurar su invulnerabilidad en casos extremos.

Desde un punto de vista abstracto la "autoridad" implica la existencia de un Poder, otorgado y sustentado en las leyes, con los límites que tales leyes, la justicia, la lógica y la ciencia le marcan, sin omitir también a la ética y las buenas costumbres. Como toda creación racionalmente orientada hacia el equilibrio social, apunta a un Orden, que significa el reconocimiento y acatamiento de las normas y la autoridad que vela por ellas.

Esta sucesión-conjunción de hechos, a los que se suma de manera concomitante la regular o mala calidad institucional, particularmente en los países subdesarrollados, cuyas elites gobernantes distan de cumplir el rol que la democracia les impone, que supone compromiso, responsabilidad, solvencia administrativa y transparencia en el manejo de los fondos, como también en sus conductas, surge, de la confluencia entre ambas, la convicción que una autoridad no ejercida de manera solvente se transforma en una autoridad cuestionable y cuestionada, por no cumplir con lo que significa la razón de su existencia, víctima de sus propios yerros, omisiones, carencia de respuestas y paupérrima imagen, como consecuencias lógicas e inevitables. La erosión y el descrédito de toda forma de autoridad resulta un elemento potenciador de la delincuencia, ya que también se ha instalado en la sociedad la desconfianza en sus autoridades.

Es así que se ha entrado en el siglo XXI, con altas tasas en la comisión de ilícitos, potenciados por la droga, y la liviandad de las leyes penales, dentro del contexto de Estados-Nación devaluados, con sistemas judiciales débiles, colapsando toda capacidad de prevención-represión, superada por la magnitud y expansión de viejas y nuevas formas de delincuencia.

Expresiones delictuales del crimen organizado y las llamadas "nuevas amenazas" mantienen en jaque permanente a la comunidad internacional, sin que se haya logrado un "umbral" cuali-cuantitativo mínimo que indique que se ha logrado disminuir las tendencias e indicadores que muestran, en todas las figuras ilícitas, un incremento que asoma como "imparable". Narcotráfico y Terrorismo o sencillamente Narcoterrorismo son la más concluyente y demostrativa expresión de lo que se plantea.

La trama social genera un mecanismo doble de contención ya que, por un lado lo alberga y lo hace sentir protegido y, por el otro, pauta las conductas. Si el entramado se debilita, se pierde la cultura del respeto a la ley. Desde la violación de las normas de tránsito, la violencia en eventos deportivos y en espectáculos públicos en general, la indiferencia frente al débil o más vulnerable son indicadores de esta progresiva pérdida de fuerza de la trama social. Y, en forma proporcional, este debilitamiento puesto de manifiesto en estas conductas transgresoras o indiferentes se encaminan hacia violaciones de gravedad cada vez mayor. Colabora en esta situación, la falta de reprobación y castigo, no solamente desde el sistema de seguridad sino, desde la sociedad misma y sus instituciones, por ejemplo, la familia, la escuela y los medios de comunicación social.

La Historia indica que la Humanidad entiende y asume que paz, orden y equilibrio social, resultan presupuestos indispensables para el desarrollo y evolución permanentes, en forma de proyecto compartido.

El análisis de la seguridad pública impone una previa definición metodológica.

Para fijar estrategias y establecer tácticas hace falta determinar con claridad el ámbito donde se opera, el “teatro de operaciones”. No cabe duda que, al influjo de los legítimos requerimientos de la población, se va gestando una línea argumental y un accionar preñado de pragmatismo, que sólo apunta a las consecuencias sin reparar en la existencia de una verdadera cadena causal que concluye en el delito. Tanto la justicia, como la policía y el servicio penitenciario actúan sobre los efectos y no sobre las causas que generan el delito.

Estas causas deben ser estudiadas, analizadas y definidas multisectorialmente describiendo la situación estratégica general y el marco teórico que explora y define el problema, como hemos tratado de establecer hasta acá, y que permite argumentar el plan estratégico esquemático propuesto a continuación, a partir de medidas concretas tendientes a la solución del conflicto. De dicho plan, derivarán otros de carácter táctico y técnicos concurrentes, paralelos y simultáneos al logro de los objetivos fijados.

Plan Estratégico (esquemático – ideas fuerza)

1. Declarar Estado de Emergencia de Seguridad Nacional

2. Crear un Comando Conjunto de Seguridad (existe el CONASE, pero es otra cosa)

3. Resolver la jurisdicción de la Policía Federal (pasa al ámbito de la CABA. Los juzgados federales en las provincias serán auxiliados por otras fuerzas federales como la Gendarmería y Prefectura.

4. Modificación de las leyes de Seguridad Interior y Defensa Nacional

5. Recrear la Policía de la Provincia de Bs As (Jefe de Policía, disolver las departamentales, volver a las brigadas de investigaciones, potenciar cuerpos de combate – guardia de infantería y cuerpos de policía montada)

6. Restablecer códigos de justicia militar y policial (penas más severas para reprimir a integrantes de las fuerzas que cometan faltas y/o delitos).

7. Recomponer los servicios de inteligencia (conformar la comunidad de inteligencia)

8. Los fiscales dejan de conducir las investigaciones policiales, salvo en las etapas jurídicas correspondientes.

9. Reincorporación selectiva de cuadros idóneos (especialmente los desmovilizados o retirados injustamente por la reforma Arslanian y otros) – Movilización policial.

10. Reinstalar los “Edictos” y los Códigos Contravencionales

11. Revisar el Sistema Carcelario, estableciendo categorías

12. Modificar la Ley Federal de Educación y las curriculas escolares y universitarias (desechar el “constructivismo” de Piaget, Horckheimer, Foucault, y “la pedagogía del oprimido” de Paulo Freire, etc., y “aggiornar” la educación clásica manteniendo los principios y reglas axiológicas que permitan materializar “una educación social para la vida comunitaria y ciudadana)

13. Reformular la política de Medios de Comunicación: redimensionar en cuanto a facultades y poder de control al COMFER (multas y otro tipo de sanciones adecuadas a las infracciones a la ley federal de radiodifusión)

14. Crear policías urbanas con la misión de “ordenar y encausar a la sociedad en usos, normas y costumbres” que contribuyan a mejorar la calidad de vida ciudadana y la convivencia social.

15. Desarrollar políticas para prevenir la delincuencia juvenil (inversión a mediano y largo plazo) – Ver anexo 1

Estas medidas o ideas fuerza u otras relacionadas deberán ser desarrolladas, confrontadas, comparadas, articuladas, coordinadas y materializadas en planes y programas específicos y operativos por cada componente del poder nacional y aprobados y conducidos desde el más alto nivel de decisión político.

ANEXO 1 - POLÍTICAS PARA PREVENIR LA DELINCUENCIA JUVENIL (síntesis del trabajo del Dr. Carlos Mari)

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO:

Prevención Social Inespecífica:

- Políticas Sociales sectoriales

- Políticas Sociales de Salud (Atención primaria de la salud)

- Políticas Sociales de Vivienda

- Políticas Sociales Educativas

- Políticas Sociales de Trabajo

El Menor Víctima:

- Políticas de planificación familiar

- Políticas de Atención integral de la familia en crisis a efectos de que se constituya en soporte de contención del menor en riesgo.

- Políticas de promoción y fomento de las asociaciones comunitarias para dar contención de los menores en riesgo.

- Políticas de detección temprana de menores en situación de riesgo

- Políticas de constitución de gabinetes interdisciplinarios de abordaje y tratamiento de la problemática.

- Políticas de educación sexual; para evitar el embarazo adolescente, que según la UNICEF, se debe a la falta de información sobre sexualidad y cuidado del cuerpo y la dificultad de acceso a los métodos de prevención. Ya que –lamentablemente- muchas veces estos embarazos terminan en “abortos clandestinos”, y los mismos en metritis sépticas.

- Políticas de reformulación Institucional de los alojamientos Estatales de los menores tutelados, promoviendo la menor derivación a estos Institutos. Reingeniería edilicia, para adaptarlos a criterios sanitarios y preventores.

- Políticas tendientes a propiciar la constitución de los “Consejos Municipales de Protección del Menor y el Joven” (Ley 12.607).

Menores victimarios: Se debe tener presente que toda legislación penal infantil debe respetar algunas premisas fundamentales: El proceso tiene una función pedagógica porque debe concientizar al menor de edad y a su contexto social sobre las razones de la desviación, las características personales y ambientales en donde el acto de relevancia penal ha sido cometido, el sentido de la regla y los derechos. El objetivo es lograr que el menor de edad se responsabilice y, también, conseguir su recuperación social a través de su colaboración y no necesariamente por el castigo. Uno de los aspectos fundamentales de la función pedagógica es el deber, sobre todo del juez, de informar al menor de edad acerca del sentido de todas las actividades procesales que se desarrollan; en fin, el proceso debe ser hecho para el joven, y no puede ser hecho sin él.

- Diagnostico diferencial del caso en el marco de la Doctrina de la Protección Integral. Esto se aplica:

a) Característica psico-sociales del joven en conflicto con la ley.

b) Indicadores de vulnerabilidad que lo comprometen.

c) Configuración de la red social existente.

- Determinación de la responsabilidad penal.

- Duración de la medida a aplicar.

- Conformidad del actor para el desarrollo de medidas alternativas a la privación de la libertad.

- Privación de la libertad.

¿Cuándo y cómo se aplica?

a) Según la gravedad del delito y el daño a las personas

b) Cuando no se observa una actitud reparatoria del joven

c) Cuando no existen redes sociales primarias y secudarias

Que contribuyan al sostenimiento de la potencial situaciónAmbulatoria.

d) Cuando las condiciones psico-sociales del caso (diagnóstico)

la hicieran aconsejable inicialmente.

Consigna fundamental: La aplicación de esta medida debe pretender el logro de las correcciones psico-sociales detectadas, promoviendo la reconstrucción de las redes necesarias para regular su duración y propender a la aplicación de nuevas estrategias de reinserción social.

- Alternativas a la privación de la libertad: Todas con conformidad de la víctima

1) Libertad Asistida

2) Semi-libertad

3) Reparación del daño

4) Prestación de servicios a la comunidad

5) Mediación Penal.

- Conformidad con los representantes legales.

- Coordinación y seguimiento interinstitucional.

- Información a la víctima del delito.

- Evaluaciones periódicas.