ACTO EN HOMENAJE Y DESAGRAVIO AL JUEZ JORGE QUIROGA EN TRIBUNALES

Ayer, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, en un acto realizado en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, que reunió alrededor de 600 personas, rindió homenaje y desagravió al ex Juez Jorge Quiroga, quien fuera asesinado por terroristas del ERP el 28 de abril de 1974.

El Dr. Quiroga se había desempeñado como Juez de la Cámara Federal en lo Penal, que tuvo competencia para los casos de terrorismo en todo el ámbito de la Nación. En su cometido fueron procesados y encarcelados más de 2.000 integrantes de los grupos subversivos, que luego recobraron la libertad gracias a la amnistía sancionada el día de la asunción del Dr. Cámpora.

El desagravio obedeció a que el 25 de junio pasado, el Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Dr. Gustavo Bruzzone, a cuya firma se agregó tan sólo la de un vocal integrante de ese tribunal y actuando a pedido del Secretario del sindicato de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, ordenó retirar de la puerta del edificio donde funciona la Cámara, la placa que recordaba y rendía homenaje a este hombre de la justicia, mediante la siguiente resolución: “…. teniendo en cuenta la solicitud originaria, las opiniones vertidas por los colegas, algunas de ellas informalmente, y los antecedentes del caso, considero que la placa debe ser retirada y así habré de disponerlo para el día de la fecha, toda vez que los motivos que justificaron su colocación han cesado.”

En el acto usaron de la palabra el Dr. Alberto Solanet, presidente de la entidad, quien leyó una carta abierta dirigida al Presidente de la Suprema Corte, Dr. Lorenzetti, cuyo texto se adjunta, y el Dr. Gerardo Palacios Hardy, vicepresidente de la entidad, quien se refirió a los motivos del desagravio y a la corrupción existente en la justicia.   

Buenos Aires, Julio 10 de 2012

Señor Presidente de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Dr. Ricardo Jorge Lorenzetti

Palacio de Justicia

Como en dos ocasiones anteriores desde nuestro  surgimiento como Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia nos dirigimos al señor Presidente del alto Tribunal para reclamar, precisamente,  por ambos bienes superiores: la justicia y la concordia. La justicia que se omite y la concordia que se rechaza, en buena parte, por obra de la Corte que usted preside.

El poder Judicial, ha perdido los dos pilares fundamentales para su recta actuación: autoridad e independencia. Ambos aspectos, están unidos, ya que la autoridad de los jueces se funda, a su vez, en la independencia, con la cual pueden juzgar y concretar así el derecho en los conflictos, acerca de lo suyo de cada uno. La independencia del juez, junto con la objetividad y generalidad  de la ley, sostienen la libertad del ciudadano. Pero la ley ha perdido objetividad y generalidad y ya no es fuente del derecho.  Las leyes, hoy traducen la presión de  los intereses, especialmente asociados a la fantasía ideológica del grupo gobernante, a la que usted se ha encolumnado decididamente y es copartícipe fervoroso de la reforma del Código Civil. En su texto se plasmará ese conjunto de leyes que apuntan a destruir los fundamentos de nuestra organización social tradicional, como el matrimonio entre homosexuales, la llamada “ley de género” que permite cambiar el sexo mediante sofisticadas  operaciones, o tan solo mutando el documento. También se admite la más libérrima experimentación en los laboratorios donde se permite hacer lo que le venga en gana al científico, respecto de los embriones humanos, ya que para la ley no son personas sino cosas. La identidad de las personas, como derecho fundamental será un hecho del pasado, en el futuro, la ley argentina reconocerá como única nota distintiva de la persona  que se trata de un mamífero.

Señor Presidente, su funcionalidad a la ideología “progresista”   del grupo gobernante, lo llevó a apostatar  del principio básico que inhibe al Poder Judicial de ejercer la facultad de legislar, cuando, en forma unánime, el alto Tribunal, dictó una sentencia aberrante en la que virtualmente despenalizó el aborto en la Argentina, alzándose contra toda la normativa vigente, que ampara la vida inocente desde la concepción.. Con el proyecto  de reforma de nuestro Código Civil, del que usted y otros juristas son autores, se consolidará todo este esperpento que hace tabla rasa con el orden natural y es violatorio de la Constitución y los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño.    

Presenciamos la exacerbación de los fenómenos entrelazados de la judicialización de la política y de politización de la justicia. El Poder Judicial no puede considerarse “independiente” cuando el nombramiento, la promoción, el monitoreo disciplinario de su ejercicio y la destitución de sus miembros  depende, en  buena parte, de las otra ramas del Estado. Es lo que ocurre con el Consejo de la Magistratura en su actual conformación en cuanto a número de miembros y alcance sus comisiones. Predomina el componente político, en el cual oficialismo y oposición suelen coincidir en criterio, mucho más de lo que aparentan. Ello sirve, de una parte, para asegurar la impunidad de los jueces dóciles y la persecución y asedio de los que no resultan sumisos. Y aún los dóciles, como se sabe, por las dudas, acostumbran conservar en sus gavetas como “rehenes” algunos expedientes referidos a personajones de renombre.

Una de las principales misiones que le adjudicó el gobierno Kischnerista al alto Tribunal que usted preside, fue demoler el proceso de composición política de las profundas heridas que dejara la guerra de los años setenta. En un camino vacilante, que no estuvo exento de críticas, se habían dictado las leyes de “Punto Final” y de “Obediencia Debida”, que fueron declaradas constitucionales y equiparadas a leyes de amnistía por la Corte y los indultos posteriores que involucraron tanto a guerrilleros como  a militares y fuerzas de seguridad, que también fueron declarados constitucionales. Lo cual, de un modo imperfecto, fueron las bases propicias para recomenzar la amistad política.

Luego esta Corte, en cumplimiento sumiso de aquella misión, arrasó con su propias decisiones mediante los fallos “ Lariz Iriondo, Simón y Mazzeo” y se llevó por delante las claves de bóveda de las garantías constitucionales: principio de legalidad, con la exigencia de ley previa y escrita, irretroactividad de la ley penal, ultraactividad de la ley más benigna, prescripción como integrante del principio de ley penal, cosa juzgada  revocada en la misma causa donde se había declarado la constitucionalidad, etc. A partir de ello se produjo una verdadera sustitución del derecho por la llamada “Política de Derechos Humanos” que usted no deja de repetir que es “la política de estado”, y no deja de ser una entelequia viscosa bajo cuyo amparo se suprimieron los derechos y garantías constitucionales para los imputados de delitos  denominados de “lesa humanidad”.

Esa política ha servido para discriminar entre réprobos y elegidos. Los réprobos no son únicamente los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que combatieron contra el terrorismo marxista, sino cualquier ciudadano a designio de la tiranía. Como lo venimos repitiendo, ante la violación del principio de legalidad, todos los ciudadanos estamos en libertad condicional

Esta derogación de los pilares del debido proceso penal, del proceso justo, que han realizado los ministros de la Corte, ha servido para que los jueces inferiores cometan toda clase de atropellos contra los presos políticos, manteniendo prisiones preventivas de duración indefinida como pena anticipada ; procesos que se arrastran mas allá de todo plazo razonable; denegando la prisión domiciliaria a quienes les corresponde por edad o por estar seriamente enfermos, sometiéndolos a penurias absolutamente innecesarias, para los cuales la cárcel se asemeja a las cámaras de la muerte. Ya han muerto 150 presos políticos en cautiverio, y de todo ello les cabe responsabilidad a usted y a quienes lo acompañaron en sus injustísimos votos.

Señor Presidente, hoy nuestra Asociación quiere desagraviar la memoria del Juez Jorge Quiroga, vilmente asesinado por el terrorismo marxista.

 En un episodio que solo beneficia a la perduración del odio entre los argentinos, el Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sometido a la imposición de la dirigencia del Sindicato de Judiciales, ordenó el retiro de la placa recordatoria de quien fuera mártir de la justicia y la mandó arrumbar en un depósito penitenciario, con nota a la Corte que usted preside, para su debido conocimiento.

Quizás usted sostenga, doctor Lorenzetti, que quitando  la placa que recordaba el asesinato de un digno magistrado cuya falta fue cumplir con su deber, se daba cumplimiento a esa “política de estado” consistente en “reactivar el pasado”, esto es, el odio que al juez Quiroga le costó la vida. Resulta desgraciado, señor Presidente, que una “política” semejante pueda alentarse y sostenerse desde una instancia suprema de justicia.

Con el protagonismo de la Corte se ha tapiado la vía recorrida hacia la paz interior y se desentierra continuamente el hacha de guerra en expedientes judiciales. Con el protagonismo de la Corte se lleva adelante con prisa y sin pausa la revolución cultural que padecemos.

Seguiremos desde esta plaza, porque es nuestro deber de abogados, señalando a usted Sr. Presidente y a quienes lo acompañan en el Alto Tribunal, sus demasías y sus deberes conculcados.

Un día, Dios mediante, estamos seguros, doctor Lorenzetti, pese a todo, habremos de recuperar la justicia perdida y ha de ser devuelta la concordia a la vida ciudadana.  Hasta que ese día llegue, tenga por seguro que no habremos de callar.-

Saludamos al Señor Presidente con la consideración que merece su alta investidura.

              Mariano Gradin                  Alberto Solanet

                   Secretario                           Presidente