DR. JORGE B. LOBO ARAGÓN
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Por el Dr. Jorge B. Lobo Aragón
Que algunas inmoralidades se denuncien, se verifiquen, y que el Estado dé vuelta la cara como diciendo “nada tengo que ver con esto” es en la práctica, lo mismo que patrocinar, promover, apadrinar la inmoralidad, que queda expuesta ante la ciudadanía sin que nada la evite, la corrija ni, menos aún, la castigue.
Encontrar el modo de afianzar la moral, difundirla, prestigiarla, seguramente es difícil. Y aceptar, el mal es general, no lleva a la solución de nada. Podemos pensar que debiera principiarse por el delito, que tiene más fácil definición que la inmoralidad. Pero para luchar contra la delincuencia se precisa de una base moral. Entonces hay que comenzar por combatir la corrupción de la moral, acreditarla, esclarecerla, y recién estaremos en condiciones de encararnos con la delincuencia.
Una convención interamericana, aprobada por ley nacional, impone a los gobiernos su deber de adoptar las medidas para detectar, sancionar y erradicar la corrupción. No dice que se deba combatir el delito, pues cae de maduro que los países aceptan la obligación de poner en vigencia su legislación, y todos tienen sus códigos penales para que se cumplan, no para adorno de bibliotecas.
Se pretende que el Estado sólo ha de investigar y sancionar conductas desviadas, procedimientos antijurídicos, prácticas delictivas. Ni se la menciona a la moral. Creo, al contrario, que si hubiera denuncias contra el poder administrador debiera ser éste el que se apure a poner la uña para que baile el trompo, y no esperar que le acumulen pruebas de delitos y suficientemente graves para condenar, sino que él mismo, con las herramientas que tiene en la propia administración, averigüe, investigue y sancione, reprima, corrija y escarmiente toda inmoralidad. Y entonces, si de la investigación surgiese, además, la comisión de delitos, se dé intervención, por supuesto, a la justicia para que haga lo que deba hacer.
El Estado debe aceptar su deber de comportarse con moralidad, y no sólo el de no delinquir. Y si a un administrador se le hace el favor de avisarle que en su área se cometen anormalidades, él mismo, agradeciendo al denunciante, debe buscar soluciones, no establecer requisitos ni vías judiciales para la presentación de pruebas.
En distintas administraciones que fueron ejemplos de corrección, se cometieron deslices. Que los presidentes se supone no conocieron, a pesar de ser responsables de la administración del Estado. Pero que, de conocer, debieron haber corregido. Si ante las irregularidades el poder administrador va a esquivar el bulto, pretendiendo que sólo se han de corregir delitos verificados por el Poder Judicial, no las simples corrupciones, entonces, por supuesto, la inmoralidad ha de proliferar al amparo de esta protección oficial.
Por el Dr. Jorge B. Lobo Aragón
Carta a mi amigo el Dr. Francisco Bénard
Cuando don Diego de Villarroel fundaba la Ciudad y al mismo tiempo la provincia, puesto que la ciudad tendría un ámbito sobre el que se extendería la actividad de los ciudadanos. Fue explícito, claro. Fundó en nombre de la Santísima Trinidad; de la Virgen María, madre de Dios; de los santos apóstoles Pedro y pablo, príncipes de la Iglesia, con una especial mención al apóstol Santiago, “luz y espejo de las Españas”, referencia que está imponiéndonos una vocación de Patria; y muy especialmente el fundador nos ofrece el patronazgo “de el bien aventurado arcángel San Miguel”, capitán de las milicias celestes cuyo activa beligerancia con el demonio debe servirnos de ejemplo y guía.
Villarroel la llama a su ciudad San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión. Nos pone ante una promesa, que es la promesa de nosotros, los destinatarios y herederos de su obra. Nosotros nos prometemos a la tierra, fecundarla y fructificaría – es decir; amarla – sin exigirle que ella quede obligada a una compensación.
Hago este homenaje porque la ciudad, síntesis visible y concreta de la comunidad, merece tener en cuenta a hombres como mi amigo. Y porque nosotros necesitamos recordar los orígenes para entender nuestros compromisos actúales. Y para asumirlos con responsabilidad.
Lo primero que hace el fundador es crear el cabildo, para que la comunidad naciente tuviera su justicia, ya que es impensable una sociedad sin justas relaciones entre sus integrantes, Y les da a los alcaldes ordinarios “sendas varas de justicia con cruz, encima”. Nos está diciendo que lo primero es la justicia, y que la justicia lo ha de tener por encima a Dios. Y a nadie más que Dios.
Traza la plaza de la ciudad y en su centro hace plantar el poste de la justicia, palo y picota, la pena que se ha de aplicar a quienes transgredan las justas leyes. La sociedad tendría presente que había voluntad de cumplir las leyes, y que por lo tanto los delitos no quedarían impunes, y en consecuencia los honrados vecinos trabajarían en paz. Puede pensarse que aludir a la historia es ocuparse de cosas perdidas, de épocas que nada tienen que ver con la actualidad. Y nos damos con que no es así.
A través de la historia vuelve la voz de don Diego, el fundador, para recordarnos que puso como primacía y centro de nuestra comunidad a la justicia, justicia que ha de ser libre, que primero de todo sólo se ha de reconocer a Dios Nuestro Señor, y a nosotros, a los ciudadanos de su ciudad, nos da como patrón y guía al arcángel, que no es un arcángel cualquiera sino que es el campeón de la lucha por las causas justas.
Por el Dr. Jorge B. Lobo Aragón
El verbo "discriminar"... es nuevo... La academia lo incorpora a su diccionario de 1925 como regionalismo de la Argentina y Colombia, y recién después se integra al caudal de la lengua general. En su sentido más directo significa, separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. Vale decir que la discriminación es la facultad de la inteligencia humana; el que piensa discrimina; discriminar es propio de inteligentes. En cambio “discrimen” es término arcaico, proviene del latín y significa riesgo, peligro inmediato. Pero pareciera que el viejo discrimen le ha pasado su sentido malo, amenazador y expuesto, a la tan límpida, necesaria y útil discriminación. De tal modo que si se habla de discriminar, muchos entienden que es un pecado espantoso, una aberración una afrenta a los derechos humanos.
Si en un grupo de alumnos fueran unos ciegos y otros sordos, seria excelente discriminarlos, enseñándoles a unos música y a otros pintura. Lo contrario, empeñarse en que todos aprendan lo mismo – o que ninguno aprenda nada – no sería nada discriminatorio pero bastante estúpido.
Se condena la enseñanza de la religión con el simplísimo argumento de ser discriminatoria. Es claro que discrimina. Eso es lo que tiene de bueno. Discrimina por que da enseñanza a quienes la aceptan y a los chicos cuyos padres la rechazan no se les enseña. La naturaleza les ha dado a los padres la función de educar a los hijos. A ellos les corresponde la educación por derecho natural. El Estado también puede entremeterse, pero solo para suplir las fallas de los padres, su falta de tiempo o de condiciones y para fijar los contenidos mínimos de ciertas profesiones. LA IGLESIA ESTÁ OBLIGADA A INTERESARSE POR QUE EL SEÑOR AL FUNDARLA LE ORDENÓ: “...id y enseñad a todas la naciones...”. De allí que en los hechos fuera la organizadora de la enseñanza pública de los niños y a su sombra en la edad media surgieran las universidades.
Lo verdaderamente aberrado es que se pretenda conocer la historia y la cultura de este mundo ignorando la religión, que la ha nutrido de principios y que – defendida o atacada – ha estado en la raíz de conflictos, debates, polémicas, redenciones.
El 4 de mayo de 1946 el Cardenal Primado de Hungría, José Mindszenty, presentó un lúcido reclamo a fin de que se enseñe religión a los chicos. Los soviéticos empeñados en que la religión se ignorase, lo rechazaron. En aquellos tiempos los niños argentinos gozaban la libertad de aprenderla en las escuelas, los que quisieran. Los otros no. Luego no se discriminaría: que no la aprenda nadie ¡y listo ¡

Por el Dr. Jorge Lobo Aragón
La discriminación es necesaria. Sí, muchas veces no sólo necesaria sino también indispensable y buena, justa. Tengo que limpiar un jardín. ¿He de arrancar todas las plantas para tirarlas o he de discriminar cuáles son bellas y merecen quedar como adorno, y cuáles simples yuyos que tapan a las otras y acaparan las fuerzas del suelo? Si se tratara de un campo de cultivos, ¿no sería mi obligación discriminar el trigo, capaz de producir el pan para los hombres, de la cizaña que le disputa los nutrientes de la tierra? Si he de trabajar un bosque, ¿correspondería que lo tale indiscriminadamente, o que discrimine las plantas que ya han llegado a su pleno desarrollo?
Discriminar las cosas, unas de otras, es razonables, naturales, justas, necesaria. Y si es necesario discriminar tratándose de simples plantas, ¿no será también bueno discriminar en la justicia quiénes estarán en condiciones de desempeñarse como jueces? ¡Pues es claro que sí! y las leyes,atendiendo al sentido común, ya han dispuesto abundantes discriminaciones.
Primera: no cualquiera puede ser juez, necesita el título de abogado. Conocemos hombres inteligentísimos, sabios, honestos, justicieros, pero que no son abogados. La ley los discrimina: no pueden ser jueces. Y parece que la experiencia avala este criterio. Los que no sean abogados, ¡afuera!
El juego es una actividad lícita. No sólo es lícito sino promovido por el Estado, que encuentra en él una fuente de recursos. Todos podemos ir a la timba sin que la ley nos acuse por eso. El comercio no sólo es lícito sino benéfico, tanto que el Estado ha creado organismos para dirigirlo, difundirlo y fomentarlo. De modo que todos los ciudadanos tenemos derecho a ser comerciantes y timberos. Y sin embargo la ley orgánica de la justicia nacional establece (artículo 9°) que la magistratura judicial es incompatible con el ejercicio del comercio, y que a los jueces les está prohibido practicar juegos de azar. Es decir que la ley discrimina: hay actividades lícitas, que cualquiera puede ejercerlas, pero los jueces no.
Y está muy bien que así sea. El juez no puede ejercer actividades autorizadas a otros simplemente porque él es juez. Se procura que el juez sea íntegro, incorruptible, y -para afianzar esa integridad- que no pueda ser víctima de presiones. El comerciante, el jugador, tratan cuestiones de dinero con gente que puede pretender que “favor con favor se paga”. El juez no puede estar sujeto a esos peligros. Por eso la ley discrimina.
La ley no especifica si homosexuales, travestis y prostitutos pueden o no pueden ejercer la magistratura.Simplemente dice que a los jueces les está prohibido “ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo”. Que un juez sea filmado mientras fornica dentro de un prostíbulo rufianesco,¿no compromete la dignidad del cargo? No digamos que fornica sino que “hace el amor”, y al prostíbulo llamémosle “escuela”,¿no queda la libertad del juez más comprometido que la del que concurre a lugares destinados a juegos de azar o la del que compra y vende algunas baratijas?
Hay discriminaciones que son buenas y sabias. Los jueces no pueden dedicarse a actividades que son lícitas y permitidas a todos los demás. El juez está obligado a mantener su dignidad y su independencia de criterio, y lo que amenace a esos dos valores -dignidad e independencia- es motivo suficiente para que se lo discrimine del cargo.
Por último existen discriminaciones naturales que son insoslayables.
DR. JORGE B. LOBO ARAGON
jorgeloboaragon@gmail.
Por el Dr.Jorge B. Lobo Aragón
Generalmente las unimos, hacemos de la ética y de la moral una misma cosa, lo que está bien si con estas palabras sólo queremos señalar un comportamiento como el que se espera de alguien HONORABLE.
Conviene, sin embargo, distinguir qué es la ética y qué es la moral para analizar mejor sus alcances, sus implicancias.
ÉTICA Y MORAL
La Ética es una parte de la filosofía. Fundamental, puesto que trata de las obligaciones del hombre, de su conducta, acorde a la razón y con el objeto de convivir en una sociedad armónica, en la que todos puedan cumplir con sus deberes naturales. Hablamos de filosofía y comprendemos que nos adentramos en un terreno difícil, ámbito de la razón; de hecho, hay filósofos, grandes filósofos, de magnífica sabiduría y profundidad, que disienten entre sí, que no se ponen de acuerdo, un campo en el que unos niegan el andamiaje argumental construido por otros. ¿Puede pensarse, entonces, que la ética es inútil, ya que los filósofos no llegan a resultados rotundos, apodícticos, innegables, como los de las ciencias físicas y matemáticas? No es así, porque las discrepancias se refieren, por lo general, a aspectos de menor incidencia en la práctica, y todos los filósofos -todos los de la civilización occidental y cristiana- coinciden en lo fundamental sin dejar dudas en cuanto a las aplicaciones.
La Moral, en cambio, no es ciencia sino su ejercicio, el empleo de las buenas costumbres, de las prácticas de quienes son considerados virtuosos en una sociedad. Un ejemplo: la ética señala la virtud de la monogamia. El presidente Clinton, y el Italiano y muchos otros se ha apartado de esa virtud al tener relaciones que él llama impropias; correspondería llamarles inmorales, ya que transgreden los principios sustentados por la sociedad a la que pertenece. Lo mismo que hace Clinton, y otros, en otra sociedad, por ejemplo entre musulmanes que aceptan varios matrimonios simultáneos, hubiera sido bien visto, se hubiera considerado moral, de haberse realizado a la vista, sin ocultaciones. La moral musulmana lo hubiera aprobado (si no lo hacía a escondidas); LA ÉTICA LO RECHAZA.
LOS PRINCIPIOS DE LA ÉTICA SON OBLIGATORIOS PARA TODOS Y EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS.
Sí, es cierto que la ética condena el robo, y que el robo se justifica en determinadas circunstancias de hambre, de necesidad imperiosa; no se debe matar, aunque se pueda hacerlo en defensa propia, de la madre, de la mujer, del hijo, de la patria. Es muy malo mentir, y sin embargo el médico con toda tranquilidad le miente a un enfermo desahuciado para sostenerle el ánimo. Aunque, en general, las obligaciones sean para todos y en todas las circunstancias, los casos que justifican el abandono, la suspensión de la norma, han sido muy bien estudiados y puntillosamente expuestos por la teología moral.
HAY QUIENES ESTÁN MÁS COMPROMETIDOS
Sin embargo hay quienes, en razón de su oficio, están más comprometidos que los demás a cumplir las normas. Es el caso de los políticos, obligados a ser veraces, honestos, fieles cumplidores. Si pueden hacerse distingos entre las obligaciones morales de un político y las de un ciudadano común, es que el político está mucho más obligado que otros. El simple ciudadano tiene que atender sus problemas personales, en cambio el político atiende los asuntos de toda la sociedad; si uno cualquiera echa una mentirilla habrá, quizás, algunos pocos perjudicados; cuando el político miente es toda una comunidad la afectada; si un individuo roba, coimea, defrauda, se queda con un vuelto, aplica medidas en su propio provecho, dañará a sus patrones, sus subordinados, sus socios, en cambio los políticos pueden, con las artimañas que idean para quedarse con dineros ajenos, perjudicar el comercio, el desarrollo, el trabajo, el intercambio internacional de una comunidad entera. (Por supuesto que no voy a dar datos de los grandes daños sufridos por la nación a causa de las estafas de los políticos, porque no tengo pruebas, pero todos sabemos a qué me refiero).
Por eso el político debe ser juzgado con muchísima mayor severidad que los que se dedican a otras actividades. Está en boca de todos, el concepto de que nadie es culpable mientras el juez no lo condene. Está bien, así debe ser, pero sólo en materia criminal, cuando se acusa de delitos. Las inmoralidades, como la mentira, el engaño, el aprovechar la ignorancia, la buena fe o el descuido de los demás, no son delitos tipificados por el código, por lo tanto nunca un juez va a condenar esas faltas. Sostener que alguien es inocente porque la justicia no lo condene conduce a un error que desgraciadamente se generaliza: los inmorales, los que transgreden las normas de corrección, son culpables, muy culpables, nada más que la sociedad ha establecido penas para los que cometen delitos y no para los inmorales, ni menos para quienes apliquen preceptos de una ética ajena a la sana doctrina. Hay una razón más fuerte que los obliga con mayor rigor que a los demás prójimos, y es que la vida pública se suele tomar como ejemplo, como modelo de las conductas privadas. El que se siente inclinado a largarse por un mal camino puede razonar: ¿por qué no voy a hacer esto yo, si legisladores, gobernadores, presidentes, ministros, hacen cosas peores?
CONSECUENCIA DE LOS MALOS EJEMPLOS
Y más aún: si la moral se funda en las conductas que son bien vistas, aceptadas, valoradas por un medio social, ¿ese medio no se expone a que su moral decline, se corrompa, se pervierta, por culpa de los malos ejemplos que desde arriba dan los políticos indecorosos? El individuo de cualquier oficio que no siga los dictados de la ética, corre el riesgo de que a su alma se la lleve el diablo. El político que tenga una conducta igualmente mala, además de ser llevado por el diablo bien se merece la condena, la reprobación, el vituperio, la censura de toda la sociedad, por que sus faltas contra la ética afectan a la moral de su medio.
Se crean departamentos estatales con el objeto de vigilar la aplicación de las normas éticas en la vida pública. Por la naturaleza de la materia no debiéramos ilusionarnos en cuanto a sus resultados. La ética, por ser sabiduría, tiene su ámbito adecuado en universidades y academias. Los organismos burocráticos podrán, sí, ejercer alguna vigilancia sobre los aspectos en que las incorrecciones se extienden hasta el campo de la delincuencia. Y nada más. Las faltas que quedan al margen del delito, libres de la incumbencia de la justicia, eran condenadas por la religión; la sociedad moderna, que rechaza lo religioso como cartabón de lo bueno y de lo malo, tropieza, de entrada, en cuáles serán las normas que servirán para juzgar las conductas. Ha cundido el criterio de que sólo lo delictivo es condenable, así que se corre el peligro de considerar como aceptables todas las inmoralidades que no se hubiesen tipificado como delitos.
El pueblo desea una sociedad austera, decente, limpia, honesta. En la lucha por ella no debe declinar la vigilancia en órganos burocráticos que se muestren como vigilantes de la ética. Sería fatal. Lo único que podría dar resultados es que ese mismo pueblo vigile la moral de sus políticos y los condene con energía y severidad. Por los delitos, si los hubiere, sí, que intervengan los jueces y que actúen como sea su deber; pero por las inmoralidades, sobre las que la justicia no tiene jurisdicción, debe ser el pueblo, la opinión pública, la que se pronuncie cada vez que haga falta y con todo el rigor correspondiente.