El detenido ex subcomisario Luis Patti recusó al Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que debe juzgarlo por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, mientras espera que se defina un planteo de arresto domiciliario basado en cuestiones de salud.
El juicio oral tenía fecha de inicio prevista para el 30 de agosto próximo pero ahora habrá que resolver primero el planteo de recusación contra los miembros del Tribunal Marta Miloc, Héctor Sagretti y Lucila Larrandart, según informaron fuentes judiciales.
El equipo de abogados de Patti, entre ellos el ex juez de Casación Penal Alfredo Bisordi, argumentó que la juez Larrandart integró la Conadep.
A otro de los jueces, Sagretti, se lo acusó de supuesto "prejuzgamiento" porque ya intervino en otras causas por violaciones a derechos humanos con hechos coincidentes a los que ahora llevan a Patti al banquillo.
Los jueces ya rechazaron la recusación pero ahora el planteo deberá ser resuelto por otro tribunal antes de que quede confirmada la fecha de inicio del juicio.
Patti pidió arresto domiciliario al argumentar que sufre ceguera parcial por lo cual plantea salir del penal de Marcos Paz.
El ex subcomisario junto al ex presidente del Proceso Militar Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y Eduardo Espósito, y el ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini, serán juzgados por el secuestro y posterior desaparición del ex diputado del PJ Diego Muñiz Barreto, ocurrido en la zona de Ramallo y de los militantes Gastón Gonalvez, Carlos Souto, Juan José Fernández y Guillermo DAmico.
Muniz Barreto fue secuestrado el 16 de febrero de 1977 junto con su secretario, Juan José Fernández, y ambos fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre y finalmente alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en el interior de Campo de Mayo.
El cuerpo del ex diputado Muñiz Barreto fue encontrado luego dentro de un Fiat 128 en un arroyo cercano a localidad de Raíces Oeste, departamento de Villaguay, en Entre Ríos.
Patti está procesado por los delitos de "homicidio calificado", "privación ilegal de la libertad doblemente agravada y aplicación de tormentos".
La detención del ex intendente de Escobar se concretó en diciembre de 2007 por orden del entonces juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo.
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