Por Emilio Nazar Kasbo
En medio de una persecución
estatal a 70 banqueros corruptos en España, fueron denunciados tres sacerdotes.
Se trata de denuncias contra
banqueros que han llevado a la quiebra a sus entidades, que incluye a un
sacerdote “popular”, Miguel Castillejo,
canónigo penitenciario del cabildo catedralicio de Córdoba (España). Además, la
denuncia abarca a quienes le sucedieron en el cargo, los sacerdotes Juan Moreno Gutiérrez y Santiago Gómez Sierra.
Es importante destacar que no son
especificadas puntualmente las presuntas irregularidades que se les atribuyen
en el manejo de los fondos, y que la denuncia fue interpuesta porque los
sacerdotes se negaron “a una fusión con Unicaja”, lo cual suena más a una
extorsión que a una irregularidad.
Resulta grave que sacerdotes de
la Iglesia Católica no sepan administrar bienes que son de la Iglesia o de
feligreses, o que son propiedad de no católicos, con criterios surgidos del
Evangelio. Esto se extiende incluso al IOR, e implica que el Vaticano debe
empezar a revisar lo que se está haciendo en esta rama de la ciencia económica.
Es decir, quienes operan en los ámbitos
económicos eclesiales, parecen seguir criterios mundanos, los criterios del
dios “Mammon”, los criterios del judío “rico necio” de la parábola de
Jesucristo que acumuló bienes hasta sentir que jamás tendría que volver a
trabajar mientras esa misma noche debería presentarse a rendir cuentas ante
Dios.
Aparentemente, el éxito en el
juego del mercado calvinista liberal (que tiene resabios también judaicos), es
un motivo para designar administradores económicos en el Vaticano, sobre todo
desde el Vaticano II que pretendió ver “lo bueno” en lo mundano, según afirman
los neointérpretes del llamado “espíritu del Vaticano II”.
No tienen en cuenta que la Economía
y la Administración de los bienes no son parte de las matemáticas como pretenden
los liberales (que ha sido condenado por el Magisterio de la Iglesia), sino que
es parte de la moral y la ética; a su vez, la ética y la moral se encuentran
vinculadas en el plano natural con la Filosofía, y en el plano sobrenatural con
la Teología. Administradores, aunque sean sacerdotes, que no tengan en cuenta
esto, se prestan a “gitanear con gitanos”, a jugar un “juego” donde las reglas
están dadas de antemano por los dueños del capital mundial, que sabrán hacerles “las
mil y una”.
Lamentablemente, la Iglesia
Católica ha renunciado en la práctica al Orden Social Cristiano, incluso “ad
intra”.
A continuación, la nota periodística
Diario español República Constitucional
Publicado el martes 19/6/2012
Setenta banqueros españoles acusados de corrupción, entre ellos tres
sacerdotes
Los primeros banqueros españoles
que han quebrado sus entidades comienzan a pasar por el juzgado, aunque aún
quedan por dirimir las responsabilidades de la mayor parte de los gestores que
en la última década formaron parte de las cajas de ahorro quebradas que se
integraron en Bankia: Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa
Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia.
De momento, setenta de ellos ya
tienen una causa judicial sobre sus hombros. Según El Confidencial.com, ya se
ha presentado en Córdoba la primera denuncia contra el que fuera expresidente
ejecutivo de Cajasur durante casi tres décadas (1977-2005), el popular cura
Miguel Castillejo, cajero por su condición de canónigo penitenciario del
cabildo catedralicio, contra él y los que le sucedieron en el cargo, los
también sacerdotes Juan Moreno Gutiérrez y Santiago Gómez Sierra, y contra
quienes más resulten responsables, según el texto entregado a la Fiscalía
Provincial de Córdoba para su traslado a Anticorrupción.
La base de la denuncia tiene que
ver con las sanciones a Cajasur publicadas en el BOE el pasado 15 de junio, que
hacen referencia a las tres infracciones muy graves y una grave, impuestas por
el Banco de España por distintas irregularidades. Según la denuncia, estas
sanciones acabaron con la intervención de la entidad, rescatada en mayo de 2010
con dinero público (550 millones del FROB) tras negarse a una fusión con
Unicaja, ocasionando un gravísimo perjuicio económico y social, con despidos
traumáticos mientras algunos responsables cobraron blindajes elevadísimos.
De acuerdo con la memoria del
Banco de España correspondiente al ejercicio 2011 presentada la semana pasada,
el organismo supervisor destaca que abrió un expediente a esta caja y a 40
personas que habían ejercicio en ella cargos. El Banco de España sancionó a la
caja y a 38 de los 40 cargos de administración y dirección expedientados, por
considerarles “responsables de dicha situación”.
La denuncia presentada sucede en
el tiempo a otra ante la Audiencia Nacional por integrantes del 15-M contra los
consejos de administración de Bankia y de su matriz BFA, entre los que se
incluye su expresidente Rodrigo Rato, por falsedad de cuentas con motivo de la
salida a bolsa el pasado julio de 2011. Respecto a esta entidad, rescatada por
parte del Gobierno tras inyectar más de 23.000 millones de euros, la Audiencia
Nacional ha asumido la investigación del caso después de que un juzgado
admitiera a trámite una primera querella.
La Audiencia Nacional también va
a unificar las dos querellas que se han presentado hasta la fecha por la
quiebra del Banco de Valencia. De esta manera, la demanda cursada por el Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la de la asociación de
accionistas minoritarios serán tramitadas por el magistrado Santiago Pedraz, lo
cual supone aumentar el número de implicados.
La querella del FROB está
dirigida únicamente contra los administradores del Banco de Valencia, con
especial énfasis en el que fuera consejero delegado durante quince años,
Domingo Parra. A Parra se le acusa de haber beneficiado a determinadas personas
–la familia Calabuig- con las que compartía la propiedad de varias sociedades.
La de los accionistas
particulares va dirigida contra 27 personas, entre los que se encuentra el
expresidente de Banco de Valencia y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas;
Deloitte, la firma encargada de auditar las cuentas de la entidad y de alguna
filial sospechosa de cometer delitos –Aguas de Valencia- y el ejecutivo que
firma el informe, Miguel Monferrer, tanto del banco como de la empresa de
servicios.
A esas dos acciones legales se
unirá la acción social de responsabilidad que la junta de accionistas del
pasado 14 de mayo aprobó que se ejerza contra el expresidente José Luis Olivas
y Bancaja, contra el exconsejero delegado Domingo Parra y Bancaja Seguros,
contra Antonio Tirado y Valenciana de Inversiones Mobiliarias, y también contra
Aurelio Izquierdo, como exconsejero delegado y expresidente.
Aurelio Izquierdo, director
financiero de la entidad, ha renunciado a los derechos de prejubilación, que
ascienden a un importe de 6,3 millones de euros, pero pretende cobrar los
derechos sobre su pensión de jubilación, que suponen un total de 7,6 millones
de euros, informaron a Europa Press en fuentes de la entidad.
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