El líder de los camioneros y de la CGT y vicepresidente 1º del Consejo Nacional del Partido Justicialista, Hugo Moyano, intenta cobrar un nuevo peaje a cada transporte que ingrese al puerto de Buenos Aires para la construcción del Centro de Transporte Multimodal (CTM), a cargo de las terminales y la Federación de Camioneros, que busca organizar el ingreso, estacionamiento, tránsito y egreso de los camiones.
La obra, prevista desde hace 2 años, se realizará en un terreno cedido por la Administración General de Puertos (AGP), a quien las partes le pagarán un canon. A partir de ese acuerdo privado, se estableció que los transportes sólo podrán ingresar a las terminales si cuentan con un certificado de calidad –que tiene un valor de u$s 14 más IVA–, que verificará si el camión está en regla en materia laboral y previsional.
Pero ni los transportistas ni los importadores y exportadores están dispuestos a pagar ese costo. Unos, porque quieren evitar ser fiscalizados. Otros, porque consideran que no existe un marco legal por el cual deban pagar ese cargo.
El titular de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeac), Luis Morales, consideró que “el fin que se persigue de ordenar el tránsito es bueno”, pero se mostró contrario a pagar el canon. “Lo tienen que pagar los importadores o exportadores porque les sirve a ellos”, afirmó.
En este contexto, la Unión Industrial Argentina difundió el siguiente comunicado:
En un contexto de caída de la actividad industrial y una merma significativa en las exportaciones industriales, resulta fundamental evitar la sumatoria de medidas que atenten contra la cada vez más estrecha competitividad de nuestro sector. Máxime, en momentos que ante la crisis mundial y la caída del comercio global, todos los países con los cuales debemos competir están disminuyendo los costos de sus exportaciones para tornarse más competitivos.
En este sentido, la Unión Industrial Argentina está seriamente preocupada por las persistentes demoras en la percepción de los reintegros a las exportaciones y la devolución del IVA, en un marco donde es acuciante la falta de financiamiento. Vale destacar que el esfuerzo que realiza la industria adelantando el pago de derechos de exportación no se compatibiliza con la demora en los mencionados reintegros, ocasionando un significativo perjuicio, particularmente a las compañías que generan mayor valor agregado y puestos de trabajo.
Adicionalmente, resulta incomprensible la implementación del Centro de Transporte Multimodal (CTM), que busca imponer un cargo de US$ 14 + IVA a los contenedores que accedan a las terminales del Puerto de Buenos Aires, sin ninguna contraprestación y en un marco donde la Administración General de Puertos no ha aclarado cuál es la norma legal que haga exigible el mismo.
La imposición de este tipo de acciones atentan contra los constantes esfuerzos que realizan las industrias para mantener el nivel de actividad, sostener los niveles de empleo y mejorar su capacidad de acceso a los mercados internacionales.
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