por Manuel C. Giavedoni Pita
Ingeniero y Analista de Defensa
"En lo que se refiere a la milicia, deberíamos decir: no somos partidarios de la milicia burguesa, sino, únicamente, de una milicia proletaria. Por eso, "ni un céntimo, ni un hombre", no sólo para el ejército regular, sino, tampoco, para la milicia burguesa".
V. I. Lenin, El programa militar de la revolución proletaria, 1917.
La publicación del decreto 1.714/09, el 12 de noviembre último, aprobando el documento Directiva de política de defensa nacional , nos lleva a destacar que, simultáneamente, se ha cumplido con lo dispuesto en la normativa vigente para la defensa nacional y se reitera una lógica de pensamiento oficial ya habitual en esta temática. Debe enfatizarse en que esa directiva se ha desprendido de una elaboración de escenarios y que este aspecto lo consideramos vital para interpretar el contexto.
El documento posee una coherencia ideológica argumental, expresada a través de falacias como: "la existencia de una región sin conflictos, una subregión bajo el paraguas de la seguridad cooperativa, la inexistencia de una carrera armamentista, la existencia de un balance de poder, o que los países que más invierten lo hacen tan sólo para modernizar armamentos y equipos". Con sólo leer los diarios, cualquiera puede enterarse de que nuestra región está plagada de conflictos de todo tipo y, negando esta realidad, el gobierno justifica la actual inexistencia de inversiones e intenta justificar las nulas inversiones futuras, condenando a nuestro país a un estado de indefensión permanente.
La norma presente, plagada de prohibiciones respecto de la adopción de medidas organizacionales, doctrinarias, de equipamiento y de capacitación en las misiones cooperativas con las FF.SS. y FF.PP., subvierte claramente la letra y el espíritu de complementariedad contenido en las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. Al no integrar las capacidades de la defensa con las de las FF.SS. y FF.PP., reduce a su menor expresión las posibilidades operativas conjuntas en los teatros de operaciones.
La norma se manifiesta incoherente al señalar múltiples amenazas provenientes de los escenarios evaluados y luego disponer que las FF. AA. sólo deben preparase para enfrentar agresiones externas de fuerzas estatales, cuando esa situación es la de más baja, sino nula, probabilidad de ocurrencia en el mundo de nuestros días, plagado de terroristas, narcotraficantes, ejércitos privados y hasta piratas. Por otra parte, se obvia la existencia de un conflicto en pleno desarrollo, el de las islas Malvinas, en el que la presencia armada de una fuerte guarnición británica priva de hecho a la Argentina de la potencial utilización de gran parte de su Zona Económica Exclusiva.
El texto refleja un grado subyacente de amateurismo, indolencia, y, tal vez, hasta de negligencia en la función, al no mencionar o siquiera sugerir asignación presupuestaria alguna para alcanzar los fines planteados.
Por el contrario, la directiva sí incursiona en cuestiones totalmente ajenas al planeamiento de la defensa nacional, como las políticas de género, la violencia familiar o el respeto a los derechos humanos, cuando estas deben ser políticas permanentes de los gobiernos, aplicables a todos los órdenes de la vida nacional y no sólo a una política sectorial. Algunas de sus previsiones logran hasta el asombro: ¿Qué tiene que ver la "paternidad responsable" con el planeamiento de la defensa nacional?
También se ocupa la norma de detalles instrumentales menores, ajenos al nivel político, como la cantidad de años a servir en el Estado Mayor Conjunto y el tiempo de permanencia del personal en los destinos militares, ignorando que en algún tipo de unidades (navales y aéreas, principalmente), la permanencia prolongada no sólo resulta inconveniente, sino que es imposible, debido a la escasez de los medios y la necesidad de mantener el adiestramiento de la totalidad del personal. Nos resulta extraño, siguiendo este nivel de análisis, ver que no se haya también normado que, luego de un ejercicio de tiro, el personal "debe limpiar y lubricar los fusiles".
Se han malgastado energías y recursos en un documento sin sentido, elaborado por diletantes, en el que no hay ni una línea, mucho menos ideas, que hable de estructura de fuerzas, de equipamiento, o de proyección de poder.
Se menciona que se ha adoptado el criterio de planeamiento por capacidades: ¿Qué capacidades? ¿Las que ya se han perdido y no se van a recuperar? ¿Significa que va a continuar nuestra política antártica atendida con rompehielos y helicópteros rusos? ¿Que va a continuar la política de no asistir a los más importantes ejercicios de adiestramiento internacionales con el cuento chino de "que la solicitud de salida de tropas al exterior no llegó a tiempo al Congreso", cuando todos saben que no se concurre porque los equipos no funcionan y nuestro país sufre, además de la vergüenza de la imprevisión, las burlas de los países vecinos?
La defensa nacional no es una opción que el gobierno de turno puede adoptar o rechazar. Es una imposición constitucional ("proveer a la defensa común") relacionada con la preservación de los intereses vitales de la Nación.
La nueva administración nacional que asuma en 2011 deberá analizar cuidadosamente las posibles responsabilidades penales de los funcionarios políticos autores de este aparentemente interminable conjunto de desatinos que ha afectado a la defensa desde 2003.
En síntesis: Nuestro país dispone ahora de una formalidad legal y no de un documento liminar que guíe la defensa. Este expone crudamente un grado de ideologización rayano en lo criminal y condena a la Nación a la más absoluta indefensión por los próximos 20 años.
La Nueva Provincia - 10-Ene-10 - Opinión
http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/10/01/2010/a1a136.html
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