jueves, 13 de marzo de 2014
POSICIÓN DEL DIPUTADO PINEDO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE CODIGO PENAL
miércoles, 12 de junio de 2013
EL ASESINATO DE LA NIÑA ÁNGELES REVELA UN PAÍS PODRIDO
viernes, 28 de octubre de 2011
ORGANIZACIONES PROVIDA NO SE ACREDITARON A LAS AUDIENCIAS POR LEY DE ABORTO
miércoles, 26 de mayo de 2010
FEDERICO PINEDO… ¿OTRO KIRCHNERISTA BOROCOTIZADO?
En la foto: Federico Pinedo dijo que "Moreno se hace el malo y asusta pero es un tipo simpático".
El presidente del bloque de diputados por el PRO, Federico Pinedo, aseguró tener "un afecto personal" por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con quien se fundió en un abrazo durante una reunión mantenida en la Casa Rosada, y destacó que "se hace el malo y asusta a la gente, pero es un tipo bastante simpático".
"Es un reo simpático, lo digo con cariño, con afecto, y un cabezón: tratar de convencerlo a Moreno de algo es absolutamente imposible, no cambia de posición ni abajo del agua, es una cosa espantosa. Hemos discutido algunas veces, pero después me rindo", comentó Pinedo.
No obstante, sostuvo que "por supuesto" el secretario actúa por orden del ex presidente Néstor Kirchner: "Es el Estado sin ley, eso me parece deplorable. Yo creo que se ríen a la noche".
En declaraciones a radio Mitre, el legislador macrista consideró que "no creo que sirvan para nada las cosas que él hace. Sirven para el cortísimo plazo y destruyen el largo plazo. Esto de dirigir la vida de la sociedad por la fuerza es una cosa que no sirve para mucho, el apriete, la fuerza".
"Perón decía que no hay que conducir con la fuerza, sino con la persuasión. Esa parte le falta a Moreno: o persuade con al fuerza, un mecanismo de corto alcance", continuó.
Pinedo dijo que "es gracioso que sea noticia" su ampuloso abrazo con Moreno.
"Lo conozco hace muchos años a Moreno. No soy amigo, hemos tenido más de una discusión, pero le tengo como un afecto personal", explicó.
Según el diputado, "Moreno, primero, es un tipo bastante simpático. Se hace el malo y asusta a la gente, pero es un tipo bastante simpático".
jueves, 25 de febrero de 2010
APELARON EL FALLO QUE AUTORIZÓ EL GAYMONIO

En el día de ayer la Corporación de Abogados Católicos apeló la sentencia de la Dra. Elena Liberatori que autorizó el “matrimonio” entre Damián Bernath y Jorge Salazar Capón (Vid Notivida Nº 657).
Liberatori es la jueza que en noviembre pasado le ordenó a una obra social que le cubra la fertilización artificial a una pareja de lesbianas.
Los abogados católicos muestran en su presentación que la negativa a celebrar el matrimonio por parte del Registro Civil no es ni arbitraria, ni discriminatoria: el matrimonio es una institución de orden natural.
La sexualidad, afirman, está encauzada a la fecundación, y la diferenciación sexual a la complementariedad, encontrándose la misma orientada al servicio de la intercomunicación interpersonal, y de esa manera, a la perfección de los integrantes de la pareja.
La misma naturaleza impele a que se establezca una cierta sociedad entre el varón y la mujer, y en eso consiste el matrimonio.
Existe, pues, una abismal diferencia entre el matrimonio y la unión de dos personas del mismo sexo, quedando además en este último caso excluida la generación en forma natural.
De allí que las garantías legales ofrecidas al matrimonio no pueden aplicarse a las uniones entre personas del mismo sexo sin crear una falsa visión de la naturaleza del matrimonio, al que el Estado debe privilegiar, por cuanto tiende a continuar la especie, sirve para la procreación y da base a la familia, dicen los abogados católicos.
El macrimonio
Con espíritu malminorista los diputados macristas Federico Pinedo, Gabriela Michetti, Paula Bertol y Gladys González se apresuraron a elaborar un proyecto de Enlace Civil que permite la unión de personas del mismo sexo. La figura jurídica propuesta "otorga a los contrayentes un grado muy alto de libertad en las convenciones patrimoniales y en el derecho de sucesión” pero excluye la "patria potestad compartida". Según los diputados del PRO matrimonio y enlace civil son dos instituciones que “pueden y deben convivir”.
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NOTIVIDA, Año X, Nº 659, 25 de febrero de 2010
Editores: Lic. Mónica del Río y Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja
Página web: http://www.notivida.org
Email: notivida@notivida.com.ar
jueves, 14 de enero de 2010
EL GOBIERNO DENUNCIO A SARMIENTO Y A PINEDO POR ESTAFA PROCESAL
martes, 12 de enero de 2010
D'ELIA DENUNCIO UN "GOLPE BLANCO"
En la foto: Luis D'Elía en su democrático golpe contra un manifestante agropecuarioviernes, 16 de octubre de 2009
AGRO EN PROBLEMAS POR LA LEY DE ARRENDAMIENTOS RURALES QUE SERÍA TRATADA EN EL CONGRESO

El Congreso Nacional trataría próximamente la ley de arrendamientos. Esta Ley podría llevar a la quiebra a cientos de medianos establecimientos agrícolas en todo el país que se verían obligados a suspender o echar personal, debido a las grandes restricciones y trabas que plantea.
El proyecto cuenta con 94 artículos y fue impulsado inicialmente por el diputado Eduardo Macaluse (titular del bloque del SI-ARI autónomo) a partir de una propuesta elaborada por Federación Agraria Argentina (FAA). Las modificaciones realizadas al proyecto original produjeron que la FAA haya quitado su aval al mismo.
El proyecto modificado tiene fallas, como afirmar que es para defender la agricultura conservacionista mientras en uno de sus apartados se refiere a la posibilidad del pastoreo de rastrojos. Se establece además un máximo permitido para trabajar por cualquier arrendatario, ya sea persona física o jurídica, cuyo límite sería de 10 unidades económicas variables según la zona, y que pueden además ser cambiadas por la vía administrativa.
Medidas semejantes perjudicarán a los productores, beneficiando a los pooles que pueden hacer constar distintos nombres o firmas, permitiéndoles ampliar la superficie a trabajar y generando una competencia desleal.
El proyecto contempla además el papeleo burocrático. Por ejemplo, tanto el dueño del campo, como el arrendamiento, serían obligados a que tengan domicilio fiscal en la Provincia donde se encuentre el campo. Quienes por ejemplo están en zonas limítrofes provinciales y se cruzan para realizar labores, deberán constituir el domicilio fiscal en la provincia en que trabajan, debiendo además trasladarse a la localidad más cercana donde poder realizar la inscripción. Además, arrendador y arrendatario deberán inscribir el contrato en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, en el Registro de Contratos Agrarios (que será creado en el ámbito de la Sagpya) y en el Registro Inmobiliario respectivo.
El art. 5 quita garantías al propietario para el supuesto de la falta de pago de arriendos sin limitación en cuanto a las causas de la falta de pago, y el art. 10 prohíbe la fijación de un porcentaje adicional al alquiler de acuerdo a los rendimientos, eliminando una práctica muy común que hace que el propietario fije un alquiler menor, pero quede asociado si se da un rendimiento superior al habitual.
El art. 25 incluye las obligaciones que habitualmente se fijan a los arrendatarios, pero trae la novedad de obligar al arrendador a pagar el 50% de los gastos de combate de las plagas sin aclarar cuales y si existieran al principio del contrato. En el Título III dedicado a la aparcería se fija que los arrendatarios deberán contribuir con el 50% de los gastos que origine una “agricultura sostenible” sin aclarar de qué gastos se trata.
Los arts. 16 a 19 eliminan totalmente la actual modalidad de contratos accidentales por una cosecha, estableciendo a rajatabla un mínimo de 5 años, lapso que puede ser positivo para planes de preservación del suelo mediante rotaciones, pero que puede ser muy limitativo en un contexto de incertidumbre e inflación. Sólo podrán arrendarse por un año los referidos al pastaje de animales o la producción de semilleros.
“A partir de estas modificaciones será preferible mal explotar un establecimiento que efectuar un arrendamiento…, y ello traerá perjuicio y caída de la producción nacional. Reglamentando limitativamente los arrendamientos como hace este proyecto, se lo lleva al pequeño propietario a la disyuntiva de “vender” su tierra (con la consiguiente mayor concentración de la propiedad) antes que quedar sujeto a un contrato largo, con privilegios para el arrendatario, con limitaciones de contratación y precios incluidos” afirma Federico Pinedo en una crítica al proyecto modificado.
domingo, 11 de octubre de 2009
SOLICITAN INFORME SOBRE EL USO DE PREDIOS MILITARES ABANDONADOS
El Dr. Federico Pinedo presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el uso de la Ex Fábrica Militar José de la Quintana en la provincia de Córdoba, el día 5 de octubre de 2009 en la Cámara de Diputados de la Nación.
En el pedido, solicita al Poder Ejecutivo para que informe sobre las siguientes “cuestiones relacionadas con la Ex Fábrica Militar José de la Quintana.
“1) La condición jurídica en que se encuentra la Ex Fábrica Militar José de la Quintana
“2) La jurisdicción responsable del predio
“3) La existencia de actividades de naturaleza económica que se desarrollen en dicho predio
“4) En caso negativo a la pregunta anterior, se sirva informar quién está a cargo de su seguridad.
“5) Si se han registrado ingresos al predio de personas ajenas al mismo.
“6) En caso afirmativo a la pregunta anterior, en qué carácter y con qué objeto se han autorizado tales ingresos”
Se trata del Expediente 4827- D-2009, con trámite parlamentario 131. En los fundamentos del pedido manifiesta que “ha trascendido una versión sobre la presencia de civiles que utilizarían el predio de la ex Fábrica Militar José de la Quintana, ubicada en la localidad de Río Tercero, Provincia de Córdoba, para desarrollar actividades ajenas al mismo. A los efectos de aclarar la situación, solicito a mis pares la aprobación del presente pedido de informes.”
Tales actividades serían, según los trascendidos, actividades de entrenamiento paramilitar de piqueteros en las áreas militares que se encuentran casi abandonadas.
¿FALTAN ARMAS Y EXPLOSIVOS?
Debemos recordar como antecedente el pedido de informes al Poder Ejecutivo presentado en la Cámara de Diputados bajo el N° 1835-D-2004, por Caserío y otros, sobre la desaparición de explosivos en la Fábrica Militar de Azul.
Además, ya el 15 de octubre de 2003 se había denunciado la desaparición de armas militares en Santa Fe. Las autoridades del Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán señalaron que lo que falta era parte del material que se pudo salvar de la explosión de Río Tercero. El faltante era de casi 5 mil 700 cartuchos de propulsión para morteros de 81 milímetros.
En la causa intervino el juez federal número 4 de Rosario, Omar Digerónimo, por denuncia del teniente coronel Jorge Guido, quien era responsable de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán, situada a escasa distancia del Batallón de Arsenales 603. El militar, en declaraciones radiales –según consignó DyN en aquél entonces-, buscó tranquilizar los ánimos afirmando que “se le está dando demasiada envergadura”, mientras Guido aseguraba que “los cartuchos no pueden ser destinados para nada, el único uso es el militar”, e insistió declarando que "todos se deben quedar tranquilos porque no es que va a salir cualquier individuo a utilizar esto en contra de la población".
Según una noticia publicada el día 27 de julio de 2009 en el Diario El Día de La Plata, “la directora de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad bonaerense, María Alejandra Provítola, informó hoy que en la comisaría de Dock Sud, donde se detectó el faltante de armas y droga secuestrada, se halló un oficio judicial que indica que la marihuana incautada habría sido enviada a un tribunal federal”.
El diario La Nación informaba el 5 de abril de 2004: “el juzgado federal de Azul y la Policía Federal continúan la búsqueda de los 2820 kilos de explosivos que en enero desaparecieron de la Fábrica Militar de Azul (Fanazul)” En este caso, informaba el referido medio acerca del faltante, que se trataba de anfo, una combinación de nitrato de amonio y gasoil bajo el nombre comercial de Nago 280. “El nitrato de amonio no sólo se usó en la voladura de la mutual judía en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, sino también en los atentados contra un edificio estatal en Oklahoma (1995), la embajada de Estados Unidos en Nairobi (1998) y objetivos ingleses en Estambul (noviembre de 2003)”
El 11 de julio de 2009 se realizó una auditoría en Tucumán, y La Gaceta informó que en la unidad Norte faltaban 5 armas, pero luego se aclaró que habían desaparecido ocho armas: 5 pistolas ametralladoras PA3 calibre 9 mm, un fusil automático liviano FAL calibre 7,65, todos con sus cargadores, y dos escopetas calibre 12/70, una marca Valtro y otra Racedo.
Además, el Diario Hoy de La Plata publicó el día 3 de septiembre de 2005 que “el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías, Alberto Jorge Silvestrini, reveló que además de las 143 armas faltantes en los listados oficiales de la Suprema Corte bonaerense, también se detectaron 46 “sobrantes” de pistolas, revólveres y municiones”, y que “En sus manos hay pistolas automáticas y revólveres de grueso calibre, de uso civil y de guerra, que no responden a ninguna causa; y a ningún “dueño””. El robo de las armas se detectó a partir de un reclamo realizado por un Tribunal de Morón. En concreto, las armas fueron giradas a la Corte por los juzgados 5, 10 y 12 de Morón a los fines de su destrucción. El arsenal llegó “en cajas cerradas y quedaron bajo custodia del servicio de Seguridad”, detallaron las fuentes. En la UFIC figuran tres recibos de remitos de armas rubricados en 2002, 2003, 2004. El último fue en marzo de este año. Allí figuran 143 armas que desaparecieron del stock. En el mismo stock, hay otras 46 que no son de nadie.”
Finalmente, el Diario Clarín informaba el 12 de abril de 2004 que “hay más de 100 fábricas y 872 polvorines sin control”, y que “En la Argentina hay más de un centenar de fábricas de explosivos y casi 900 polvorines que nadie controla, en una situación que se viene arrastrando por años y que no cambió siquiera después de los ataques contra la Embajada de Israel y la AMIA, pese a la sospecha de que los explosivos que volaron la mutual judía en 1994 pudieron haber sido comprados en el país. Esta falta de control sobre la compraventa y circulación de explosivos y en consecuencia, la posibilidad de que material sensible pueda ser adquirido incluso con fines terroristas, fue admitida a Clarín por Juan Carlos Ramos, director del Registro Nacional de Armas (RENAR) del Ministerio de Defensa, organismo encargado de fiscalizar esta actividad.”


