La Fiscal a cargo de las acciones deducidas por el asesinato del Coronel Argentino del Valle Larrabure, ha resuelto hacer lugar al pedido de investigación de los familiares, patrocinados por el Dr. Vigo Leguizamón, y ha ordenado abrir la instrucción pertinente.
Las acciones apuntan a configurar dicho crimen como de lesa humanidad, basado en el hecho de haberse cometido por una organización armada (ERP), en el período en el que regía el Estado de Sitio decretado por un Gobierno Constitucional y Democrático.
El texto de la norma que ponía en vigencia esa medida, ampliado y prorrogado durante el año 1975, determinaba claramente que tal situación excepcional se adoptaba para asegurar la defensa del orden legal constituido frente al ataque que, bajo la identificación expresa de Plan Criminal, llevaban adelante grupos sediciosos y subversivos, en los que incluía entre otras autodenominadas Organizaciones Político-Militares, a aquella estructura.
Al resolver iniciar la instrucción, la Fiscal da por sentado que se acepta el encuadramiento del crimen como de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible. Para lo cual ha citado a declarar inicialmente en calidad de testigos, a Antonio Cafiero y a Carlos Ruckauf por un lado (responsables de la implantación de la medida durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón), y a los entonces miembros de organizaciones subversivas Miguel Bonasso, A. Caparrós y otros.
El avance de esta causa destraba también la Causa Viola en Tucumán, y activará la “Megacausa” de Montoneros que el Fiscal Federal General Dr. Romero Victorica mantiene abierta, exhibiendo en todas las acciones coincidentes un verdadero Plan Sistemático de Terrorismo Subversivo en la Argentina durante la década de 1970.
Por tales motivos, los miembros de aquellas estructuras que aun estén con vida, dentro y fuera del país, serán indagados y de comprobarse su participación en los hechos serán encarcelados por haber cometido crímenes de Lesa Humanidad.
Dado que han sido derogadas judicialmente todas las Amnistías, Indultos y toda otra Ley como la de Obediencia Debida y de Punto Final, las causas serán reabiertas contra los terroristas que fueron beneficiados.
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